Eduardo León Navarro
Septiembre 03 de 2010
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo ha presentado oficialmente los lineamientos de la política de tierras del gobierno en dos oportunidades en las últimas semanas; una con ocasión del debate de tierras convocado por los Representantes a la Cámara Cepeda, Arias y Rivera, y otra en el cierre de un ciclo de seminarios de la Sociedad Geográfica de Colombia.
A manera de corolario el ministro Restrepo advirtió que la política de tierras es uno de los elementos de la política agraria, sin que haya explicitado en qué consiste esta última. Supone uno entonces que el modelo de desarrollo rural que se ha impuesto en los últimos años continuará: profundización de la reprimarización de la economía nacional funcional a la demanda de insumos del mercado internacional para la agroindustria, lo cual respondería a que “La burguesía colombiana tiene una vocación especulativa, que consiste en producir de acuerdo a las “oportunidades” que brinda el mercado internacional” (1) , y a la inversión extranjera en la industria extractiva. Esta última ya cuenta con la seguridad jurídica que le brinda el Código de Minas para mantener la política de confianza inversionista inaugurada por el ex presidente Uribe.
El ministro habló de la existencia de un potencial de 21 millones de hectáreas para la agricultura, comparado con los 4.9 millones dedicados actualmente. Considera el ministro que “Esta superficie se ha venido concentrando en cultivos permanentes, con el 60% del área total, generando un mayor grado de especialización y más estabilidad en la oferta de alimentos en el mediano y largo plazos”. Pero la realidad está mostrando que dentro de esos cultivos permanentes los agrocombustibles, cada vez más, disputan el uso suelo a los cultivos alimentarios. De mantenerse esa tendencia, como en efecto sucederá, puede deducirse que el potencial para la agricultura lo será prioritariamente para cultivos permanentes agroindustriales, con participación fuerte de agrocombustibles.
Resaltó la existencia de un potencial de 14 millones de hectáreas para plantaciones forestales frente a las 350.000 utilizadas hoy en día. Es evidente el interés implícito del gobierno por usar ese potencial de tierras para este tipo de plantaciones en detrimento de la producción de alimentos.
Destacó que sólo 20 millones de las dedicadas a ganadería de un total de 38.6 millones son aptas para tal efecto. Reforzó el análisis de estas cifras afirmando que una hectárea de agricultura genera 12.5 veces más valor agregado que una de ganadería. Hasta aquí habría que estar parcialmente de acuerdo con el ministro. No se ampliaría la frontera agrícola y se cambiaría el uso del suelo en favor de la agricultura.
La pregunta que surge es qué tipo de agricultura se priorizará. Una que fortalezca la economía campesina acompañada de tecnificación, comercialización y créditos blandos para que sea sostenible, a la vez que resuelve el problema de seguridad y soberanía alimentarias, o se priorizaría el uso del suelo para consolidar la agroindustria, profundizando nuestra dependencia a la creciente importación de alimentos que se pueden producir en nuestros suelos.
Los componentes de la política de tierras según el ministro Restrepo serán seis: 1) mejorar el acceso a tierras; 2) modificar el uso de la tierra; 3) formalizar la propiedad rural; 4) restitución de tierras; 5) extinción de dominio de tierras ilícitas; y 6) modernización del impuesto predial. A primera vista estas medidas parecen ser bastante progresistas.
Veamos el trasfondo. En cuanto al acceso a tierras, entre otras medidas, plantea la creación de Zonas de Reserva Campesina; realmente no es nada nuevo es una reivindicación del campesinado colombiano contemplada en la Ley 160 de 1994 cuya reglamentación está suspendida. El gobierno restringe su implementación en tierras alejadas de los centros de consumo, lo que a lo sumo favorecería una economía campesina de pan coger.
Con base en una cifra conservadora de dos millones de hectáreas despojadas, como el propio ministro reconoce, plantea una política de restitución de tierras. Para implementarla radicará un proyecto de ley que, entre otras medidas, contempla que el Ministerio de Agricultura acreditará los derechos despojados por la violencia, se invertirá la carga de la prueba liberando de esta al despojado, se tipificarán los delitos de despojo y testaferrato, se habilitará una jurisdicción agraria, y se creará una especie de catastro del despojo (sabrá acaso que esa es una de las estrategias del Movice contra la impunidad). Medidas que a primera vista resultan favorables a las víctimas. Ojalá no terminen siendo letra muerta y la ley de tierras un instrumento útil solamente para la diplomacia internacional en materia de derechos humanos.
Adicionalmente el ministro anunció un plan de choque para la restitución de tierras que incluye, revocar resoluciones del antiguo INCORA y el INCODER que declararon la caducidad de títulos de predios “abandonados” por desplazados, los cuales posteriormente fueron adjudicados a terceros. No se trata ni mucho menos un acto de generosidad, es lo menos que debe hacer un gobierno que se precie de legítimo y democrático.
