¿Ganó Petro y perdió el Polo?

Eduardo León
Septiembre 2009

Así es ganó Petro y perdió el Polo en la consulta para candidato presidencial. El sector que apoyó a Gaviria, confiado en el aparato partidista no previó los retos y riesgos de una consulta abierta para elegir candidato presidencial. Petro y su combo sabían en qué escenario se movían y con quiénes contaban para remontar la derrota que recibieron en el II congreso del PDA. Su proyecto político de convergencia (ojalá no sea otra Convergencia Ciudadana) y la consulta inter partidista no pasaron su primera prueba en el II Congreso.

Para este sector el debate no concluyó allí, el II congreso les valió huevo. Cerraron filas y diseñaron una estrategia desde afuera y desde adentro para posicionar sus propuestas y lograr la victoria en la consulta, recurriendo a provocaciones, calificativos y estigmatizaciones contra el llamado, por este grupo y corifeado por los medios, "sector radical". No se puede descartar que sectores totalmente ajenos al Polo le hayan metido la mano a las urnas. Es obvio que los tránsfugas del PDA si lo hicieron, o si no pregúntenle a Lucho y su combo y a otros grupúsculos menos visibles pero igualmente interesados en romper el PDA.

Sin embargo, lo uno y lo otro era previsible en una “consulta abierta”, así que no es aquí únicamente dónde hay que buscar las razones fundamentales del triunfo del sector minoritario del Polo. La campaña de Gaviria estuvo deslucida, evasiva del debate, distante y con un mensaje tacaño al pueblo en aras de no ser señalada como funcional a la estrategia de combinación de todas las formas de lucha de la insurgencia. Un discurso tacaño en radicalismo social, tacaño en transformaciones profundas, tacaño en sueños de justicia y libertad, tacaño para perfilarse como alternativa.

Es preocupante el parecido entre el “estado de opinión” Uribista para hacerle el quite a las reglas de la democracia burguesa, y lo declarado por Petro sobre que “dirigir el partido hacia la convergencia es una orden de la sociedad”, tal vez embriagado por su triunfo en la consulta. ¿De verdad Petro cree usted que la sociedad está representada en su importante, pero pírrica votación?

Estamos acaso frente a otro ungido por el Power People llamado a ser el salvador de una izquierda estigmatizada como radical, obsoleta y anclada en los sesenta a la que guiará hacia la construcción de una “democracia moderna” en convergencia con tránsfugas, “ex Uribistas”, “post Uribistas” y oportunistas. De esa explosiva mescolanza polítiquera para construir una convergencia de la "oposición", nada prometedor se puede esperar como táctica política para un proyecto de izquierda. No hay duda que es la hora de construir una gran alianza popular y democrática no sólo para hacer oposición sino para plantearse como alternativa, cuyos cimientos están en las organizaciones sociales, en los procesos de convergencia popular como la Minga Social y Comunitaria, en los procesos organizativos de las víctimas de crímenes de estado, en los sectores académicos e intelectuales comprometidos con las causas populares, en el pueblo incrédulo de la derecha y escéptico con la izquierda.

Indudablemente el PDA enfrenta un momento político crucial, para sortearlo con el mínimo costo político coyuntural los acuerdos deben cumplirse: Petro debe ser el candidato unico del Polo para la primera vuelta y no hay lugar para convergencias que desdibujen al PDA como oposición de izquierda. Cualquier otro escenario transformará el actual debate en división.

Petro no puede seguir conspirando para revertir el mandato del Congreso del PDA; así cómo no acepta, ni aceptamos, que el supuesto “estado de opinión” invocado por el Uribismo como estadio superior de la democracia representativa, mande al cuarto de San Alejo a la CP del 91, tampoco Petro puede invocar la supuesta "orden de la sociedad" para que el mandato del II Congreso le haga compañia.

Petro debe respetar las reglas del juego del partido, salvo que parte de su estrategia consista en tensionar la cuerda hasta reventarla para luego abandonar el Polo, primero en la busqueda de una tal convergencia de la oposición que se cuida de ser señalada como antiuribista, para posteriormente terminar cogobernando con la derecha, desde posiciones modestas, porque aunque ha logrado disminuir la desconfianza de la élite, siempre lo mirará con desdén.

El mito Uribista: SD+CI=CS

Eduardo León
Septiembre 2009

A propósito del homenaje que por estos días brindan la Embajada de Francia, IFEA- Colombia y Perú, Alianza Francesa, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colombia y la Universidad Nacional a Claude Lévi-Strauss, Guillermo Páramo, rector de la Universidad Central, disertó sobre el concepto de estructura de éste antropólogo francés. Al público asistente, la mayoría estudiantes de antropología, nos planteó que los mitos y rituales, desde el pensamiento de Lévi-Strauss también son estructuras. Muy poderosas por cierto.

Si no le creen a Páramo o mejor a Lévi-Strauss por boca de Guillermo Páramo, pregúntenle a José Obdulio, Luis Carlos Restrepo, Andrés “uribito” Arias o a cualquiera de los acólitos de Uribe, si no quieren hacerlo directamente al mítico presidente para no contraer la “gripita” que lo aqueja por estos días, cómo se fabrican mitos, ritos, rituales y, más importante aún, fanáticos seguidores de los mismos. Aquí es dónde radica la gran fuerza del mito-estructura Uribista: Uribe ha sido deidificado por los medios, sus acólitos e infortunadamente por amplios sectores sociales que, producto de su extrema pobreza, lo consideran su mesías redentor, aunque no les ofrezca nada que mejore sustancialmente su precaria condición de vida y, por el contrario, los condene a la dependencia de programas asistencialistas indignos.

Siguiendo con la explicación del profesor Páramo, un carácter importante de la estructura es la abstracción que permite formalizar o generalizar, de tal manera, que la formalización se constituye en el gran poder de la estructura. Seguramente no habiendo estudiado a Lévi-Strauss, sino como producto de su “inteligencia superior” (¿será la de Uribe o la de alguién por encima de él? habrá que preguntarle a José Obdulio a quién se refería exactamente cuando se la atribuyó), el presidente Uribe se inventó el mito: SD+CI= CS. Advierto que, según Levi-Strauss, las matemáticas también constituyen una estructura y también son un ritual. Así que respaldado en este argumento, me permito resumir el mito Uribista en una fórmula matemática.

Despejando esta mítica ecuación la suma de seguridad democrática y confianza inversionista dan como resultado una sociedad colombiana feliz porque todos (algunos estamos excluidos) quedan cohesionados en torno al unanimismo del mito Uribista, merced a los cotidianos e interminables rituales en los consejos comunitarios, ruedas de prensa, instalación de eventos memorables y no memorables, discursos vasallos, diátribas camorreras contra los vecinos, y cuanta oportunidad tenga el presidente Uribe de repetirnos, sin piedad, la famosa "formulita" que ha convertido en mito. Y es que los mitos y los ritos adquieren fuerza y lo son, en tanto se repitan una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, como ese otro mito presidencial: trabajar, trabajar y trabajar, con el que ha convencido a mucha gente que no duerme por estar trabajando por el país.

Lévis-strauss dice que los mitos son interminables, ojalá en el caso del mito SD+CI=CS no suceda así. Para eternizarlo el presidente y sus acólitos tienen todas la vías “institucionales” perfectamente identificadas para lograr su reelección: reducción del censo electoral (podrían estar dudándolo porque en otras ocasiones, poner a votar a los muertos les ha dado resultado)para alcanzar el umbral que exige la Constitución, hacer coincidir varios referendos (en río revuelto ganancia de pescadores), someterlo a consideración el mismo día de las elecciones de cuerpos colegiados (utilizar la maquinaria) y, si es necesario,seguramente así será, aplicar otro mito: el Estado de Opinión, con el que pulverizarán la maltrecha CP del 91.

Los mitos uribistas a diferencia de los mitos fundacionales de la cosmogonía de los pueblos originales y ancestrales, no es más que el reino de lo inverosímil y la enajenación. Constituyen una poderosa estructura que logra enajenar e instrumentalizar("cohesionar" dirían sus seguidores) a buena parte de la sociedad colombiana, en favor de los intereses de una élite inescrupulosa que se enriquece más y más aprovechando la sumisión propia de una estupidez colectiva.

LA BOGOTÁ DE AYER Y DE HOY: RADICALMENTE DIFERENTES, SOSPECHOSAMENTE PARECIDAS


Eduardo León
Octubre 2008

La Bogotá colonial y semi feudal del siglo XIX y la Bogotá “moderna” del siglo XXI, distantes y distintas por efecto del tiempo, pero coincidentes en las lógicas excluyentes, otrora por razones de raza en el entendido de Alfred Hettner, hoy por motivos de clase. Rezago trágico de una revolución libertaria, pero no igualitaria. Razón tenía Humboldt que aunque reconocía que estos países estaban maduros para la independencia, difícilmente estarían preparados para erigir una ley. Arriesgando una interpretación de tal sentencia, diría que pensaba que la independencia no fortalecería una identidad de naciones y de pueblos.

Las prohibiciones y exclusiones que padecieron los criollos independentistas de parte de sus ascendientes europeos, fueron replicadas por éstos a las demás etnias diferentes a la suya. Al fin y al cabo los criollos no se identificaban tanto como americanos, sino más como europeos en este continente (¿expatriados?).
El movimiento independentista criollo terminó a la larga reproduciendo los mecanismos y esquemas de poder y dominación españoles(1), para asegurar la transferencia de los privilegios que detentaban los originarios de la madre patria, a la vez que ataban el país al atraso estructural.

Según Rubén Jaramillo Vélez el control oligopólico de los recursos económicos limitó las oportunidades de movilización social, situación que se mantiene en la actualidad. La concentración de recursos económicos, siguiendo a Jaramillo, en manos de la clase alta perpetuó un sistema social que desalentaba el interés por la actividad económica y en lo técnico. Los independentistas se apoderaron y usufructuaron lo que sus abuelos y padres conquistaron a sangre y fuego, exterminando culturalmente, cuando no físicamente, culturas milenarias aborígenes y desarraigando y condenando al destierro a miles de negros procedentes de antiquísimas culturas y etnias africanas.

Tal exterminio étnico- cultural no fue reivindicado/resarcido por la revolución de independencia contra la España colonial y feudal; por el contrario, se mantuvo y, en cierta forma, se profundizó bajo nuevas lógicas de exclusión y de dominación. Este proceso solapado bajo un discurso libertario y humanista, mantuvo los mismos mecanismos utilizados por los ibéricos para neutralizar cualquier levantamiento indígena: dominación y sometimiento de las clases bajas y alianza con las castas más altas de la estructura jerárquica de los aborígenes, dando al traste, de esta manera, con cualquier posibilidad de surgimiento de un movimiento emancipador nativo, difícilmente realizable sin la dirección de los caciques. Romper la estructura socio cultural y neutralizar/cooptar para someter fue importante en la estrategia de dominación y sometimiento española.

Cuando se intentó un levantamiento indígena, como en el caso peruano, criollos y españoles se aliaron para enfrentar lo que consideraban una revolución que atentaba contra los intereses de unos y otros. A los criollos les interesaba extender los privilegios de sus padres españoles, no permitir o coadyuvar una revolución popular que pusiera en riesgo su proyecto “emancipador”.

El objetivo principal de la revolución de independencia, según Fernando Martínez Guillén, fue capturar el poder político y la administración central pero como extensión de la estructura hacendaria, aún vigente en Colombia(2). De tal manera el partido político se convierte en una red de relaciones de dependencia cuyo fin último es el disfrute del prestigio social y el monopolio del presupuesto público para la clientela partidaria. Tal fenómeno se mantiene vigente en Bogotá y en el país, como heredad de los padres de la patria en su gesta “emancipadora”.

El concepto de pluri culturalidad y pluri etnicidad como tal no se dió, existían varias culturas y diversas etnias, pero no convivencia, menos identidad entre éstas como pueblos y nación. Esta realidad no permitiría que la gesta emancipadora fuera para todos, que realmente fuera una emancipación. Tal vez, a lo sumo, consistió en una separación, un rompimiento con la “madre patria” como retaliación por el no reconocimiento de sus hijos americanos, porque se los veía como los parientes pobres y de menor alcurnia. Los criollos odiaban y sentían nostalgia simultáneamente por lo europeo.

En ese contexto Bogotá, fue y sigue siendo el fiel reflejo de una independencia inacabada o incompleta, tanto en el siglo XIX, como en el siglo XX y en el joven siglo XXI. En muchos aspectos está presente el atavismo por lo eruropeo/español. En la Bogotá colonial no se hablaba aún de ordenamiento territorial, pero existió de facto y fue conscientemente instaurado. La fundación de la ciudad pronto evidenció una gran utilidad y funcionalidad territorial para los conquistadores españoles: se convirtió en un centro en el que se concentró el poder político y militar, tal vez sin una visión clara de futuro, pero funcional a las necesidades e intereses inmediatos de los invasores. Les ayudó, en tal propósito, la sumisión Muisca producto de la equivocación nacida de su cosmovisión que los llevó a creer, hasta que fue tarde, en la llegada de los hijos del sol y no de unos usurpadores.

El hecho de encontrar viviendo en el territorio Muisca de Bacatá a un millón de indígenas, debió servir a los españoles para intuir, en principio, y, luego corroborar, la importancia geoestratégica de este territorio. Seguramente no estaba en sus planes iníciales, pero bien pronto le encontraron viabilidad económica, política y militar. No podría asegurarse que se establecieron en el centro del país con una visión de futuro, es más los diferentes analistas coinciden en que los españoles llegaron al centro del país por el desconocimiento y la ignorancia de hallarse en un continente, pero para sus propósitos de obtener la tierra, la riqueza y la nobleza que jamás alcanzarían en su patria natal, tal equivocación les resultó funcional y procedieron a asentarse en nombre del rey y la santa madre iglesia católica.

La Bogotá de los Muiscas, de la colonia y aún de la naciente república, estaba aislada (desde el punto de vista de la modernidad) pero era autosuficiente gracias a su privilegiada posición geográfica. Aquí está implícito un concepto de territorio que no es el de hoy, pero que los españoles asimilaron bien. No necesitaron estar cerca de las costas para instaurar el poder colonial, porque estaban dadas todas las condiciones para replicar allí el sistema feudal imperante en España.

Si para entonces España hubiera estado, tan siquiera, transitando firmemente por los albores del capitalismo mercantil, Bogotá seguramente les habría resultado totalmente inútil económicamente. Pero para extender el modelo económico, social y político feudal del imperio colonial, su ubicación les resultó perfecta.

Era una Bogotá atrasada desde la óptica burguesa, pero no así desde la percepción de la nueva nobleza y de la corona española. Su aislamiento además la dejaba por fuera de cualquier intento de invasión por parte de los países europeos que competían y guerreaban con España. Se puede afirmar que a estos ni siquiera les interesaba. No era un territorio idóneo para las necesidades de expansión del capitalismo comercial.

Ese modelo centralista de facto, producto de un copamiento territorial expansionista, no necesariamente planificado, lo heredaríamos en todo el país. En tal realidad histórica podríamos encontrar la explicación de la fundación de ciudades importantes como Cali y Medellín, ubicadas en el centro de los territorios que administran política y económicamente, no obstante que estos se extienden hasta las costas pacífica y atlántica. El centralismo pondría así su sello al futuro ordenamiento territorial de Colombia que sumado al heredado sistema económico feudal de España, replicaría un modelo de ejercicio del poder político y económico alrededor de los castillos medievales, a la manera feudal española, a eso equivalía Bogotá, ni más ni menos.

El país transitará en adelante por un modelo de crecimiento del centro a la periferia, la tierra sería por muchos años (aún lo es) la fuente de riqueza y del poder económico y social. Ya decíamos que otro pudiera haber sido el concepto de territorio y desarrollo si los invasores hubieran provenido de los países capitalistas europeos, los grandes centros urbanos estarían en los sitios favorables para la expansión del comercio y en concordancia con el grado de desarrollo del transporte y las comunicaciones para la época.

América Latina y Colombia por cuenta del colonialismo español, en adelante, verían atado su futuro a la dependencia de modelos extranjeros. Así como en la época colonial la lógica territorial y económica de Colombia, respondía a las necesidades de expansión feudal de España, hoy obedece a la nueva división internacional del trabajo del capitalismo global y su necesidad de suministro de materias primas para la agroindustria mundial y de extracción de recursos no renovables, principalmente energéticos.

Desde el siglo XV hasta la segunda década del siglo XIX, Colombia y otros países de América Latina crecieron en función de la España colonialista y, por la debilidad de este país, al tiempo contribuyeron con la expansión de los países capitalistas, aquellos a los cuales fueron a terminar finalmente las riquezas expoliadas; hoy en similares condiciones de atraso económico y dependencia estructural, como en la época colonial, nuestros países están articulados al capitalismo neoliberal y global.

Nuestra Bogotá “moderna” continúa siendo funcional a los intereses económicos foráneos, ya no está aislada porque las nuevas lógicas de transporte y comunicación la conectaron con el mundo, convirtiéndola en un gran centro de consumo. Su ordenamiento territorial obedece a los requerimientos del capitalismo mundial. El actual Plan de Ordenamiento Territorial, tal como el ordenamiento territorial colonial de facto, es excluyente y funcional a las multinacionales y los países capitalistas dominantes. Los nuevos invasores, ya no montados sobre sus caballos y armados con la espada y la cruz, sino sobre su poderío económico avasallador, deciden el futuro de la ciudad tras bambalinas.

Bogotá está siendo pensada y adecuada como una ciudad comercial y prestadora de servicios educativos y de salud de alta calidad. Está convirtiéndose en una metrópoli que no admite/incluye a los pobres herederos del mestizaje colonial. Las zonas periféricas que estos heredaron de sus ancestros indígenas y mestizos , están siendo “recuperadas” para el desarrollo y el progreso. Son objeto de obras de urbanismo que las transformarán en un gran centro hotelero, turístico, comercial y prestador de servicios de salud y educación superior para nacionales y extranjeros. Una gran ciudad dentro de la ciudad, en donde el capital circule y se reproduzca eficientemente. A eso lo llaman ostentosamente plan maestro del centro de Bogotá, uno de los varios planes que contempla el mencionado Plan de Ordenamiento Territorial.

La exclusión e inequidad histórica no cede, la revolución modernizadora no es igualitaria, ni siquiera bajo los últimos gobiernos progresistas, como tampoco lo fue la revolución libertaria criolla. Tal como los indígenas fueron expulsados por los españoles hacía la periferia y sus hijos mestizos relegados a un segundo plano, los descendientes de aquellos y estos son lanzados hacia los extramuros de la ciudad, hacia el anonimato en medio del avance de la modernización(3).

La Bogotá colonial, aislada y atrasada se articuló perfectamente a las necesidades expansionistas feudales de España y de aseguramiento del poder colonial, la Bogotá moderna comunicada con el resto del mundo, se está articulando funcionalmente al capitalismo neoliberal, aunque el ex alcalde Enrique Peñaloza (1999) afirmaba demagógicamente que “Bogotá deberá hacerse nueva, construirse distinta. Ya es hora de no copiar modelos extranjeros sino proponer los nuestros para el resto del mundo...". Pura demagogia para encubrir la profundización de la dependencia económica.

El tiempo ha transformado radicalmente la estructura urbana de una ciudad que parecía que se iba a quedar estacionada en el tiempo, así pensaban algunos de los viajeros; en lo que si se quedó estática fue en la inequidad y la segregación social. Estas se han profundizado tanto como radicalmente ha crecido urbanísticamente la ciudad. El mapa del POT, por si mismo evidencia la división urbanística espacial o mejor social de la ciudad. Son varias ciudades dentro de una gran ciudad, en la que cada una cumple su papel y en la que se asegura una separación y segregación social(4) que garantice una supuesta convivencia.


En una investigación auspiciada por la Alcaldía de Bogotá sobre “Historia del espacio público de Bogotá” los investigadores se preguntaban ¿Qué significado tiene el espacio público para una ciudad? Y antes de precisar una respuesta, consideraban que: “es conveniente decir que la ciudad es un núcleo moderno de actividad política e industrial, de gestión financiera, comercio internacional, comunicaciones y es un inmenso centro comercial donde se ofrecen bienes producidos en todo el mundo para satisfacción de todas las necesidades. Confluencia de ideales que se manifiesta en ritmos cotidianos y representaciones simbólicas de la sociedad sobre el progreso, el avance tecnológico, la industrialización y el ideal de bienestar que la mayoría de los individuos recrean sobre la ciudad. En ella concurren variedad de culturas y ritmos cotidianos enmarcados en las costumbres y formas de vida de cada uno de los grupos sociales que alberga”.

Esta definición o concepto de ciudad, no coincidencialmente, en su primera parte es el que ilumina las políticas públicas urbanísticas, económicas, culturales y sociales tanto de los gobiernos de derecha, como de los de izquierda. La ciudad es para hacer funcionar el sistema económico, lo demás se subordina a este propósito.
Habría que disentir de la segunda parte de la definición-para el caso de Bogotá- ante la inexistencia de una confluencia de ideales de progreso y bienestar.

Bogotá es una ciudad en la que no confluyen sino que se enfrentan antagónicamente intereses económicos y sociales. No puede pretenderse como armónico algo que permanentemente está en conflicto, las políticas públicas obedecen a los intereses del gran capital y no están dirigidas a construir una ciudad democrática, participativa e incluyente. O como la definen los investigadores una ciudad en la que concurren diversas culturas.

Veamos los contenidos del POT para corroborar la afirmación anterior, por ejemplo entre sus objetivos se plantea: Fortalecer el territorio rural e integrarlo de manera funcional al Distrito Capital y a la región, preservando su riqueza natural y aprovechando sus oportunidades.

Aunque los verbos preservar y aprovechar suenan benignos, el concepto de funcionalidad les da otro sentido. Es totalmente previsible que la gran ciudad en la medida que cuenta con condiciones favorables de todo tipo en comparación con sus vecinas, puede asumir una posición dominante subordinándolas como satélites y, en tal condición, imponer su propia visión de lo que entiende por preservar riqueza y aprovechar recursos.

En tales condiciones las relaciones territoriales son totalmente asimétricas y funcionales al más fuerte. La Ley de Desarrollo Territorial (388 de 1997) no detalla cómo los municipios deben incorporar el tema regional a sus planes de ordenamiento, es decir que están en absoluta indefensión normativa y política frente a una concepción de ciudad- región avasalladora que avanza a pasos agigantados. No debe causar sorpresa el hecho de que los municipios aledaños a Bogotá, se terminen convirtiendo (ya lo están siendo) en los centros receptores de los pobres desplazados, como consecuencia del espíritu modernizador del POT. Algo así como los dormitorios de los trabajadores de la gran metrópoli.

Veamos más, el objetivo económico del POT, establece: Organizar el territorio, aprovechando sus ventajas comparativas para lograr una mayor competitividad, para lo cual se adoptan las siguientes políticas de largo plazo:
a. Ofrecer espacios para la localización racional del comercio, la industria y los servicios y promover Centros Empresariales del ámbito internacional.
b. Consolidar el equipamiento urbano y la infraestructura vial y de comunicaciones necesarios para garantizar la plataforma exportadora de la ciudad y su región.
c. Promover la oferta de suelos estratégicos para la localización y modernización de la industria, teniendo en cuenta su especialización económica y su impacto ambiental.
d. Fomentar la localización industrial basada en nuevas tecnologías a través de parques industriales ecoeficientes y tecnológicos.
e. Jerarquizar los corredores comerciales de la ciudad y fortalecer las centralidades urbanas para aumentar la capacidad de soporte de nuevas actividades económicas generadoras de empleo.
f. Mejorar las condiciones físicas y ambientales del espacio público con miras a elevar la calidad de vida.
g. Ampliar la oferta turística con base en los atractivos físicos y ambientales de la ciudad y fortalecer el turismo ciudadano.

No se habla nada de redistribuir el ingreso, por ejemplo, o de crear condiciones de competitividad para la pequeña y mediana empresa. Todas las estrategias apuntan a segmentar, jerarquizar y dotar de infraestructura urbana para tener una ciudad idónea para los grandes negocios. Bogotá será, ya lo está siendo, un centro urbano dispuesto para el comercio, la industria, los servicios, la exportación y, por supuesto, atractivo para la inversión extranjera. La otrora ciudad atrasada, sucia, aislada, fría, de gente rara que vieron los viajeros europeos, se ha ido convirtiendo en un megacentro urbano consentido por el capitalismo neoliberal.

La estrategia para mejorar las condiciones físicas y ambientales del espacio público se reducen a medidas de “recuperación del espacio público”, dirigidas principalmente contra los vendedores ambulantes que “afean” (contaminan) la ciudad y obstaculizan (las condiciones físicas) la circulación de los consumidores y su ingreso a los establecimientos del “comercio organizado”. Lo que realmente se está haciendo es privatizar el espacio público de manera funcional a los grandes negocios. No es para los ciudadanos, sino para los consumidores. No es realmente para todos, sino funcional a los intereses de unos pocos, aunque demagógicamente se plantee lo contrario.

El objetivo social es bastante tacaño, demagógico e impreciso, no cabe duda que fue formulado intencionalmente para cumplir con lo mínimo: Promover la equidad territorial para garantizar la oferta de bienes y servicios urbanos a todos los ciudadanos, para lo cual se adoptan las siguientes políticas de largo plazo:
a. Disminuir los factores que generan pobreza urbana.
b. Priorizar la inversión pública en la atención de necesidades de las zonas que alberguen los grupos más vulnerables.
c. Generar suelo apto para el desarrollo de programas de Vivienda de Interés Social y Prioritaria, conducentes a disminuir el mercado informal.
d. Construir un sistema de transporte masivo que garantice la accesibilidad y movilidad funcional dentro del territorio Distrital y de este con la región.
e. Ejecutar los programas de dotación de equipamientos y mejoramiento integral en las áreas más deficitarias.
f. Atender de forma prioritaria el reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo.

Son puras medidas para mitigar el impacto social negativo que provocará el hecho de convertir esta ciudad en un gran centro de negocios y para el turismo internacional. Decir que hay que disminuir los factores que generan la pobreza, en lugar de decidir acabar con estos, es algo así como mantener la pobreza dentro de sus “justas proporciones”, parodiando a un presidente que tenía fama de bruto, pero decía las cosas con conciencia e identidad de clase.

Las boronas de la mesa del rico Epulón para los más pobres, dirían los cristianos; las sobras para aquellos que se encargarán de construir esa ciudad soñada para el progreso. Basta identificar en qué zonas y que tasa o índice de valorización tienen los suelos en los que se adelantarán los llamados planes de vivienda de interés social y prioritario, para evidenciar la concepción segregacionista y clasista del POT. Casas para pobres en suelos para pobres.

Concebir como estrategia social la construcción de un sistema masivo de transporte para garantizar la movilidad en la región es demagógico, puesto que su objetivo es evidentemente económico, no sólo porque será un gran negocio, sino porque su fin último es asegurar la circulación ágil de la fuerza de trabajo y de los consumidores nativos y foráneos.

Hay que recordar que el actual alcalde Samuel Moreno, a propósito de su propuesta de reforma del POT, planteó en la instalación del evento “Turismo Compite”, que se trabajará en tecnología y capacitación para fortalecer la condición de la ciudad como primer destino turístico en el país, al respecto afirmó: “Por ello, dentro de nuestro Plan de Desarrollo de Bogotá Ciudad Global, nos proponemos la elaboración del Plan Maestro de Turismo, con el fin de que sea incorporado al POT y concretar acciones que permiten gestionar desde la perspectiva turística en el suelo urbano y rural de la ciudad”. Traducida esta afirmación en términos más precisos, de lo que se trata es de dotar la ciudad de una infraestructura funcional al turismo y desregularizar y/o flexibilizar la normatividad existente (quitar obstáculos), para facilitar a los inversionistas la obtención de jugosas ganancias en este sector de la economía.

Qué lejos está nuestro POT de concebir una ciudad incluyente y democrática tal como la define Manuel Castells “…el papel de las ciudades en la Era de la Información es ser medios productores de innovación y de riqueza, pero es, aún más, ser medios capaces de integrar la tecnología, la sociedad y la calidad de vida en un sistema interactivo, en un sistema que produzca un círculo virtuoso de mejora, no sólo de la economía y de la tecnología, sino de la sociedad y de la cultura”(5).

La Bogotá decimonónica y la moderna son muy distintas, pero sospechosamente parecidas, si no gemelas, en su espíritu excluyente, segregacionista e inequitativo. Si los viajeros que la visitaron en el siglo XIX pudieran viajar en el tiempo para recorrerla nuevamente, se sorprenderían por su desarrollo urbanístico y tal vez porque las maneras de la gente han cambiado (las buenas maneras y la cortesía están casi extinguidas) o porque el endocentrismo cultural bogotano ya no existe a consecuencia de las migraciones forzadas. Pero una vez superado el “shock” inicial, la encontrarían igualmente injusta en términos económicos y socio culturales aquellos que críticamente así lo percibieron, o igualmente jerárquica aquellos otros que concebían que esto era natural y no les interesaba investigar, ni escribir sobre tales cosas.

También encontrarán que persiste la alianza política con la iglesia, que en virtud de esta santa alianza sigue incompleto un proyecto secularizador. Es casi inconcebible que no exista al menos una iglesia católica por barrio. Ya no controlan la educación pública, pero si una de las universidades más prestigiosas en la que se forma la clase política y empresarial del país, la Universidad Javeriana.

Encontrarán que pervive el proverbio “el que peca y reza empata”, como dice Rubén Jaramillo, en virtud del cual se sigue siendo tramposos y tomando el atajo, tal como sucede en la administración pública, no obstante los esfuerzos de algunos gobernantes para erradicar estas prácticas.

Nuestra Bogotá “moderna” (modernizada) como la colonial, sigue siendo multiétnica y multicultural, está lejos de ser pluri. No convivimos, en el mejor de los casos nos toleramos, connivimos si cabe el término. En este sentido el tiempo no ha introducido cambios, no ha habido evolución. La ciudad tan sólo ha experimentado una transformación física profunda, pero no espacial porque su lógica de ocupación sigue siendo tan excluyente y clasista como siempre.


NOTAS:

(1) “Por ello, durante el período colonial, el control que ejercía la élite militar- burocrática española sobre una población subordinada y servil, así como el monopolio casi absoluto sobre la tierra y todos los otros recursos económicos, o se a las minas de metales preciosos, reproducían una estructura económica que desestimulaba todo interés por el desarrollo tecnológico”. Jaramillo Vélez, Rubén. Moralidad y Modernidad en Colombia. Escuela Superior de Administración Pública, 5 de noviembre de 1998.
(2) Es la estructura de poder del paramilitarismo en varias regiones del país.
(3) Entendida como imposición de una transformación.
(4) “A medida que vamos alejándonos del centro de la urbe, más pobres aparecen los barrios que encontramos. Todavía observamos casas, si bien de un solo piso, pero blanqueadas y cubiertas con tejas de barro. Poco a poco empero, aparecen otras de estructura más reducida y de aspecto más humilde. Al fin, tornando la vista por donde quiera, topamos con un cinturón de pequeños ranchos con muros levantados de tierra pisada y cubiertos de paja…” Hettner, Alfred. Viaje por los Andes Colombianos 1882-1884.
(5) Castells Universidad de Berkeley (California). Conferencia pronunciada en el Salón de Ciento del ayuntamiento de Barcelona, el 21 de febrero de 2000, en el acto de clausura del Máster “La ciudad: políticas proyectos y gestión” (http//:www.fbg.ub.es) organizado por la Universidad de Barcelona y dirigido por Jordi Borja.