El tema de la formalización de la propiedad rural que en principio suena pertinente y adecuado, provoca dudas y especulaciones legítimas. Para el ministro la formalización masiva hace parte de la formalización de la economía y la piensa desarrollar a través de un “Programa de Formalización de Pequeña Propiedad Rural”, que según las cifras que presentó abarcaría a 1.2 millones de predios rurales informales.
La duda que surge es que una vez formalizada la propiedad mediante la titulación, estas tierras estarían en condiciones jurídicas idóneas para entrar al mercado especulativo de tierras frente al cual los campesinos, ante la quiebra y la ausencia de políticas de fomento de la economía campesina, estarían muy vulnerables frente a las ofertas de compra de sus propiedades por parte de agroindustriales, convirtiendo así lo que, en principio, aparenta ser un programa de seguridad jurídica de la pequeña propiedad, en un despojo legalizado al estilo del que se está perpetrando en los Monte de María, por ejemplo. Es decir se estaría, a la larga, favoreciendo la concentración de la propiedad de la tierra. No sería más que otra forma de despojo “legal” como la están catalogando diferentes organizaciones agrarias.
Refuerza cualquier sospecha de favorecimiento a la concentración de tierras, la respuesta del ministro Restrepo a la pregunta del Senador Robledo (2) sobre la intencionalidad desde del gobierno de acabar con la traba burocrática de las UAF(3) , su respuesta es que van a hacer proyectos para entregar tierras (del Estado) en concesiones por encima de la UAF, en el Vichada y en el resto de los Llanos Orientales.
Surgen un par de preguntas para el ministro, primera: ¿en dónde está la redistribución de la tierra?, una más: ¿cuáles son las políticas de fomento a la economía campesina para que la restitución y la formalización de tierras no terminen siendo funcionales a una mayor concentración de la propiedad, la consolidación del modelo agroexportador y la liquidación de la economía campesina?
Es obvio concluir, o al menos sospechar, que el latifundio se mantendrá incólume, lo mismo que el modelo agroexportador y extractivista. La economía campesina, por el contrario, quedará aún más maltrecha. Cómo decía un campesino de Vista Hermosa (Meta) que increpó al ministro “los campesinos no somos pobres, somos ilíquidos y nos hacen programas para pobres”. Ni más, ni menos. La política de tierras del gobierno de Santos no constituye ni siquiera el asomo de una reforma agraria(4).
Queda entonces la duda sobre si no estaría el gobierno hablando del mismo perro con diferente collar, pasando del modelo del despojo y el desarraigo territorial a una pretendida restitución y formalización de la pequeña propiedad, bajo un denominador común: ambas políticas son funcionales al modelo de desarrollo rural, afín, a su vez, al modelo neoliberal.
La política de tierras anunciada por el gobierno de Santos ha despertado simpatías y elogios entre connotados “formadores de opinión” y uno que otro despistado; sin duda contiene elementos reivindicados por las comunidades agrarias. Está por verse su implementación. Tenemos que exigir su concreción. Pero no afecta en lo sustancial un modelo de desarrollo agrario injusto e inequitativo que sigue siendo uno de los cimientos del conflicto social, político, económico y armado que padece el país.
Notas:
(1)OCAMPO, José Antonio. Colombia y la economía mundial.
(2)Audio: www.moir.org.co/IMG/mp3/foro...
(3)Las Unidades Agrícolas Familiares están limitadas a 900 hectáreas. En el punto 69 del programa de gobierno de Santos se habla de eliminar esta traba burocrática.
(4)“La naturaleza de una nueva estructura de tenencia de la tierra- formas, alcances, profundidad y ritmo del proceso- se define de acuerdo con las líneas ideológicas que inspiran y conforman determinado modelo político de desarrollo nacional y de reforma agraria. Solo dentro de este necesario contexto pueden establecerse e interpretarse el contenido y la razón histórica de una reforma agraria, encuadrada tanto dentro las condiciones estructurales específicas de determinada sociedad latinoamericana como dentro de los marcos globales del sistema de relaciones internacionales de intercambio”. García Antonio. Sociología de la Reforma Agraria en América Latina. Ediciones Cruz del Sur. Página 177.
lunes, 6 de septiembre de 2010
martes, 18 de mayo de 2010
Oleada verde, no sea. . . pida explicaciones
Eduardo León
abril 2010
A falta de una propuesta alternativa que embarque el país en una solución política negociada al conflicto armado y social, fundamentada en transformaciones estructurales políticas, sociales, culturales y económicas, el llamado voto de opinión se está inclinando en favor de una propuesta de cultura anti corrupción y anti clientelista nada despreciable, pero que deja por fuera la solución a otros problemas tanto o más graves.