LOS PARECIDOS DEL AUTORITARISMO URIBISTA Y EL TOTALITARISMO DEL FÜHRER


Eduardo León
Junio 2008

“Una Nación que no exige de su gobierno más que el mantenimiento del orden, ya quiere la tiranía en el fondo de su corazón”
La democracia en América Latina. Alexis Tocqueville.


El pueblo colombiano no es el de la Alemania nazi, ni Uribe es la reencarnación del Führer; no obstante, guardadas las distancias históricas, son sorprendentes los parecidos de aquella y éste, con la mayoría despistada del pueblo colombiano y el fraudulentamente reelecto presidente Uribe, gracias al voto comprado de una ambiciosa parlamentaria que aprovechó en beneficio propio y del presidente su palomita en el Congreso y gracias al ausentismo, también recompensado, al momento de la votación del, casi desconocido, parlamentario Teodolindo Avendaño. Lo anterior sumado a las presiones de los paramilitares sobre los electores, practicando un terrorismo similar al de las SA del régimen nazi, entronaron por segunda vez al polémico y odiado por unos y amado por otros, Presidente Uribe.

Buena parte del pueblo colombiano, al menos eso dicen las encuestas de opinión (dudosas porque la opinión pública es manipulable), legitima el autoritarismo de Uribe y su papel como punta de lanza de los gringos en la lucha anticomunista en el continente. Con estas encuestas se crea una realidad que es favorable al autoritarismo Uribista. De acuerdo con Hanna Arendt, esa parte de los colombianos actuaría como una especie de “populacho” que tiende a creer lo que le dicen en forma de mito; para el caso colombiano el mito aglutinador es la existencia de un peligroso enemigo que atenta contra su tranquilidad: el terrorismo.

Siguiendo a Arendt, las masas Uribistas no tienen identidad de clase, son manipulables, siguen al caudillo, necesitan novedad, repetición y movilidad. Todas esas características las logra, en gran medida, Uribe en amplios sectores del pueblo colombiano que le permite consolidarse como líder indiscutible.

Este mito, desde un enfoque social, ha servido para legitimar y mantener el orden impuesto: cumple una función política. Al mito del terrorismo comunista se responde con el terrorismo de estado, dirigido contra todo el que sea sospechoso de ser afín a los comunistas. Hitler utilizó las SA con el propósito de atacar a los comunistas y a los judíos, que para el caso colombiano resultan ser las comunidades agrarias, sospechosas de apoyar a la guerrilla y que estorban la imposición de un modelo agrario basado en la agroindustria que extermina la economía campesina y hace funcional al país a la nueva división internacional del trabajo.

En varias ocasiones Uribe ha sacado otro mito, el de las conspiraciones en su contra para auto victimizarse y obtener el respaldo “popular”, según Maria Isabel Rueda estas conspiraciones se dan en tres frentes: 1) Los bogotanos y los medios de comunicación que funcionan en la ciudad que tienen un concepto de “coctel” sobre la realidad del paramilitarismo, que a él le toco vivir en su finca del Ubérrimo; 2) los paramilitares en los que estaría imperando la ley de “muera Sansón y todos sus filisteos”; y 3) La Corte Suprema. El Presidente cree que los magistrados de la Corte Suprema no son neutrales en el juicio del paramilitarismo.

La reciente extradición de algunos de los principales cabecillas del paramilitarismo obedecería a una estrategia de silenciamiento que evitaría que en algún momento lo salpiquen con sus confesiones (la foto de Fujimori lo aterra). Tal como le sucedió a Hitler, sus “generales” no le hacen caso e incluso aparecen algunos traidores.

La demanda por calumnia contra un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que lo denunció de estar tratando de intervenir en favor de su primo Mario Uribe, para que no fuera judicializado por paramilitarismo, es una forma de silenciar o neutralizar a la Corte en sus investigaciones de parapolítica. Aprovechando la imagen que tiene entre amplias mayorías de colombianos, trata de deslegitimar a esta Corporación y de paso blindarse contra futuras investigaciones que pudieran comprometerlo.

Su afán de perpetuarse o extender su permanencia en el poder, lleva a Uribe a plantear otro de sus mitos: La “hecatombe” que no define que es y que podría ser cualquier cosa: la posibilidad de triunfo de una candidatura de izquierda, una fractura de su coalición política en el proceso de selección de su sucesor o sucesora, o simplemente cualquier hecho que le justifique mantenerse indefinidamente en el poder, incluso de su propia autoría. No es de extrañarse que el presidente esté, desde ya, prefabricando una situación de anomía en la estructura política, que le permita cumplir su propósito de mantenerse en el poder al menos 12 años. La complacencia de amplios márgenes de la opinión pública favorece sus intenciones re-reeleccionistas. Cuando Hitler se convirtió en el caudillo absoluto del partido nazi, aseguró la futura obediencia suprema y se inició el mito del Führer. El presidente Uribe persigue algo similar, fundar el mito del líder sin el cual el país se derrumbará.

Varios analistas se preguntan por qué a pesar de la existencia de tantos escándalos en torno al presidente, su imagen se mantiene “intacta”. Funcionarios corruptos nombrados por él resultan ser además de subalternos también sus amigos; la mayoría de los políticos judicializados por paramilitarismo fueron sus formulas electorales en su reelección; los paramilitares más “destacados” son sus vecinos; su hermano ha estado involucrado en graves investigaciones por asesinatos. A este fenómeno se le ha llamado el “efecto teflón” por virtud del cual el presidente ha venido saliendo bien librado de situaciones comprometedoras. El “efecto teflón” es atribuido al supuesto gran carisma de que goza Uribe.

Un estudio realizado por varias ONG sobre las políticas del presidente Uribe, lleva por título “El embrujo Autoritario”, como una manera de explicar porque un presidente en torno al cual se producen toda clase de escándalos, no se cae como sucedería en cualquier país medianamente democrático y con un nivel medio de desarrollo institucional.

Pero en realidad al “carismático” presidente Uribe es más lo que se le concede como tal, que lo que realmente tiene. Más que carisma derivado de cualidades personales, éste proviene de un hábil manejo de imagen y de tender cortinas de humo a las situaciones coyunturales que lo afectan. Cuando estas formulas no le funcionan entonces sacrifica a algún peón de su ajedrez político.

Los Consejos Comunitarios son una fiel expresión de su voluntarismo o más precisamente de su autoritarismo populista; éstos fueron creados como la concreción de lo que ha llamado Estado Comunitario, negando en la práctica el carácter del estado colombiano como un Estado Social de Derecho tal como prescribe la Constitución Política. A Uribe como a Hitler el estado y la institucionalidad le estorban. En varias oportunidades la división de poderes creada por la Constitución Política del 91, para que existan pesos y contrapesos, controles políticos y legislativos al poder ejecutivo, ha sido desconocida absolutamente por Uribe(1). La universalidad de la norma implica que vale para todo mundo, pero no es así para el presidente quien seguramente se considera por fuera del mundo. Como dice Weber, mientras que la dominación burocrática es racional en tanto está vinculada a reglas, la dominación carismática es irracional pues es extraña a toda regla. El presidente Uribe da muestras constantemente de ser más afecto a la segunda.

El presidente Uribe ha realizado incontables Consejos Comunitarios, en los que como para Hitler en sus mítines poco importa el contenido, sino la capacidad de movilización en torno a su figura presidencial; poder ser la voz de las masas que quieren autoridad como elemento unificador. Busca que el Estado quede representado totalmente en él, por eso reparte favores y “soluciona” problemas en los Consejos Comunitarios. Su estilo lo coloca al borde del totalitarismo o al menos del autoritarismo. El Estado racista alemán era un estado personalizado, Uribe quiere que el Estado colombiano se personifique en él, por eso en no pocas ocasiones legisla y se abroga facultades judiciales, a la vez que gobierna.

El hecho de poner en cuestión la existencia de los partidos Uribistas, por boca de su Consejero para la Paz, Luis Carlos Restrepo, pidiendo su disolución, lo reafirma como líder único e indiscutible y de paso silencia algunas voces inconformes entre su coalición. A la vez, envía a la opinión pública un mensaje de estar por fuera de cualquier vinculación con la parapolítica, mensaje que posteriormente reafirma con la extradición de 13 jefes paramilitares, a quienes “castiga” como hizo Hitler con Röhm y otros líderes de las SA, en la “noche de los cuchillos largos”. Así como Hitler disolvió las SA debido a los reclamos por sus excesos. Uribe ha hecho algo similar con la Ley de Justicia y Paz, ha legalizado el paramilitarismo que se le estaba saliendo de las manos.

Uribe, como Hitler, surge como figura nacional y “esperanza” para los colombianos, reprochando la humillación a que fue sometido el Estado colombiano luego de los golpes militares y políticos asestados por parte de la guerrilla, en la época de Pastrana. Uribe, como Hitler después de las humillantes condiciones a que fue sometida Alemania luego de perder la primera guerra mundial, se declaró como “El Salvador” y “desfacedor” de tan humillante entuerto. Prometió mano dura, derrotar a la guerrilla y convertir a Colombia en un “país de propietarios”.

Uribe, al estilo de Hitler creó una atmosfera de duda, de incertidumbre y desesperación y él apareció como el redentor. El “populacho” decepcionado le creyó y lo entronó en el poder, con una especie de “patente de corso” para hacer lo que fuera necesario.

Así como el partido nazi desde su fundación enarboló 25 puntos programáticos, Uribe planteó 100 en su Manifiesto Democrático que ha repetido una y otra vez, insistente y permanentemente. Como diría Adorno, la propaganda hace que la política se vuelva opinión común

Tal como Hitler que “fusionó” el nacionalismo de derecha y el socialismo de izquierda en el nacional socialismo, Uribe montó un discurso político entre derecha e “izquierda”, para este último vinculó en su círculo de asesores más cercanos a personajes otrora militantes de la izquierda: Carlos Franco, ex militante del EPL en la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, Rosemberg Pabón, Ex militante del M-19 en Dansocial, Luis Carlos Restrepo que gozaba de imagen progresista como Consejero de Paz, José Obdulio Gaviria, como Asesor Presidencial, entre otros.

Colombia como Alemania no se erigió sobre una revolución democrático burguesa, sino sobre una especie de maridaje entre terratenientes y capitalistas que conformaron la Oligarquía Colombiana, que cabalga desde hace más de 100 años sobre un remedo de Estado que les permite hacer de lo público su botín. Uribe ha “despertado” una especie de sentimiento patriótico con connotación negativa y el “amor por el trabajo”, que le han servido como “valores” para construir una identidad funcional a sus intereses y los del sector de la Oligarquía que venía reclamando participación en el poder.

Esos “valores”, actúan más como mitos que como ideología, parecido a los mitos nazis de pueblo, patria y raza. En Colombia es discutible hablar de racismo, aunque existen expresiones discriminatorias que evidencian algún tipo de racismo; pero claramente si existe clasismo y el régimen Uribista ha desatado una especie de exterminio contra comunidades agrarias mediante el desplazamiento forzado, masacres, desestructuración de sus redes económicas, sociales y culturales: Bajo el supuesto de que son los aliados de los terroristas. Los nazis asesinaron 6 millones de judíos, Uribe ha provocado el desplazamiento de, por lo menos, la mitad de los cuatro millones de colombianos actualmente desarraigados de sus tierras y territorios.

Uribe ha desatado una espiral de muerte, como diría Focault, como fórmula de violencia. Tal como opina Hanna Arendt el que ejerce la violencia niega el lenguaje. La violencia se ejerce en nombre de que no hay lugar para la discusión porque la violencia corresponde a la lógica de medio- fin. Ese tipo de violencia es el que ha ejercido el paramilitarismo en nombre de Uribe, de la seguridad democrática, de la lucha contra “el terrorismo”. Se trata de arrasar y producir temor. Exterminar cualquier capacidad de respuesta o de resistencia.

Colombia es financiada por los Estados Unidos para mantener al gobierno como aliado incondicional y blindarlo contra la supuesta amenaza comunista representada por Chavez. En su tiempo el fascismo alemán fue visto con ojos complacientes por parte de las potencias capitalistas, hasta que pretendió obtener una buena tajada del pastel capitalista mundial. El gobierno de Uribe es funcional a los planes expansionistas de EEUU, una vez se vuelva incómodo o inconveniente apoyarlo, lo van a quitar de en medio, si es necesario.

El régimen Uribista también tiene su propio Joseph Goebbels, el tristemente célebre ministro de propaganda de Hitler, en cabeza del enigmático asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, renegado militante de la izquierda, que como Goebbels se ha encargado de adelantar una sistemática propaganda ideológica en favor de la figura de su líder, a quien no duda en calificar como un genio poseedor de “una inteligencia superior.” Esto hace recordar las consignas nazis para elevar la figura del Führer: “el Führer es la realidad alemana de hoy y del futuro”, “el Führer no necesita del pueblo, sino que garantiza lo que el pueblo quiere”.

Los acólitos de Uribe parecen estar inspirados en tales fórmulas propagandísticas cuando se refieren a él, han logrado hacer creer a mucha gente que Uribe salvó la patria y devolvió la tranquilidad a los colombianos (qué dirán al respecto las víctimas de su régimen autoritario). La propaganda del régimen Uribista cumple exactamente la misma función de la propaganda nazi: ser entendible y lo más importante que no se olvide.

El vínculo de obediencia establecido entre Uribe y sus funcionarios, especialmente los más cercanos como José Obdulio o el Ministro de Agricultura Arias, los hace ser parte del ideal del jefe que realiza los sueños de los demás. El primero se encarga de difundir sus ideas y pensamiento y el segundo de imitarlo hasta en los gestos, no es gratuito el mote de “Uribito” que se ha ganado y que tal parece le causa enorme orgullo.

La mencionada columnista de derecha María Isabel Rueda, reconocida Uribista, en una de sus columnas opina sobre Gaviria, que “nadie mueve a J.O. Ahí sigue construyéndole referencias históricas y telones de fondo a las actuaciones y declaraciones del Presidente”. Cortinas de humo debería decir la reconocida columnista, pero no lo hace porque es Uribista.

Siguiendo a María Isabel Rueda, considera que José Obdulio “ha logrado labrarse entre la opinión y los comentaristas de prensa una mala fama muy bien ganada hasta llegar a ser considerado por muchos el representante de una especie de ala siniestra del gobierno”. Si no fuera Uribista la señora Rueda reconocería que todo el gobierno uribista es siniestro.

Varios congresistas norteamericanos enviaron una carta al presidente Uribe señalando a José Obdulio como el responsable de la macartización de la marcha del 7 de marzo realizada por las víctimas del paramilitarismo, acusándolas de ser funcionales a las FARC. Los Congresistas norteamericanos incluso le atribuyeron un nivel de responsabilidad del asesinato, días antes y después de la marcha, de algunos sindicalistas y, de paso, sugirieron la responsabilidad del gobierno colombiano en tales hechos (no se equivocaron).

¿Por qué José Obdulio se mantiene como asesor presidencial? Es indudable que cumple un papel importante en materia de propaganda ideológica del régimen unanimista y actúa como fusible cada vez que es necesario cubrirle la espalda al presidente Uribe. Este personaje oscuro y camorrero permanentemente fabrica sofismas de distracción, para desviar la atención sobre los graves problemas que enfrenta el régimen Uribista en el plano interno y externo. Se encarga de asumir los costos políticos que resultarían nocivos para la imagen de su jefe. Se sacrifica con gusto, para mantener libre de toda mácula a su líder. ¿Se equivocan quiénes lo comparan con Goebbels? por supuesto que no, pero también deberían suponer, en consecuencia lógica, que así como existe un Goebbels también debe existir una especie de Führer a quien le sirve fielmente.

Uribe también tiene su propia Gestapo, su policía política, el DAS. Con este instrumento ha hecho seguimiento a amigos, aliados y enemigos. Ha controlado lo privado, gran cantidad de teléfonos han sido “chuzados”. Tal como lo hizo el nazismo, todo lo convierte en público y político, no hay lugar para lo privado, esto es otro síntoma de totalitarismo.

En conclusión, trátese de inspiraciones o de coincidencias, es innegable la existencia de numerosas similitudes entre el totalitarismo nazi y el autoritarismo Uribista. Seguramente no sucederá lo mismo en Colombia que lo acaecido en Alemania bajo el régimen nazi, pero los parecidos son preocupantes. El presidente Uribe permanentemente amenaza con la posibilidad de enfrascarnos en una guerra con los países vecinos en nombre de la patria y contra el terrorismo. Ojalá tanto parecido sea sólo eso y no una trágica repetición de la historia.



NOTAS:

(1) Refiriéndose a las características de la dominación carismática, Weber afirma que “No existen” jurisdicción” ni “competencias”, pero tampoco apropiación de los poderes del cargo por “privilegio”, sino sólo (de ser posible) limitación espacial o a determinados objetos del carisma y la “misión” ”. Economía y Sociedad Pág 195

CÓMO CONCIBE BOURDIEU LA ESTRUCTURA SOCIAL Y SU DINÁMICA


Eduardo León
Octubre 2007

Pierre Bourdieu, recientemente fallecido, es considerado uno de los sociólogos contemporáneos más importantes y reconocido por su gran compromiso con las causas sociales; consideraba, por ejemplo, que “los movimientos sociales deben presionar a estados y gobiernos y garantizar el control de los mercados financieros y la distribución justa de la riqueza de las naciones”, tal planteamiento atestigua su visión de una sociedad en la que los desposeídos y marginados jueguen un rol protagónico e histórico.

Fue considerado el más claro de los intelectuales de izquierda, gran crítico de la globalización y del lenguaje posmoderno porque oculta la realidad de injusticia en el mundo, al respecto afirmaba que “En todos los países avanzados, empresarios, altos funcionarios internacionales, intelectuales mediáticos y periodistas de alto vuelo se han puesto de acuerdo para hablar una extraña neolengua cuyo vocabulario – aparentemente surgido de nada – está en todas las bocas: “mundialización” y “flexibilidad”, “gobernabilidad” y “empleabilidad”; “underclass” y exclusión”, “nueva economía” y “tolerancia cero”; “comunitarismo”, “multiculturalismo” y sus primos “posmodernos”: etnicidad, minoría, identidad, fragmentación, etc.

"De esta nueva vulgata planetaria están notoriamente ausentes términos como capitalismo, clase, explotación, dominación y desigualdad, perentoriamente anulados bajo pretexto de obsolescencia o de presunta impertinencia. Su difusión es producto de un imperialismo propiamente simbólico; sus agentes transmisores son los partidarios de la revolución neoliberal: escudándose en la “modernización” piensan rehacer el mundo haciendo tabla rasa de conquistas sociales y económicas producto de cien años de luchas sociales, actualmente presentadas como otros tantos arcaísmos y obstáculos al nuevo orden naciente. Al igual que las dominaciones de género, de etnia, el imperialismo cultural es una violencia simbólica que se apoya en una relación de comunicación forzada para imponer la sumisión”(1).

Los estudiosos de Pierre Bourdieu consideran que fueron tres las fuentes principales para la construcción de su teoría sobre la sociedad y su dinámica: Marx, Weber y Durkheim, sin duda los más grandes sociólogos que han existido, cuyas teorías, controvertibles y polémicas, sentaron bases teóricas ineludibles, aún para sus contradictores y críticos, incluido, por supuesto, Bourdieu, quien incorporó críticamente varias de sus contribuciones teóricas, a las propias.

Decía Bourdieu al respecto, “He recordado a menudo, especialmente a propósito de mi relación con Max Weber, que se puede pensar con un pensador contra ese pensador. Por ejemplo construí la noción de campo a la vez contra Weber y con Weber, al reflexionar sobre el análisis que él propone sobre las relaciones entre el sacerdote, profeta y hechicero. Decir que se puede pensar a la vez con y contra un pensador es contradecir radicalmente la lógica clasificatoria en la cual se tiene costumbre –casi en todas partes, ay, pero sobre todo en Francia- de pensar la relación con los pensamientos del pasado. Por Marx como decía Althuser, o contra Marx. Pienso que se puede pensar con Marx y Durkheim contra Weber, y recíprocamente. Es así como marcha la ciencia”(2).

Algunos de sus críticos califican sus conceptos como muy simples, además de pretenciosos porque la mayor parte de su investigación social la desarrolló en Francia, su país natal; lo que supuestamente cuestionaría el alcance universal al que su planteamiento teórico aspira. También cuestionan la forma como teorizaba, porque decían que sus conceptos los extraía de las investigaciones que realizaban los equipos que dirigía limitándose a revisar y corregir.

En defensa del “enfant terrible” como solían llamarlo los políticos, porque se metía en todo y opinaba sobre todo, puede decirse que a pesar de que su laboratorio social estuvo principalmente focalizado en una sociedad concreta, su mirada era universal lo mismo que sus fuentes. Como militante político de izquierda, sin ser miembro orgánico de ningún partido, estuvo presente y comprometido con las luchas de diferentes movimientos sociales, por eso se decía de él que era un “profeta de la sociología comprometida”. Es inobjetable que su método de producción teórica, basado en un trabajo práctico permanente y sistemático, le permitía teorizar con mucha autoridad.

Precisamente en ese compromiso está una característica que lo diferencia de muchos de sus colegas contemporáneos y otros que le antecedieron: el rechazo a la teoría pura (identificándose con Marx y Durkheim), que lo llevó a considerar que la actividad teórica no era inseparable del trabajo empírico. La gran cantidad y variedad de las investigaciones sociológicas que dirigió y que le sirvieron para construir sus conceptos, respaldan tal concepción en la producción de conocimiento sociológico.

Para Bourdieu los conceptos son construidos sobre la realidad social, o sea que los hechos no hablan por sí mismos. De esta manera se aleja del positivismo y en alguna forma recoge lo central del método teórico marxista que concibe que el sujeto, la sociedad, esté presente en la representación como premisa. Afirmaba Marx que el sujeto real mantiene, antes como después, su autonomía fuera de la mente, por lo menos durante el tiempo en que el cerebro se comporte únicamente de manera especulativa teórica.

Bourdieu, considera que los fenómenos sociales se explican por sus causas sociales e históricas, así la verdad de un fenómeno cultural no puede concebirse por fuera del sistema de relaciones históricas y sociales del cual hace parte. Tal como Marx, no acepta que las causas de un sistema social sean atribuidas a la naturaleza olvidando su génesis y sus funciones históricas. Esta manera de concebir los fenómenos sociales, también se respalda en el enfoque Durkheniano de que lo social se explica por lo social y sólo por lo social; igualmente reivindica de Weber su negativa a aceptar la explicación de las especificidades históricas a partir de tendencias universales.

Respecto de las relaciones sociales, Bourdieu, entendía que no podían ser reducidas a relaciones entre subjetividades, producto de intenciones o motivaciones, porque se derivan de condiciones y posiciones sociales y constituyen más realidad que los sujetos que hacen parte de éstas. Este planteamiento se asemeja a lo planteado por Marx en el prefacio de la contribución a la crítica de la economía política. “…El conjunto de (estas) relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material determina el carácter general de los procesos de la vida social, política y espiritual. No es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino al contrario, su ser social lo que determina su conciencia”. La influencia marxista lo lleva a considerar que la superestructura es reflejo de las condiciones sociales de producción presentes en la estructura, esto se expresa, por ejemplo, en sus planteamientos sobre la lingüística en su trabajo ¿Qué significa hablar? en donde plantea que “Los discursos se encuentran determinados entre la estructura social que se producen y dentro de una clase social”.

Bourdieu, construyó su noción de campo, además de la influencia de Weber que reconoció abiertamente, en cierto sentido apoyado en Marx, pero trascendiendo lo que consideraba las limitaciones de la lógica económica marxista para analizar la práctica social, al extender esa lógica a otros campos diferentes al económico para explicar las prácticas sociales también por otras causas.

En consecuencia, Bourdieu, habla de economías orientadas hacia fines no estrictamente económicos, como: la economía de la religión, en este tema basándose en Weber afirmaba que la iglesia es detentadora del monopolio de la manipulación de los bienes de salvación; la economía del honor con el intercambio de dones y contradones, de desafíos y respuestas; la economía de los intercambios lingüísticos, en este campo específico descubre que hay diferencias lingüísticas porque existen diferencias económicas y sociales, que a su vez generan competencia social por lograr un mayor capital lingüístico.

Más que condenar a Marx por su supuesto determinismo económico, partió de reconocer la importancia de la economía en las relaciones sociales, para incursionar en otros ámbitos que no desarrolló Marx, al menos no suficientemente, como lo cultural que le permitió identificar la importancia de lo simbólico en las relaciones sociales: Capital simbólico, violencia simbólica.

La noción de campo es uno de los conceptos centrales en Bourdieu, el cual consiste en el conjunto de relaciones objetivas en las que históricamente se encuentran ubicados los agentes, a su interior se presentan posiciones y relaciones de fuerza (conflicto) o alianzas, se da una distribución de capital específico, y tiene sus propias leyes porque es autónomo. Bourdieu examinó diversos campos: el campo intelectual, el campo político, el campo del arte, el campo de la filosofía, el campo religioso, el campo jurídico. Con esta distinción buscó demostrar que las contradicciones que se presentan en la sociedad tienen múltiples causas, actores e intereses en juego.

Sobre las posiciones sociales ,Bourdieu, considera que éstas se definen unas, con relación a otras y se presentan al interior del espacio social, que concibe como un conjunto organizado o sistema al interior del cual existen los campos. Las posiciones sociales las relaciona directamente con las clases, las cuales define como: conjunto de agentes que ocupan posiciones semejantes y que, situados en condiciones semejantes y sometidas a condicionamientos semejantes, tienen todas las probabilidades de tener disposiciones e intereses semejantes y de producir, por tanto, prácticas y toma de decisiones semejantes.

Algunos opinan que Bourdieu rompe con Marx en la visión de las clases sociales, porque en Marx la clase en sí equivale a la clase para sí. Pero realmente lo que hace Marx al considerar que el ser social determina la conciencia social y, basado en esto, afirmar que una cosa es la clase en sí, caracterizada por su posición en la infraestructura económica (respecto de los medios de producción) y otra es la clase para sí, que implica, en medio de un proceso, tomar “conciencia de clase” o “identidad de clase”, es decir tener claridad sobre su papel histórico en la sociedad. Si miramos detenidamente el planteamiento de Bourdieu, es muy similar al marxista porque ese conjunto de agentes en el espacio social, que tienen características semejantes, probablemente podrían tener intereses y prácticas (políticas por ejemplo) semejantes, es decir tener conciencia o identidad de clase.

Según Bourdieu, la posición social tiene que ver con la posibilidad de acceso a una cantidad mayor o menor de capital (posibilidad de recursos). Bourdieu distingue varias clases de capital: capital económico, capital cultural, capital social (redes de relaciones sociales) y capital simbólico (reputación o prestigio).
Estos tipos de capital están interrelacionados presentándose tránsitos de uno a otro. Así por ejemplo, contar con cierto tipo de relaciones (palancas) permite acceder a un buen empleo, presentándose un tránsito de capital social a capital económico. Un consultor o asesor experto en temas administrativos, haciendo uso de su capital cultural logra obtener capital económico. Un titulo de posgrado, maestría o doctorado, siendo capital cultural, tiene a su vez un valor económico (capital económico) que le permite, a quien lo tiene, ubicarse bien laboralmente y, además, contiene valor social (capital social) que, a su vez, le posibilita ser incluido en una red de relaciones sociales que aumentan la potencialidad de su capital global (mezcla de todos los capitales).

De la cantidad de capital con que se cuente depende la posición social que se ocupe en el espacio social, y la posibilidad de triunfo en la disputa dentro del campo específico en el que una persona se encuentre. La desigualdad en la distribución de capital específico, necesariamente instaura relaciones de dominación, que son mantenidas por las relaciones de fuerza que subyacen en las relaciones sociales.
Un ejemplo de un campo jurídico específico o subcampo, es el que se presenta en Colombia en torno a la problemática del desplazamiento: la lucha por lo que podría llamarse “capital jurídico” (capital cultural) que constituiría, apoyándonos en Bourdieu, el “campo o subcampo jurídico del desplazamiento forzado”.

Para Bourdieu el campo jurídico es un universo relativamente independiente con relación a las demandas externas, al interior del cual se produce y ejerce autoridad jurídica, forma por excelencia de la violencia legítima, cuyo monopolio pertenece al estado, y que puede ajustarse al ejercicio de la violencia física.

Veamos que sucede, desde la noción de campo de Bourdieu, al interior de eso que denominamos, campo jurídico del desplazamiento forzado. Dado el incumplimiento sistemático de sus obligaciones constitucionales y legales desprendidas del ordenamiento jurídico nacional (Ley 387 de 1997, sobre desplazamiento forzado) e internacional (Principios Rectores de los Desplazamientos Forzados internos, expedidos por la ONU- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) - que han sido producto de intensas luchas entre diferentes agentes: organizaciones de población desplazada y ONG de derechos humanos, por una parte, y agentes estatales/institucionales, por otra parte-, las Organizaciones de Población Desplazada interpusieron gran cantidad de tutelas, con el propósito de que fueran amparados sus derechos.

En algunos pocos casos, señala la Corte en la Sentencia T025 “los jueces de instancia concedieron la tutela para la protección de los derechos de la población desplazada, entre otras razones, por considerar que en un Estado Social de Derecho es necesario que se llegue a una solución definitiva del problema del desplazamiento y, porque el comportamiento omisivo asumido por la Red de Solidaridad y de otras entidades responsables de la atención de la población desplazada, deja al descubierto la vulneración de las garantías constitucionales de las cuales son titulares los peticionarios”(3).

La tutela, según lo expresado por muchos líderes de la población desplazada y ratificado por la Corte Constitucional, había dejado de ser un mecanismo constitucional de protección de derechos para convertirse en una especie de requisito para acceder a la atención estatal.

Según Bourdieu, la situación descrita es la expresión concreta de una auténtica lucha simbólica por el monopolio del derecho(4), entre diferentes actores que se disputan la verdad sobre lo que es el derecho, sus contenidos y alcances.
La Sentencia T 025, declaró la existencia de un “estado de cosas inconstitucional en materia de política pública sobre desplazamiento”(5), generando una gran conmoción al interior del campo jurídico del desplazamiento por sus alcances e implicaciones, conmoción expresada en la preocupación suscitada en el gobierno, que se vio obligado a decir que respetarían el fallo de control constitucional, y en el beneplácito generado entre las organizaciones de población desplazada y las ONG que acompañan sus procesos de exigibilidad jurídica de derechos(6), al poder contar, en adelante, con una herramienta importante para continuar desarrollando la lucha por el goce efectivo de sus derechos.

La Corte Constitucional, en cierta forma, resolvió la lucha simbólica(7) entre la población desplazada empeñada en exigir la aplicación de la normatividad nacional e internacional que tutela sus derechos y el gobierno que sistemáticamente viene omitiendo sus obligaciones constitucionales y legales en materia de desplazamiento forzado interno, contribuyendo de esta manera a la impunidad de un delito de lesa humanidad del cual, en no pocas ocasiones, ha sido directamente responsable(8).
Este panorama de disputa por los contenidos y alcances de la legislación en materia de desplazamiento forzado, refleja lo que Bourdieu describe como la esencia de la violencia simbólica: “en el fondo la forma por excelencia de la violencia simbólica- es terrible decirlo- es paradójicamente, cierto uso de los derechos humanos”(9).

La lucha al interior del campo jurídico del desplazamiento forzado en Colombia, es especialmente violenta en un marco de legitimidad que oculta una fuerte confrontación de intereses; al respecto Bourdieu plantea que, “Lo específico del campo jurídico es la ilusión de neutralidad, de universalidad, de autonomía y de desinterés (incluso bajo la apariencia de interés general) que constituye discursos y rige prácticas, construyendo imaginarios, representaciones y redes de significación de los ocupantes del campo. Es decir la ilusión del derecho se funda en lo que Bourdieu denomina la razón escolástica”(10). Bourdieu crítica la escolástica por su pretensión de construir la ciencia moderna a partir de la idea del pensamiento puro, por el contrario, considera que la experiencia de la vida social es presupuesto indispensable de todo el pensamiento sobre el mundo
Finalmente, examinemos cómo concibe Bourdieu la dominación y la legitimidad. De qué manera las sociedades logran mantenerse.

Para desarrollar su concepto de dominación, Bourdieu, se apoya en Weber quien considera que la autoridad se puede legitimar sin tener que acudir a la fuerza. Esto no quiere decir que no exista violencia, es claro que existe, pero para Bourdieu sería violencia simbólica.

La legitimidad o mejor la legitimación, para Bourdieu, consiste en el consentimiento de los dominados hacia el poder de los dominantes, es decir que lo admite, acepta y justifica; por su parte, los dominantes reconocen a los dominados mismos en cuanto a sus aportes en la relación. El principal mecanismo para la legitimación del poder en las relaciones de dominación consiste en la posibilidad que tanto dominantes como dominados compartan un conjunto de representaciones, religiosas, míticas, políticas y demás, relativas a la realidad: sociedad, naturaleza, universo, etc. En virtud de estas representaciones, cada quien considera estar en el lugar que debe o amerita de ocupar, y los ocupantes de las posiciones dominantes son considerados como servidores de intereses generales(11).

Para Bourdieu la clave de una dominación durable y pacífica está en creer (conciencia de clase) y hacer creer a los otros en la existencia de creencias comunes, que por supuesto son las que le garantizan a los dominantes la permanencia de su poder y modelo de sociedad. Así por ejemplo, hacer creer que la institución de la propiedad privada debe respetarse porque favorece a todos por igual, posibilita tener mayor capital, de todo tipo, a unos más que otros, dada su posición el espacio social en general o en un campo social en particular.

Pero además del proceso de legitimación aludido, Bourdieu considera que el Habitus es también importante para mantener unas relaciones de dominación. El habitus hace referencia a la aptitud de los agentes a orientarse espontáneamente dentro del espacio social y a reaccionar adaptativamente a eventos y situaciones. Pero esa espontaneidad no surge de la nada, ni se trae biológicamente incorporada. La sociedad y el modelo dominante ejercen sobre los agentes una acción pedagógica uniforme (dominación ideológica, diría Marx) que asegura su “inserción correcta” dentro de las relaciones sociales.

En el mantenimiento y reproducción de las estructuras sociales cumple un papel determinante la educación, a través de la “inculcación” de valores, actitudes, comportamientos, concepciones del mundo y de la sociedad. Lo que se produce en el estudiante y en los individuos en general cuando interioriza los principios de esa arbitrariedad cultural, son habitus, prácticas habituales académicas, con valores morales y laborales para desempeñarse en sociedad, que perpetúan el poder social. La primera institución de aprendizajes donde se adquieren hábitos de enseñanza antes de llegar a la escuela es la familia, los cuales sirven de base a cualquier otro adquirido posteriormente. Posteriormente, la escuela selecciona y legitima un sistema de hábitos y prácticas sociales impuesto por una determinada clase; presenta unos valores y normas culturales de clase como si fueran universales.

En general son modelos de enseñanza que garantizan que los dominados piensen y actúen de conformidad con las estructuras y relaciones sociales dominantes(12). Así, poder y cultura se juntan para reproducirse. Al ser acciones pedagógicas y modelos de educación impuestos, estas acciones de enseñanza se convierten en violencia simbólica.

Según Bourdieu los habitus son “estructuras estructuradas”, es decir, sistemas de disposiciones no simplemente yuxtapuestos, sino organizados en sus relaciones recíprocas, sistemas que tienen en su principio “la interiorización de la exterioridad” y la “incorporación” de las estructuras.

Este proceso descrito por Bourdieu incluye la asignación del lugar de los agentes dentro de la estructura social, su sitio en las relaciones de producción; en consecuencia su posición y por ende su acceso a capital. El habitus en conclusión es la forma fundamental en que las relaciones de producción son reproducidas. Pero también puede ser la posibilidad de grupos sociales de construir concepciones y prácticas desde las cuales construyan su propia historia y enfrenten la dominación.


NOTAS:

(1) Bourdieu Pierre y Löic Wacquant. “La nueva vulgata planetaria”
(2) Citado por Gutiérrez B Alicia, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Con Marx y contra Marx: El materialismo en Pierre Bourdieu.
(3) “En el campo jurídico se desarrolla una lucha por el monopolio del derecho a decir el derecho, es decir, por establecer cuál es la buena distribución (nomos) o el buen orden. Lucha en la que se enfrentan agentes investidos de una competencia inseparablemente social y técnica, consistente en lo esencial en la capacidad socialmente reconocida de interpretar (de manera más o menos libre o autorizada) un cuerpo de textos que consagran la visión legítima, recta, del mundo social”. Bourdieu, Pierre. Elementos para una sociología del campo jurídico, página 160. En La Fuerza del Derecho. libro editado por Nuevo Pensamiento Jurídico, Ediciones UniAndes, Instituto Pensar, Universidad Javeriana y Siglo del Hombre Editores.
(4) “Debe observarse también el antagonismo estructural que, en los sistemas más diversos, opone las posiciones de los “teóricos” dedicados a la pura construcción doctrinal a las posiciones de los “prácticos” preocupados exclusivamente por la aplicación”. Bourdieu, Pierre. Elementos para una sociología del campo jurídico, página 168. Op cit.
(5) El derecho es la forma por excelencia del discurso actuante capaz, por virtud propia, de producir efectos. No es exagerado decir que hace el mundo social, pero a condición de no olvidar que está hecho por él”. Bourdieu, Pierre. Elementos para una sociología del campo jurídico. página 198.
(6) “Se trata de un campo social (el campo del derecho) en el que existen la verdad objetiva y su negación, en el que los más desprovistos de capital simbólico entran en una lucha desigual de todos contra todos, en el cual todos dependen de todos, en donde conviven contradictores y adversarios, jueces que determinan la verdad y el valor, en fin un espacio social donde sus ocupantes se debaten entre la vida y la muerte simbólica”. Moreno Duran, Álvaro y Ramírez José Ernesto. Pierre Bourdieu Introducción Elemental, página 105.
(7) Las decisiones judiciales mediante las cuales se distribuyen diferentes volúmenes de diferentes clases de capital a los diferentes agentes (o instituciones), ponen término o al menos fijan un límite a la lucha”. Pierre Bordieu. Elementos para una sociología del campo jurídico, en La Fuerza del Derecho. libro editado por Nuevo Pensamiento Jurídico, Ediciones UniAndes, Instituto Pensar, Universidad Javeriana y Siglo del Hombre Editores. Pág 198.
(8) Ver sentencia de la Corte Interamericana de Derechos de la OEA sobre el caso Mapiripan.
(9) Moreno Durán, Álvaro y Ramírez, José Ernesto. Pierre Bourdieu. Introducción Elemental (traducción entrevista de 1994), Página 64.
(10) Op cit. Página 105
(11) Moreno Duran, Álvaro y Ramírez José Ernesto. Pierre Bourdieu Introducción Elemental, página 21.

(12) "Estas teorías que, tal como puede observarse en Durkheim, se limitan a extrapolar a las sociedades divididas en clases la representación de la cultura y de la transmisión cultural más extendida entre los etnólogos, se funda en el postulado tácito de que las diferentes Acciones Pedagógicas que se ejercen en una formación social colaboran armoniosamente a la reproducción de un capital cultural concebido como una propiedad indivisa de toda la ‘sociedad’. En realidad, por el hecho de que corresponden a los intereses materiales y simbólicos de grupos o clases distintamente situados en las relaciones de fuerza, estas AP tienden siempre a reproducir la estructura de la distribución del capital cultural entre esos grupos o clases, contribuyendo con ello a la reproducción de la estructura social: en efecto, las leyes del mercado donde se forma el valor económico o simbólico, o sea, el valor como capital cultural, de las arbitrariedades culturales reproducidas por las diferentes Acciones Pedagógicas (individuos educados), constituyen uno de los mecanismos, más o menos determinantes según el tipo de formación social, por los que se halla asegurada la reproducción social, definida como reproducción de la estructura de las relaciones de fuerza entre las clases". Bourdieu y Passeron. La Reproducción 1977, Pág. 51.



BIBLIOGRAFIA:
Moreno Durán, Álvaro. Pierre Bourdieu. Introducción Elemental
Bourdieu, Pierre y Teubner Gunther. La Fuerza del Derecho.
Bourdieu, Pierre. Qué significa Hablar.
Bourdieu, Pierre. La Miseria del Mundo.
Gutierrez, B Alicia. Con Marx y contra Marx: El materialismo en Pierre Bourdieu.
Juanico Cruz, Janet Flor. Estructura y acción: De la oposición saussureana al habitus de Pierre Bourdieu.
Marx, Carlos. Introducción a la Contribución a la Crítica de la Economía Política.
Bourdieu Pierre, Jean Claude Passeron : La Reproducción.

LA REPÚBLICA LIBERAL CONTINUIDAD, RUPTURA O INFLEXION

Eduardo León
Abril 2007


En el contexto de la gran crisis mundial del capitalismo en la década de los años 30 del siglo XIX, el final de un largo período de hegemonía conservadora y de otros acontecimientos mundiales (primera y segunda guerra mundial, cambio del eje económico de Inglaterra hacia Estados Unidos, surgimiento de movimientos nacionalistas en América Latina) se presentó lo que se conoce en la historia de Colombia como la República Liberal entre los años 1930 y 1946, período de sucesivos gobiernos liberales que algunos consideraron como el fin de una era oligárquica y el advenimiento de una “sociedad burguesa moderna”.

Por supuesto que existían fuertes disputas al interior de las clases dominantes, encubiertas con el telón de supuestas contradicciones de tipo ideológico, pero que en realidad se trataba de la pugna entre facciones de la oligarquía por la hegemonía en el control del estado y el reparto económico, sin que tal escenario configurara una disputa radical entre anacrónicas y modernas formas de concebir la nación, el estado, la sociedad y la economía.

Colombia, a diferencia de los países europeos, no fue escenario de una revolución democrático- burguesa que diera al traste con las estructuras feudales y semifeudales que entrababan el desarrollo del capitalismo; lo que se cocinó, aún en medio de confrontaciones (guerras civiles), fue una alianza entre bloques en el poder que se han turnado o han compartido el ejercicio del control del estado para satisfacer los intereses y ambiciones de la oligarquía colombiana. En el marco de este particular proceso de instauración del capitalismo en Colombia, se sentaron las bases de lo que se conoce en algunas teorías como la Formación Social Colombiana, caracterización con la que se explica como en el modelo de acumulación y dominación colombiano convivieron y aún conviven formas precapitalistas y capitalistas de producción.

Es innegable que la llamada República Liberal provocó cambios importantes de mayor o menor calado, acordes con un contexto internacional difícil para el capitalismo, que resultó siendo su mayor estímulo ante los requerimientos de un modelo en crisis que para los países latinoamericanos representaba una oportunidad para sus economías, aunque traería consigo un trágico futuro de profunda dependencia, principalmente respecto de Estados Unidos.

Sin embargo no se concretaron los elementos de fondo para la construcción del estado moderno que pretendían los liberales, entre otras razones, porque se mantuvo en lo sustancial el modelo concebido en el marco de una de las constituciones más atrasadas del mundo: La Constitución de 1886. Inclusive contrariando lo que habían avanzado en algunos aspectos los liberales radicales inspiradores de la constitución de 1863, tales como la autonomía absoluta de las provincias, las libertades sociales, y algo importante: la ruptura con el autoritarismo y el poder de la iglesia católica.

La reforma constitucional de 1936 introdujo algunos cambios en materia de las relaciones iglesia estado, pero no transformó sustancialmente los términos del Concordato. El estado se atribuyó algunas prerrogativas para intervenir en los conflictos obrero- patronales, entre otras razones, porque necesitaba un crecimiento de la mano de obra y en consecuencia resultaba útil “protegerla” en sus derechos laborales. Estos y otros cambios no implicaron rompimiento radical con la Constitución de Nuñez y Caro. Fue grande el contraste entre la retórica reformadora liberal y su práctica conservadora.

En el plano político, no se presentaron transformaciones radicales salvo el cambio de timonel en el gobierno nacional, Enrique Olaya Herrera, primer presidente de esa época liberal, impuso un esquema de gobierno compartido con los Conservadores: llamado gobierno de Concentración Nacional. Las diferencias acerca de la necesidad del intervencionismo estatal o de modificaciones en la legislación agraria y social se diluyeron tras la prioridad de los dos partidos de mantener su cuota de participación en el poder. Característica que se mantiene hasta la actualidad, con períodos de crisis de reparto del poder, como la llamada época de la violencia. Lo importante como tendencia general es identificar que las “viejas” y “nuevas” concepciones y estructuras buscan la manera de convivir, aunque esa convivencia no esté exenta de grandes o pequeños sobresaltos.

En última instancia el elemento cohesionador de las clases oligárquicas fue el mantenimiento de una estructura socio-política de dominación y explotación para mantener sus privilegios. Realmente lo que se dio durante la República Liberal fue una transferencia del poder al interior de una clase: la hegemonía de las élites liberal y conservadora tradicionales ligadas al tradicionalismo católico, pasó a manos de los sectores político- económicos “modernizantes” de uno y otro partido.

Al decir de Pecaut, Colombia durante la República Liberal entró en el campo de las democracias burguesas, pero esto no significó, como se mencionó antes, la realización de transformaciones estructurales propias de una revolución democrático- burguesa. A pesar de tantas guerras partidistas y entre élites regionales, su horizonte no rebasó las mezquinas ambiciones de grupos. Jamás se les pasó por la imaginación a las clases dirigentes un proyecto de nación, la pugna de intereses que sirvió de combustible a las confrontaciones militares y políticas no alcanzó para reducir a cenizas el viejo orden feudal.

Un proyecto nacionalista era impensable porque la oligarquía liberal y conservadora cargaba sobre sus hombros el fardo de los intereses capitalistas extranjeros, frente a los cuales no tenían un solo ápice de diferencia, por el contrario siempre mostraron fidelidad y servilismo. La República Liberal no fue una excepción.

En el ámbito económico se conciliaron los intereses de terratenientes, agroexportadores tradicionales e industriales. El hecho de que los liberales propugnaran por un estado interventor y regulador y por la implantación de una industria nacional cabalgando sobre la recesión capitalista del 29, no los ubicó en un modelo proteccionista deliberado ni los alejó en lo sustancial del liberalismo económico, tampoco cuestionaron a fondo la inversión extranjera, políticas agenciadas por sus antecesores en el poder. Así como propusieron la reducción de tasas de interés sobre la deuda externa, que podría incomodar a la inversión extranjera, a la vez mostraron el deseo y la necesidad de su retorno, por ejemplo renunciando a las pretensiones nacionalistas sobre el petróleo. El presidente Olaya Herrera buscaba una “amigable cooperación con el capital extranjero”, para demostrarlo expide una ley que reduce el control y la participación nacional en la explotación del petróleo.

Existía la necesidad de impulsar el desarrollo de la industria nacional, dada la crisis mundial del capitalismo que contradictoriamente ofrecía una oportunidad histórica para el desarrollo del capitalismo colombiano, situación que se interpretó como la posibilidad de obtener ganancias y no para sentar las bases de un capitalismo moderno, por eso se mantuvo el esquema de producción- especulación (llamado para la época: sustitución de importaciones), consolidando de esta manera la dependencia respecto de los sobresaltos de la economía internacional, situación que para autores como Ocampo constituye una forma natural de desarrollo.

En realidad ocurrió lo contrario, la división internacional del trabajo le asignó a estos países, entre ellos Colombia, el papel de productor de materias primas para la gran industria transformadora y le deja alguna posibilidad de desarrollo de una industria de bienes de consumo, sin mayor valor agregado, que le produce grandes dividendos a la industria internacional de bienes de capital al verse obligada a mantener niveles de productividad basados en una permanente innovación tecnológica, para poder mantenerse en el mercado.

En el campo social, la burguesía liberal aunque reconoció explícitamente la existencia de clases sociales, lo que perseguía era neutralizar cualquier posibilidad de transformaciones radicales, por eso se autoproclamó como la intérprete y representante de los sectores más empobrecidos y explotados de la población colombiana. Logró cooptar el movimiento obrero mediante la expedición de leyes laborales; coquetear con los campesinos y sectores medios del campo con la expedición de la ley 200 de 1936 que además de no resolver la problemática agraria ni para los campesinos ni para el capitalismo, a la postre significó una mayor concentración de la tierra y una desruralización y urbanización del país. Tal vez el triunfo más notorio de los liberales en el poder, fue vender la idea de un estado portador de la voz de la nación, regulador y árbitro de las contradicciones sociales: es decir un estado por encima del bien y del mal.

El Partido Liberal puso a caminar a su ritmo reformista a la izquierda, condenándola a endosar su futuro tras la búsqueda de ilusorias conquistas populares en el marco de una pretendida revolución democrático burguesa en la que creía más la izquierda que el propio partido liberal; le hizo perder la iniciativa y ponerse a la cola de una supuesta burguesía nacionalista y en consecuencia declinar la posibilidad de construir una oposición auténtica al bipartidismo oligárquico; y también, aunque remotamente, la llevó a renunciar, al menos temporalmente, a una revolución social para la cual los contextos nacional e internacional brindaban las condiciones objetivas.

La República Liberal, en consecuencia, no significó ningún rompimiento con el viejo orden oligárquico, por el contrario garantizó su continuidad bajo una eterna alianza: abierta, implícita o velada, no exenta de distanciamientos pero en permanente reconciliación. En buena medida, a su manera, garantizó la continuidad de un modelo de dominación y explotación y de adecuación del país al liberalismo económico y la división internacional del trabajo, en la cual, sobra decirlo, Colombia llevó la peor parte.

Puede concedérsele a la República liberal algunos cambios en el sentido de la línea que llevaba el modelo de dominación y acumulación que posibilitaron que la oligarquía aprovechara la coyuntura internacional, para aumentar sus ganancias aunque al costo histórico de la dependencia y dominación de los ejes de acumulación capitalista mundiales; el entronamiento de una oligarquía especuladora/oportunista que no acumula riqueza, ni genera desarrollo sino poder y dinero (nada atenta más perfectamente contra el desarrollo); y a una guerra civil permanente de la cual obtiene grandes ventajas. Como diría nuestro Premio Nóbel García Márquez, las oligarquías liberal- conservadora, cada cual desde su respectivo turno en el poder, sumieron el país en “cien años de soledad”.

LOS ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN COLOMBIA
Debate entre Rodrigo Uprimny, Manuel José Cepeda y Antonio José Nuñez

Eduardo León
Junio 2008

Según Bourdieu, el debate que se presenta en Colombia sobre los alcances de la jurisprudencia constitucional es la expresión concreta de una auténtica lucha simbólica por el monopolio del derecho(1), entre diferentes actores que se disputan la verdad sobre lo que es el derecho.

Para Bourdieu, “el derecho es la forma por excelencia del discurso actuante capaz, por virtud propia, de producir efectos. No es exagerado decir que hace el mundo social, pero a condición de no olvidar que está hecho por él(2). En tal sentido, los enfoques de Uprimny sobre la legitimidad del control constitucional de la economía, tendrían respaldo. La jurisdicción constitucional está en toda facultad de construir políticas en lo económico, no obstante debería tener en cuenta el contexto no sólo jurídico, sino también social y político que le impone límites para que el activismo de la CC no genere conflictos.

La Corte Constitucional ha posibilitado que los más desprovistos, aunque no sean la mayoría política, adquieran capital jurídico que pueden transformar en capital económico e incluso político. Al respecto Bourdieu considera que “se trata de un campo social (el campo del derecho) en el que existen la verdad objetiva y su negación, en el que los más desprovistos de capital simbólico entran en una lucha desigual de todos contra todos, en el cual todos dependen de todos, en donde conviven contradictores y adversarios, jueces que dominan la verdad y el valor, en fin un espacio social donde sus ocupantes se debaten entre la vida y la muerte simbólica”(3).

Los fallos de la Corte, aún con las reservas, dudas y contradicciones que genera, tienen la virtud, como lo afirma Manuel José Cepeda, de haber contribuido gradualmente a la redistribución del poder social y el restablecimiento de equilibrios alterados en la distribución horizontal y vertical del poder público. Bourdieu, al respecto, opinaría que “las decisiones judiciales mediante las cuales se distribuyen diferentes volúmenes de diferentes clases de capital a los diferentes agentes, ponen término o al menos fijan un límite a la lucha”(4). Antonio José Nuñez, no compartiría tal apreciación al considerar que una parte de la justicia constitucional nos lleva por un camino equivocado, imposibilitará el establecimiento y sostenimiento del Estado Social de Derecho y agudizará la desinstitucionalización. La verdad es que hasta ahora tal catástrofe no ha sucedido. No al menos por culpa de los fallos de la Corte Constitucional.

Algunos de los objetivos políticos del actual gobierno, han encontrado en el control constitucional de la Corte cortapisas a sus propósitos autoritarios, que de otra manera, seguramente, habrían agudizado el actual conflicto social, político, económico y armado por rumbos aún más inciertos que los actuales. De alguna manera, tales controles de la Corte responden a la aspiración de Nuñez sobre la necesidad de reivindicar una vertiente “sana” de la jurisprudencia constitucional, que sea compatible con la prosperidad nacional y la solidez institucional. El maquillaje que le hizo la Corte Constitucional a la denominada Ley de Justicia y Paz salvó a Uribe, no sólo respaldó a las víctimas, de algo que lo aterroriza y lo mantiene aferrado al poder: “la foto de Fujimori”.

Más allá de los argumentos teóricos y jurídicos de Uprimny, Nuñez y Cepeda, en el debate suscitado sobre la justicia constitucional, se ocultan intereses de tipo político y económico en torno al modelo socio- económico y el reparto del poder, incluso acerca del significado de que es democracia y cuál de sus formas es la mejor; así Nuñez reivindica más la democracia representativa, concediéndole al poder legislativo unas facultades, a mi manera de ver, tan grandes que deberían suscitar en él la misma preocupación y crítica que enarbola contra la Corte, sobre la cual reclama respecto de sus actuaciones, que los ciudadanos tienen derecho a escrutar sus visiones para ver si convienen o no al progreso. Tal control social y ciudadano también debería considerarlo oportuno y pertinente respecto del legislativo y el ejecutivo.

Por su parte, Uprimny, y, en alguna medida, también Cepeda reivindican mayormente la democracia participativa a través de la lucha por capital jurídico; indudablemente este tipo de democracia es deseable, pero no debe desconocerse la realidad de nuestra democracia, esencialmente representativa, que no por su imperfección debe relegarse a un segundo plano o desconocerse.
Cabría aquí la reflexión de Bourdieu en el sentido de que “Lo específico del campo jurídico es la ilusión de neutralidad, de universalidad, de autonomía y de desinterés (incluso bajo la apariencia de interés general) que constituye discursos y rige prácticas, construyendo imaginarios, representaciones y redes de significación de los ocupantes del campo”(5).

Este panorama de disputa por los contenidos y alcances de la justicia constitucional sobre todo en materia de los derechos económicos, sociales y culturales, refleja lo que Bourdieu describe como la esencia de la violencia simbólica: “en el fondo la forma por excelencia de la violencia simbólica- es terrible decirlo- es paradójicamente, cierto uso de los derechos humanos”(6). Tanto para defenderlos en el marco de la justicia constitucional, como para desconocerlos en el contexto de legislaciones restrictivas que no garantizan el goce efectivo de los derechos humanos, llámense estos fundamentales o de última generación.

En conclusión, el debate sobre el control constitucional que ejerce la Corte Constitucional, hay que ponerlo en el terreno que realmente corresponde: Una lucha por la consecución de capital jurídico, capital que potencialmente pueda transformarse en capital social, económico y político. Obviamente puede alterar la correlación de fuerzas, pero en eso consiste cualquier ejercicio político, desde el campo que sea, también desde el jurídico que es totalmente válido.


NOTAS:

(1) “Debe observarse también el antagonismo estructural que, en los sistemas más diversos, opone las posiciones de los “teóricos” dedicados a la pura construcción doctrinal a las posiciones de los “prácticos” preocupados exclusivamente por la aplicación”. Pierre Bordieu. Elementos para una sociología del campo jurídico, página 168. En La Fuerza del Derecho, libro editado por Nuevo Pensamiento Jurídico, Ediciones UniAndes, Instituto Pensar, Universidad Javeriana y Siglo del Hombre Editores.
(2) Bourdieu, Pierre. Elementos para una sociología del campo jurídico, en La Fuerza del Derecho. Universidad de los Andes (Ediciones Uniandes), Pontificia Universidad Javeriana (Instituto Pensar), Siglo del Hombre Editores. página 198

(3) Op cit. Página 105
(4) Op cit. Página 198
(5) Op cit página 105
(6) Pierre Bourdieu. Introducción Elemental (traducción entrevista de 1994). Álvaro Moreno Durán y José Ernesto Ramírez. Página 64.

EL AGRO COLOMBIANO BOTÍN DE GUERRA DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y EL TLC

Eduardo León
Enero 2009

Históricamente en Colombia se ha presentado el fenómeno de concentración de la propiedad y tenencia de la tierra. Según informes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, alrededor de 2428 propietarios entre públicos y privados (0.06% de la población) poseen 44 millones de Hectáreas del territorio nacional registrado catastralmente (53.5% de la tierra), es decir son controladas en promedio 18.093 Hectáreas por propietario.

En contraste, 2.2 millones de propietarios (55.6% de la población) y de predios (56.8% del territorio) corresponden a una estructura de minifundios menores de 3 Hectáreas, lo cual equivale a un 1.7% del territorio registrado catastralmente. Al comparar la primera y la segunda franja de control territorial, encontramos que el territorio promedio de cada uno de los grandes propietarios es equivalente a 6000 veces la propiedad promedio de los pequeños propietarios y minifundistas.
Para Estanislao Zuleta “el problema de la tierra se remonta hasta el período inmediato posterior a la conquista, cuando se planteó la cuestión del trato que iba a dársele a los indios, cuestión en últimas donde se definía el régimen agrario del futuro”.

Es así como con la llegada de los conquistadores, y la ejecución por parte de estos de las disposiciones emanadas de la corona española, se empieza a configurar un primer modelo que incluía la propiedad al uso de la tierra en América, que desde entonces pertenecía al rey. La búsqueda y combinación de métodos que permitieran acaparar y explotar la tierra, los llevó a implementar diferentes formas, que fueron configurando el modelo de desarrollo agrario que aún hoy en día heredamos.
Veamos algunas de las políticas de las que se valen las clases dominantes en la actualidad, para mantener ese modelo de desarrollo agrario subordinado a sus intereses económicos.

La denominada “Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social (2007-2013)”, elaborada por el gobierno nacional, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación DNP y la Dirección de Justicia y Seguridad DJS, constituye la fase de aseguramiento y consolidación de una estrategia que ha tenido como propósito central “adecuar”, entre otros sectores de la economía, el agro(1) para que cumpla con el requerimiento del capitalismo internacional de imponer una nueva división del trabajo funcional a sus intereses y que, a la vez, le permita sortear la actual crisis con base en la ensayada y exitosa fórmula de exportar la crisis a los países dependientes y dominados(2).

En dicha estrategia en el balance de logros del “Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado”, más conocido como Plan Colombia, el gobierno destaca los resultados en varios aspectos: mejoramiento de las condiciones de la seguridad democrática, una economía fuerte sustentada en una macroeconomía sana y un ambiente propicio para la inversión local y extranjera.

El gobierno considera que Colombia de encuentra en el momento justo “para robustecer esos logros y promover nuevos avances”, para lo cual diseña dicha estrategia, bajo el supuesto de avanzar en “el fortalecimiento de la democracia, la superación de las amenazas contra la estabilidad democrática, la promoción de los derechos humanos, el desarrollo económico y social, y la lucha contra la pobreza”. Pero realmente el objetivo fundamental es cumplir con las exigencias de las multinacionales y de los Estados Unidos para que se decidan a “invertir” en el país. En otros términos adecuar el país para que sea tenido en cuenta en los Tratados de Libre Comercio.

Es conocido que tal inversión extranjera ha significado históricamente expoliación de nuestros recursos naturales, explotación de fuerza de trabajo, imposición de condiciones favorables para las multinacionales (seguridad jurídica para proteger sus ganancias: Estatuto de Desarrollo Rural, Ley Forestal, etc), imposición de condiciones leoninas en los contratos de concesión para la explotación de recursos no renovables. El resultado final de la inversión extranjera no ha sido otro que voluminosas ganancias para los inversionistas y enormes pérdidas y mayor dependencia para el país(3).

La Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social, incorpora la denominada Doctrina de Acción Integral (DAI) y contempla la creación de un Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), que son un desarrollo del enfoque interagencial del Comando Sur, en el marco de su nueva estrategia “amistad y cooperación para las Américas” , cuyo objetivo es “convertirse en una organización conjunta interagencial líder que procura apoyar la seguridad, estabilidad y prosperidad de las Américas”(4). En otras palabras, se trata de otra de las doctrinas “novedosas” del gobierno de Uribe Vélez para asegurar la aplicación de la estrategia contrainsurgente e intervencionista estadounidense.

Las zonas señaladas para la “recuperación social”, son zonas de frontera, territorios de comunidades indígenas y afrocolombianas con presencia de grandes riquezas naturales, zonas de asentamiento de multinacionales, zonas de ejecución de megaproyectos y cultivo de agrocombustibles. Es decir que más que recuperación social de lo que se trata realmente es de control social y territorial para asegurar la depredación de los recursos naturales, por parte de las multinacionales.

Esta estrategia gubernamental es el complemento o continuación de otras medidas que persiguen idénticos propósitos, tales como el Estatuto de Desarrollo Rural, la Reforma al Código Minero, la Ley de Aguas y la Ley de Bosques. Todas estas normas tienen un común denominador: asegurar las mejores condiciones a las multinacionales para que puedan expoliar los recursos naturales de nuestro país.

La denominada Ley de Justicia y Paz es el instrumento que completa el armazón, su propósito central es legalizar los resultados políticos (control del poder local y regional), sociales (control de las comunidades y exterminio de la oposición política y social) y económicos (contra reforma agraria) del paramilitarismo que constituye una pieza fundamental de la estrategia de seguridad democrática y del Plan Colombia.

El llamado Estatuto de Desarrollo Rural crea las condiciones para lograr la meta gubernamental de contar para el 2020 con unas cuatro millones de hectáreas sembradas en palma aceitera, caña, cacao, yuca y forestales con el objetivo de responder a la demanda de materia prima de multinacionales(5) para procesar agro combustibles, alimentos y productos de madera, en detrimento de la soberanía y la seguridad alimentaria.

Colombia está dejando de ser un país productor de alimentos para convertirse en importador de los mismos, muchos de estos modificados genéticamente. Lo poco que está quedando de agricultura depende cada vez más de las llamadas semillas “terminator”, en la medida en que han ido y seguirán desapareciendo las semillas originarias. Es decir que la escasa producción de alimentos existente, dependerá totalmente de las empresas productoras de este tipo de semillas cuya característica es que no producen semillas.

La ley de Desarrollo Rural condiciona el crédito y el apoyo gubernamental a la producción destinada a la exportación(6), es decir la producción de cultivos permanentes de producción tardía, como la palma aceitera, otros agro combustibles y todos aquellos que demanden como materia prima las multinacionales productoras de alimentos procesados, que serían, según los requisitos de la ley, “los únicos rentables y adaptados a las condiciones del mercado”. Sumado a lo anterior se tiene previsto privatizar la prestación de ayuda técnica(7), lo que tendrá como consecuencia que los pequeños y medianos productores no tengan acceso a ésta.

Aunque el Estatuto contempla la creación de un Consejo Nacional de Tierras CONATI y se contempla la participación de delegados de las comunidades campesinas, negras e indígenas, en el artículo 17 amarra las decisiones de este ente al voto favorable del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural(8); es decir, que el gobierno a través de este funcionario tendrá poder de vetar cualquier decisión que considere “inadecuada” o “inconveniente” para los compromisos que adquiera el gobierno de turno con otras naciones o con empresas extranjeras, en el marco de tratados internacionales.

En el Consejo Directivo del INCODER la ley prescribe la participación de delegados de las comunidades indígenas, negras e indígenas, pero la limita estableciendo que el gobierno se reservará su reglamentación(9), es decir que no respetará la autonomía de estas comunidades para elegir sus voceros y representantes. De esta manera el gobierno también asegura que el INCODER se mantenga funcional a los compromisos adquiridos a nivel internacional.

El INCODER y la UNIDAD NACIONAL DE TIERRAS(10) no tendrán competencia en la administración de bienes inmuebles rurales que estén involucrados en procesos de reparación de los que trata la Ley 975 de 2005 conocida como Ley de Justicia y Paz; ni en los programas de reinserción. Esto equivale a decir que las tierras que los paramilitares les han despojado a los campesinos, comunidades negras e indígenas no estarán bajo el dominio del Estatuto de Desarrollo Rural, lo que permite presuponer que los bienes mal habidos por parte de paramilitares, mafiosos y narcotraficantes serán objeto de un tratamiento jurisdiccional especial en el marco de la Ley 975 de 2005 que, según lo han denunciado ONG nacionales e internacionales de DDHH y sectores importantes de la Comunidad Internacional y lo corrobora la forma como se ha “aplicado”, es un instrumento de impunidad y niega los derechos de las víctimas.
Seguramente el despojo de aproximadamente 5 millones de hectáreas, que es la cantidad de tierra que se calcula ha sido expropiada violentamente a los campesinos desplazados, será legalizado ante la ausencia de normatividad para impedirlo o validando de hecho argucias jurídicas como el testaferrato.

Los indígenas y comunidades negras no salen bien librados en el Estatuto de Desarrollo Rural(11), al respecto Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena(12), refiriéndose al impacto de esta norma para los pueblos indígenas, manifestó: “Me parece una estocada mortal para los pueblos indígenas en cuanto cierra las posibilidades de avanzar en la materialización de los derechos territoriales. De otra parte, pone en riesgo la seguridad de los territorios indígenas que no se han saneado vulnerando el reconocimiento de los territorios ancestrales que han sido reconocidos como resguardos. Eso va a posibilitar la invasión de colonos, la penetración violenta de algunas personas a la extracción de recursos naturales, pensamos que nos pone al borde de un conflicto en algunos casos interétnicos por el territorio que nos pertenece”.

En efecto, el Estatuto de Desarrollo Rural en el artículo 34 adiciona algunas funciones a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, entre las cuales está: Planificar y ejecutar los procedimientos para la constitución, saneamiento, ampliación y reestructuración de resguardos indígenas con sujeción a los criterios de ordenamiento territorial y a la función social y ecológica de la propiedad rural, de acuerdo con las normas legales vigentes y los reglamentos que expida el gobierno nacional. Para estos fines podrá adquirir directamente tierras y mejoras para este propósito. En similares términos se refiere a la titulación colectiva de tierras baldías para las comunidades negras.

La preocupación de los indígenas y las comunidades negras radica en que cualquier decisión que se tome sobre sus territorios, de acuerdo a ésta ley, se hará conforme a los planes de ordenamiento territorial que a su vez obedecerán a los intereses y compromisos adquiridos por los gobiernos de turno con los inversionistas; a las leyes que expida el gobierno, lo que genera inseguridad jurídica para estas comunidades; y con base en algo que puede ser cualquier cosa dependiendo de quién lo interprete: la función social y ecológica de la propiedad rural.

En suma, puede suceder que los actuales resguardos y titulaciones colectivas puedan ser revertidos y puestos al servicio de intereses privados sean estos nacionales o extranjeros. Al respecto el presidente de la ONIC manifestó: “Creo que son dos campos específicos y fundamentales en los cuales la Ley de Desarrollo Rural golpea nuestra autonomía, uno quitarnos la posibilidad de definir cuáles son la prioridades de desarrollo de acuerdo a nuestros planes de vida, por otro lado nos deja sin opción de definir claramente cuál es nuestro propio Plan de Ordenamiento Territorial. Además plantea que los resguardos deben estar sujetos al interés común, no lo dice directamente pero alude claramente a ello de alguna manera y eso conlleva a que se desconozcan nuestros derechos porque siempre nos leen como unas minorías”.
El Estatuto no solo hace caso omiso de los planes de vida de las comunidades y pueblos indígenas, sino también ignora la obligatoriedad de la Consulta Previa establecida en el Convenio 169 de la OIT y la Jurisdicción Especial Indígena. Largos años de lucha de los indígenas para lograr alguna mínima normatividad que contribuyera a la protección de sus derechos, autonomía, cultura y territorio ha sido borrada de tajo por el gobierno, en su propósito de “modernizar” el campo colombiano para entregarlo a la voracidad de la multinacionales y capitalistas colombianos.

En cuanto a los Programas de Acceso a la Propiedad de la Tierra Rural, el estatuto otorga ventajas a las empresas especializadas del sector agropecuario y/o forestal, respecto de los campesinos, comunidades negras e indígenas. Para el caso de los campesinos sin tierra establece un simple subsidio para completar el pago a los oferentes de tierras, en un mercado en el que el estado no controla y simplemente se dedica al papel de “asistir” la transacción, lo que permitirá la aparición de una ola especuladora con los precios de las tierras, aprovechando la ausencia de controles y la necesidad de los campesinos de acceder a una parcela.

Además establece una serie de requisitos de difícil cumplimiento(13) y una condición resolutoria, dentro de los diez (10) años del otorgamiento del subsidio, en el evento de que el beneficiario incumpla con las exigencias y obligaciones establecidas en la ley que no sólo limitan el derecho sobre la propiedad, sino que considera causales de restitución del subsidio a favor del INCODER si “se estableciere que el predio no está siendo explotado adecuadamente”(14), situación que no depende enteramente del beneficiario y a la cual están expuestos la mayoría de pequeños y medianos propietarios, dado el contexto económico desfavorable en que los coloca, por ejemplo, el TLC o el conflicto armado en el país.
Sobre las Zonas de Reserva Campesina, se retrocede respecto de la Ley 160 de 1994, la cual preveía que podían ser declaradas como tales no sólo las zonas de colonización, sino también otras zonas que lo requieran; con el Estatuto de Desarrollo Rural, se restringe la posibilidad solamente a las zonas de colonización.

La prescripción adquisitiva de dominio en el proyecto presentado por el gobierno se pretendía modificarla reduciéndola a 5 años. Aunque el estatuto mantiene el término de la Ley 791 de 2002 y del Código Civil(15), establecido en 10 años y contempla que no obstante la existencia un fallo judicial de prescripción adquisitiva de la propiedad en los términos del Estatuto a favor de una persona, si se llegara a demostrar por parte de un desplazado la ilegalidad de la adquisición; diez años es tiempo suficiente para lograr el propósito de despojo de tierras, si se toma en cuenta que desde 1985 se viene desplazando masivamente a campesinos y que los paramilitares han demostrado que mantienen intacto su poder de intimidación sobre las comunidades desplazadas y por tal razón estas difícilmente podrán reclamar la restitución de sus propiedades.

En contraste con tal tipo de “reforma agraria” para los campesinos, los empresarios podrán solicitar la adjudicación de tierras baldías en las Zonas de Desarrollo Empresarial, bajo supuestas condiciones que, más que serlo, son oportunidades para explotar al máximo el predio asignado; incluso en caso de declaratoria de caducidad de la adjudicación, el beneficiario no tendrá que compensar de ninguna manera al estado(16).

Adicionalmente a estas ventajas, el estatuto contempla la construcción de obras de adecuación de tierras únicamente cuando se trate de proyectos de interés estratégico para el desarrollo del sector agropecuario y/o forestal y para el progreso de zonas rurales, que tengan alta rentabilidad económica y social, localizadas preferencialmente cerca a los puertos de exportación y/o los grandes centros de consumo; y aunque establece que se realicen en áreas de alta concentración de pequeños y medianos productores, es evidente que esto es demagogia y lo que se busca es favorecer a los empresarios y a determinados productos, preferiblemente los destinados a la exportación(17).

Tales decisiones contempladas en el Estatuto de Desarrollo Rural son coherentes con la implementación del Componente de Apertura de Mercados, previsto en la Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social (2007-2013), es decir la implementación de los Tratados de Libre Comercio.

Los resultados de toda ésta política agraria gubernamental, en el marco de la Estrategia y el Estatuto aludidos son claros: liquidación de la economía campesina; proletarización de los campesinos para suministrar mano de obra barata a los empresarios agrícolas y/o forestales; favorecimiento de “la producción de bienes transables de tardío rendimiento, bosques y servicios ambientales”, en detrimento de la soberanía y la seguridad alimentaria; profundización de la dependencia y la dominación, con aquiescencia del gobierno y la burguesía colombiana(18); parafraseando a Jorge Villegas: tierra y territorios colombianos, ganancia extranjera. En síntesis, adiós posibilidad de desarrollo autónomo del agro colombiano y en general de la economía colombiana, en el marco de unas sanas relaciones de interdependencia.

Todo este panorama del agro colombiano, nos coloca frente al dilema planteado por Absalón Machado acerca de si el problema agrario se soluciona:
1. Con una reforma agraria estructural en los marcos del modelo capitalista.
2. Cambiando el modelo de desarrollo dependiente o periférico (Antonio García).
3. Superando dificultades y adecuando el agro a la competencia con eficiencia en el mercado, es decir aplicando la receta neoliberal de desregulación y liberalización de los mercados.
4. Aplicando un modelo proteccionista de protección arancelaria y subsidios.
5. Con una estrategia de desarrollo que beneficie de manera equitativa al sector rural y urbano.

Según Machado, problema agrario y crisis agropecuaria son parte de un mismo problema, pero hay que distinguirlas, porque la segunda se deriva del primero cuando éste es estructural. Pe. la apertura económica acentuó la problemática, porque, entre otras consecuencias, disminuyó la rentabilidad de la agricultura comercial, la economía campesina, las exportaciones y coincidió con la caída de precios, crisis del café, crisis de la Caja Agraria. Estos elementos no son fortuitos, corresponden, de alguna manera, a una política dirigida a profundizar la crisis para obligar a estos países a articularse a las necesidades del modelo de desarrollo capitalista.
Machado, considera que el mercado de tierras ha funcionado como un asunto entre particulares, sin mayor intervención estatal.

 El mercado asistido de tierras (acceso para pequeños propietarios mediante subsidios), no está articulado a cadenas agroindustriales y centros de servicio a la producción, lo que bajaría costos de insumos de producción y tecnologías y aprovecharía economías de escala, mediante procesos asociativos. Las Unidades Agrícolas Familiares, UAF aisladas han sido un grave error. No se trata solo de repartición/ redistribución de tierras, también es necesario elevar su productividad mediante su articulación a circuitos económicos, locales, regionales, nacionales e internacionales.

 El mercado de tierras no es un sustituto de la reforma agraria. La política estatal se ha reducido a éste, renunciando definitivamente a una reforma, por temor a tocar intereses políticos y económicos poderosos. No modifica sustancialmente la estructura agraria.

 El mercado de tierras en Colombia es restringido, propio de una estructura desigual de la propiedad. La tierra se considera un activo de valorización, sin impuestos y sin uso racional del suelo. La ausencia de una reforma agraria que permita modernizar el campo y vincularlo con la industria, favorece una concepción especulativa y rentista de la tierra.


Machado considera que es necesaria la combinación entre el mercado de tierras y la intervención estatal (reforma agraria en algunas zonas), así como crédito para compra de tierras, promoción de la parcelación de las grandes propiedades, fortalecimiento de la sociedad civil y promoción a la movilidad de pequeños y medianos propietarios. Además de la disminución de costos de transacción de la propiedad rural y fortalecimiento del derecho a la propiedad.

Machado también considera que es necesario tener presentes los siguientes criterios para una reforma agraria:
 La reforma agraria distributiva no resulta viable económicamente, fomenta el minifundio. Plantea como ideal una estructura bimodal (latifundio y minifundio).
 Una estructura multimodal en la que la mediana propiedad sea el fiel de la balanza de la equidad, rodeada de pequeños y grandes empresarios eficientes, sería ideal.
 La gran explotación y propiedad competirá con la pequeña y mediana en términos de eficiencia económica y social, y no de tamaños; pero también puede configurarse como gran explotación donde se articulan pequeños y medianos sistemas de cooperación y democratización de la propiedad y acceso de activos. El cambio en el uso del suelo puede facilitar la redistribución de la propiedad.
 La reforma agraria debería tener dos alternativas para los campesinos: 1) crear economías de subsistencia que no garantizan mejoras permanentes en el nivel de vida ni en la incorporación equitativa en la sociedad (lógica campesina tradicional), y 2) generar unidades de explotación familiar que tengan condiciones de producir excedentes, adoptar tecnologías y vincularse al mercado de manera competitiva (pequeñas economías empresariales).
 La reforma agraria no puede concebirse separada del desarrollo rural y de una concepción integral de lo rural. Hay que tener en cuenta realidades y diferencias regionales, superando visiones centristas.

Con el planteamiento de Machado se corre el riesgo de priorizar, de alguna manera, el mercado de tierras sobre la reforma agraria y en la práctica preservar la gran propiedad bajo el supuesto de que se pueden lograr equilibrios, en el marco de una supuesta articulación y eficiencia que supondría una clase terrateniente dispuesta a ceder privilegios, no solo propios sino foráneos. Su fórmula, sin proponérselo, favorecería, en alguna medida, la aplicación del modelo neoliberal al darle posibilidad a la iniciativa privada para que reemplace una intervención estatal en función de una auténtica reforma agraria.

La limitación planteada por Machado respecto de la distribución de la tierra es relativa, puesto que depende del modelo económico al que se articule. Si se promueven formas asociativas de producción que permitan aprovechar economías de escala, bajar costos de producción y con buen apoyo estatal, puede funcionar y ser competitiva en el mercado internacional.

La fórmula de competencia entre la pequeña, la mediana y la gran propiedad en términos de eficiencia y no de tamaños, planteada por Machado, salvo por lo positivo de sistemas de cooperación entre pequeños y medianos productores, no cambia sustancialmente la estructura agraria, ni resuelve la articulación de estos últimos al mercado nacional e internacional en condiciones justas de mercado, porque el gran productor tiene acceso a mejor tecnología, crédito y apoyo estatal; es decir que además de tener poder económico cuenta con poder político.

Respecto de las dos alternativas, consideradas por Machado, para los campesinos frente una reforma agraria, lo ideal es que las economías de subsistencia transiten hacia unidades de explotación familiar, asegurando la seguridad alimentaria de la familia. La lógica campesina tradicional puede ser la base para una agricultura de pan coger y de subsistencia y a la vez de generación de excedentes y posibilidades de mercadeo; así como para la conservación de la biodiversidad, el manejo de cuencas hidrográficas, fuentes de agua y el desarrollo de bosques. Esto no es ni mucho menos despreciable, se trata ni más ni menos que de sostenibilidad y esto es mucho más importante en el largo plazo que convertir a los campesinos en supuestos empresarios u obreros.

Definitivamente es necesario afectar radicalmente la gran propiedad en favor de la pequeña y mediana, complementado con otras medidas (comercialización, agroindustria, distribución y financiamiento como plantea Machado). Pero pensar en equilibrios entre relaciones absolutamente asimétricas y con tal disparidad en el régimen de tenencia de la tierra, responde a una concepción desarrollista inviable en estos países. Supone una clase terrateniente y empresaria con visión de desarrollo nacional, que no existe. El capitalismo colombiano no transitó por una revolución democrático- burguesa, que es lo que supondría el planteamiento de Machado Por el contrario está totalmente ligada y subordinada a los grandes intereses de multinacionales y los dictámenes del FMI, BM, OMC.

La política agraria del gobierno de Uribe Vélez, es, a todas luces, retardataria respecto de la que existía aún con sus evidentes limitaciones. Claramente está diseñada como una pieza más de una estrategia política, económica y militar de control de territorios, expropiación violenta, rompimiento del movimiento social agrario, eliminación física de la oposición y control social, cuyo propósito fundamental es “ajustar” el agro y el país en general a las exigencias de un modelo socioeconómico y político internacional, que subordina a sus propios intereses el futuro de las naciones y los pueblos sometidos, con la complicidad de sus gobernantes y las clases dominantes.

Todo esto para mantener la tasa de ganancia y el nivel de acumulación capitalista imponiendo una nueva repartición del mundo, ésta vez no solamente geográfica, sino profundizando una división internacional del trabajo que acentúa la dependencia y la dominación y hace más poderosas a las grandes multinacionales, los organismos internacionales supra estatales y los países pertenecientes al exclusivo club del G-7.

Esta situación ya la observaba Lenin, cuando afirmó que “grandes sectores de la economía son sustraídos de la libre concurrencia, es así como a principios del siglo XX, el capitalismo se convierte en Imperialismo. Los cartells se ponen de acuerdo entre sí sobre las condiciones de venta, pagos, fijan cantidades a producir, establecen precios y distribuyen ganancias”.

Los cartells del siglo XXI son las grandes multinacionales industriales, comerciales y financieras, la OMC, el Banco Mundial y el FMI, que logran subordinar a los estados para que legislen en favor de sus intereses económicos, e imponen una legislación internacional capitalista que orienta la legislación en los países de su órbita, para lograr producir, vender y distribuir ganancias de común acuerdo, cada vez menos dentro del postulado liberal clásico de libre concurrencia.
El papel de los estados, en el marco del neoliberalismo, se ha desdibujado para efectos de políticas sociales, pero no en materia de regulación/intervención de la economía, es decir cuando se trata de ser funcionales a los dictámenes de los organismos internacionales que trazan las políticas económicas internacionales.
La legislación agraria en Colombia es un claro ejemplo de tal situación. Se legisla para satisfacer las exigencias y necesidades de las multinacionales y los capitalistas nacionales; se “legaliza” el despojo de tierras y territorios; se “moderniza” el campo para que responda a la demanda internacional de producción de materias primas para agro combustibles, alimentos procesados y otros.

Se privatizan bosques y parques naturales y se pretende hacer lo mismo con el agua. Los elementos más vitales para la humanidad se convierten en mercancías; ya no interesa tanto su valor de uso, lo importante es su valor de cambio.

Con el Estatuto de Desarrollo Rural y otras leyes que afectan al agro, se legaliza el despojo de cinco millones de hectáreas; se asegura el destierro y desarraigo de más de cuatro millones de colombianos, se tira por el abismo la protección milenaria que de la biodiversidad han hecho los pueblos originarios y ancestrales; se impone una política agraria funcional a los intereses del capitalismo internacional. El maíz, la yuca, la caña de azúcar, la remolacha ya no serán más alimentos para seres humanos, sino combustible para los automóviles.

En el marco del TLC el gobierno nacional es cómplice con los intereses neoliberales de “especializar” a estos países en cultivos sobre ofrecidos a nivel mundial, para resolver el problema energético del capitalismo, bajo el supuesto (total hipocresía) de buscar alternativas que reemplacen a los combustibles de origen fósil para detener la crisis ambiental que padece el planeta.

Este propósito sólo en apariencia resulta cierto y no habría que oponerse si efectivamente se quisiera mejorar la calidad de vida de la humanidad y recuperar el medio ambiente, pero realmente obedece a la necesidad de los países europeos y EEUU de contrarrestar los altos precios del petróleo presionados por la OPEP y mantener intactas las reservas estratégicas de petróleo de EEUU, al tiempo que se provoca el agotamiento de las reservas de los países árabes y de Venezuela. Una vez logrado esto la producción de agro combustibles pasará a un segundo orden y de nuevo se entronará el negocio del petróleo, bajo el control absoluto de EEUU.

El discurso “ambientalista” neoliberal no es más que una estrategia para controlar el mercado de los combustibles a nivel internacional, a costa de los países que entregarán su seguridad y soberanía alimentaria.

El gobierno tiene previsto como meta para los próximos 10 años tener más de cuatro millones de hectáreas sembradas de palma aceitera y otros agro combustibles, en zonas ricas en biodiversidad como los llanos orientales, la selva chocoana y el resto del pacífico, contribuyendo de esta manera al recetario neoliberal.
En Colombia el negocio de los agro combustibles sólo beneficiará a sólidos conglomerados económicos, pero se quiere hacer creer a los pequeños y medianos agricultores que serán ganadores en ese negocio. Esto es falso por varias razones: la primera porque pe. El cultivo de palma aceitera es de tardío rendimiento, el retorno de la inversión no es posible antes de 5 años y obtener algún rendimiento demorará aún más, entonces el negocio sólo es rentable para empresarios con capacidad de inversión a largo plazo. Además se tiene calculado que es rentable en grandes extensiones de tierra, lo que deja por fuera a pequeños y medianos propietarios.

A lo sumo podrán sumarse al negocio arrendando sus tierras a grandes productores, lo que les implicará quedar atados a un proyecto de largo plazo y descartar la movilidad que les permite los cultivos transitorios pasando de uno a otro buscando la mejor rentabilidad. Es decir, se convierten en socios menores que no obstante que contribuyen de manera importante en la inversión, participan poco o nada de las ganancias.

El TLC que aparentemente estaría envolatado por cuenta de la oposición del Partido Demócrata de EEUU, en razón de la situación de DDHH en Colombia, realmente no corre tal riesgo porque los gringos han demostrado históricamente que en asuntos estratégicos para la estabilidad del imperio, no tienen diferencias. Bajo un gobierno demócrata fue aprobado el Plan Colombia sin que las violaciones de derechos humanos por su implementación le preocuparan, posteriormente fue ratificada su continuidad bajo un gobierno republicano y la actitud ha sido idéntica.
Las diferencias entre Republicanos y Demócratas frente al TLC son de orden estrictamente electoral, no de principios, así los últimos invoquen la grave situación derechos humanos y la persecución que sufren los sindicalistas en Colombia, como razones para objetar su aprobación. Lo cierto es que detrás de la hipocresía de sus reparos está la presión de decir algo sobre la situación humanitaria en Colombia y mostrarse preocupados por la implicaciones que el TLC pueda tener para la estabilidad laboral de los obreros norteamericanos, de lo contrario corren el riesgo de enemistarse con sus amplias bases electorales entre los sindicatos estadounidenses, sobre todo en momentos cercanos a las elecciones presidenciales.

La supuesta preocupación por los derechos humanos de los Demócratas gringos no es más que pura demagogia de corte imperialista o neoliberal, parecida a la que “encarna” la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez… tal para cual.


NOTAS:

(1) El artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural establece entre los objetivos: “Adecuar al Sector Rural y Agroindustrial a la internacionalización de la economía, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”. La primera parte de la formulación de este objetivo se está cumpliendo cabalmente, pero la segunda que se refiere a la supuesta equidad, reciprocidad y conveniencia nacional es pura demagogia, como lo demuestran la condiciones desfavorables para el agro colombiano, en el marco de las negociaciones del TLC con EU y más recientemente con Canadá.
(2) El brasileño Ruy Mauro Marini, define la dependencia como una “relación de subordinación entre naciones formalmente independientes, en cuyo marco las relaciones de producción de las naciones subordinadas son modificadas o recreadas para asegurar la reproducción ampliada de la dependencia. El fruto de la dependencia no puede ser, por ende, sino más dependencia, y su liquidación supone necesariamente la supresión de las relaciones de producción que ella involucra”.


(3) Para Theotonio Dos Santos “la dependencia es una situación donde la economía de cierto grupo de países está condicionada por el desarrollo y expansión de otra economía a la cual se somete aquella. La relación de interdependencia establecida por dos o más economías, y por estas y el comercio mundial, adopta la forma de dependencia cuando algunos países (los dominantes) pueden expandirse y autoimpulsarse, en tanto que otros (los dependientes) sólo pueden hacerlo como reflejo de esa expansión, que puede influir positiva o negativamente en su desarrollo inmediato. De cualquier manera, la situación básica de dependencia lleva a los países dependientes a una situación global que los mantiene atrasados y bajo la explotación de los países dominantes”.
(4) Tomado del Documento: 12 razones para rechazar el documento de “Estrategia de cooperación internacional para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.

(5) Según José Antonio Ocampo, la burguesía colombiana tiene una vocación especulativa, que consiste en producir de acuerdo a las “oportunidades” que brinda el mercado internacional. Esto que señala Ocampo va en detrimento de un desarrollo propio y sostenible y aumenta la dependencia.
(6) El artículo 4 numeral 3 de la Ley de Desarrollo Rural establece:..”Prestar apoyo y asesoría a los beneficiarios antes señalados, en los procesos de adquisición de tierras que ellos promuevan, a través de los mecanismos del subsidio directo y de libre concurrencia, para el desarrollo de proyectos productivos rentables, y adaptados a las condiciones reales de los mercados internos y externos, y correlacionados con las políticas del Ministerio de Agricultura y los planes y programas de desarrollo regional y rural”.
(7) ARTÍCULO 29°.- Dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vigencia de la presente Ley, la Unidad (nacional de tierra) traspasará en propiedad o por contrato de administración, los Distritos de Adecuación de Tierras que aún le pertenecen, a las respectivas Asociaciones de Usuarios con todos sus activos y obligaciones, y en adelante serán éstas asociaciones o entidades las encargadas de todos los asuntos atinentes a la administración, operación y
conservación de tales Distritos.

(8) ARTÍCULO 17º: Las funciones generales del Consejo Nacional de Tierras CONATI serán las siguientes:
1. Definir, con el voto favorable del Ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural, las políticas, la administración y el uso de tierras rurales, así
como el presupuesto que la Unidad Nacional de Tierras Rurales destine
al desarrollo de esa política.
2. Definir las políticas de administración y uso de las tierras de propiedad
de la Nación.
3. Adoptar criterios para la disposición y uso de dichas tierras.
4. Adoptar decisiones frente a posibles conflictos en el uso de tierras.
5. Coordinar la planeación del uso de las tierras de la Nación.
6. Expedir su propio reglamento.
7. Las demás que le señale la ley.

(9) Artículo 22 Parágrafo.- La designación de los representantes de los gremios, de las organizaciones campesinas, de las comunidades indígenas, de las comunidades negras, de organizaciones de mujeres campesinas, y de las secretarías de agricultura departamentales serán objeto de reglamentación por parte del Gobierno Nacional.

(10) Según el Estatuto de Desarrollo Rural:

El INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL– INCODER, tendrá por objeto fundamental promover y apoyar la ejecución de la política establecida por el Ministerio de Agricultura para fomentar el desarrollo productivo agropecuario, forestal y pesquero en el medio rural, facilitar a la población campesina el acceso a los factores productivos, fortalecer a las entidades territoriales y sus comunidades, y propiciar la articulación de las acciones institucionales que forman parte del sistema nacional de desarrollo rural, bajo principios de competitividad, equidad,
sostenibilidad, multifuncionalidad y descentralización, para contribuir a mejorar los índices de calidad de vida de los pobladores rurales y al desarrollo socioeconómico del país.

La UNIDAD NACIONAL DE TIERRAS RURALES es el instrumento de planificación, administración y disposición de los predios rurales de propiedad de la Nación, con el propósito de lograr su apropiada utilización de acuerdo con la vocación y los fines que correspondan.

(11) “El modelo que se define en el proyecto (de ley) margina en la práctica al pequeño campesino, a las minorías étnicas del país y a la población desplazada del goce efectivo del acceso a la tierra y de la obtención de subsidios para proyectos productivos y adecuación de tierras”. Edgardo Maya en carta enviada al Ministro de Agricultura. Tomado de Hechos del Callejón.
(12) Entrevista concedida a Actualidad Étnica el 29 de junio de 2007.
(13) Artículos 60 y 62 del Estatuto de Desarrollo Rural.
(14) Artículo 67 del Estatuto de Desarrollo Rural.
(15) Artículos 136, 137 y 138 del Estatuto de Desarrollo Rural
(16) Artículo 91. Parágrafo: Tal adjudicación sólo será procedente cuando el uso del baldío se haya llevado a efecto en virtud de un contrato celebrado con el Instituto, mediante el cual la sociedad se comprometa a trabajar una superficie no menor de las dos terceras partes de la extensión solicitada, en los cultivos, actividad ganadera, acuícola o forestal convenida, dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha del contrato respectivo. Cuando la sociedad adjudicataria requiera para su trabajo una extensión adicional a la inicialmente adjudicada, podrá permitirse por una sola vez la elaboración de un nuevo contrato de uso en favor de la sociedad, hasta por una extensión igual, por un término de dos (2) años, al vencimiento del cual, si hubiere dado cumplimento a las contraídas, se autorizará la venta del terreno baldío conforme al precio que señale el Consejo Directivo. En todo caso, el incumplimiento de las obligaciones durante la vigencia del contrato dará lugar a la declaratoria de caducidad y a la recuperación de los terrenos baldíos.

(17) Artículo 106 del Estatuto de Desarrollo Rural.
(18) Joseph Stiglitz de nacionalidad estadounidense, premio nobel de economía e importante ex -funcionario del Banco Mundial advierte que “la lista de las legítimas reclamaciones contra la inversión extranjera directa tiene más aspectos. Dicha inversión a menudo sólo florece a merced de privilegios especiales arrancados a los Estados. Privilegios que con frecuencia son el resultado del soborno a funcionarios del gobierno. La inversión extranjera directa solo llega al precio de socavar los procesos democráticos”. Ejemplo de estos privilegios que señala Stiglitz son el Estatuto de Desarrollo Rural, la Reforma al Código minero, Ley Forestal, etc.






BIBLIOGRAFIA

Machado, Absalón. La Cuestión Agraria en Colombia.
Ocampo, José Antonio. Colombia y la Economía Mundial.
Vladimir Illich; Lenin. El Imperialismo Fase Superior del Capitalismo.
Departamento Nacional de Planeación. Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social.
Estatuto de Desarrollo Rural.
Actualidad Étnica. “Estatuto de Desarrollo Rural una estocada mortal para los pueblos indígenas. Entrevista a Luis Evelis Andrade, presidente de la ONIC. Junio 29 de 2007.
Artículos de prensa alternativa, oficial y medios masivos.