La verdad sea dicha por la cabeza y la boca de Mockus, Fajardo o los otros dos tenores no ha pasado una idea ni una palabra que afecten la esencia del modelo neoliberal impuesto en el país. Pero ya que el Partido Verde está capitalizando políticamente una corriente de inconformistas, cansados de los desmanes de la derecha y decepcionados de las torpezas e incoherencias de la izquierda, estos deberían hilar más fino para que no terminen arrasados por un tsunami, en vez de montados en la cresta de una ola esperanzadora.
Veamos algunos temas de su programa de gobierno que hacen conjeturar que en temas claves no se deben esperar grandes cambios. La política laboral vigente funcional a la “confianza inversionista” y plagada de normas que precarizan cada vez más el mundo del trabajo, no será cambiada por “los verdes”. Se puede inferir de la propuesta de Mockus de eximir a los empresarios del pago de parafiscales, aunque asegura que mantendrá el Sena y el ICBF. Bajo qué modalidad seguirán existiendo estas instituciones, es un interrogante que no ha resuelto. Otrora entidades estatales ayudadas por la “mano invisible”, no del mercado, sino de políticas estatales han entrado al mundo del laizzes faire- laizzes passer mutando sus usuarios en clientes y sus servicios en mercancías.
El país está en mora de tener un nuevo contrato social para el mundo del trabajo, siquiera inspirado en lo más avanzado del liberalismo burgués. Un estatuto democrático del trabajo que restituya las conquistas laborales que la clase trabajadora logró en arduas luchas, aunque no supere las relaciones de explotación propias del capitalismo.
Entre sus propuestas para un Sector Rural Moderno, propone “facilitar el acceso a la tierra y los otros factores de producción, respetando la vocación de uso de los suelos y el equilibrio entre rentabilidad y seguridad alimentaria”, y “desconcentrar la propiedad agraria y garantizar la productividad sostenible”. Falta en estos planteamientos contundencia política que indique que su horizonte es transformar el actual modelo de desarrollo rural, funcional a la agroindustria y la industria extractiva y minera.
Cuando Mockus propone “racionalizar y priorizar los subsidios y apoyos productivos hacia los sectores más generadores de empleo, divisas y seguridad alimentaria”, en esencia no rompe con la nefasta política de subsidios agrícolas existente, con la diferencia que su eventual gobierno no los entregará a dedo, sino con base en la ley. El problema no es solo la corrupción y el clientelismo, sino lo inequitativo de la repartición y definir qué modelo de desarrollo favorece. Seguridad alimentaria no implica soberanía alimentaria, la diferencia la conocen muy bien nuestras comunidades rurales. Se trata de garantizar ambas y eso no cabe en un modelo de desarrollo rural que prioriza la agroindustria para la exportación.
Nada indica que la productividad y competitividad para la exportación, no continuarán siendo el zumo en la propuesta agraria de Mockus, y el limón que lo produce el mismo exprimido hasta ahora: desplazamiento forzado, despojo y proletarización del campesinado, y la destrucción de la riqueza ambiental y las etnias que la han salvaguardado ancestralmente.
En esencia sus propuestas para el campo, no afectan la enjundia del modelo de desarrollo rural inmerso en una división internacional del trabajo que impone al país el papel de productor de materias primas, la parte del encadenamiento productivo con menor valor agregado. Lo que necesita Colombia es una reforma agraria que incluya las propuestas de desarrollo alternativo del campesinado, las comunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas, no el simple acceso a la tierra. Su materialización ayudaría a resolver una de las causas estructurales que perpetúan el conflicto colombiano. Esta es una política de corte democrático que la burguesía colombiana dejo como tarea para otros, siendo su responsabilidad histórica.
Para fomentar el “Patriotismo Constitucional convirtiendo a la Constitución, en su calidad de acuerdo nacional fundamental, en la carta de navegación para los ciudadanos y las instituciones”, como reza el programa de Los Tenores, habría que acordar una nueva o derogar todas las leyes que han anulado los aspectos progresistas de la Constitución del 91. Así cobraría validez su aspiración de tener “una sociedad respetuosa de las leyes, responsable y participativa”. Postulado valido para un país sometido en los últimos 8 años con mayor rigor que nunca antes, al imperio de una cultura del atajo y la ilegalidad.
Sobre la Seguridad Democrática su programa de gobierno señala que “vamos a profundizar la seguridad democrática para llegar a la legalidad democrática. Hacer con la ilegalidad lo que se hizo con las FARC: arrinconarlas políticamente, dejarlas sin justificación. Las FARC son apenas una de muchas manifestaciones de la ilegalidad en Colombia y ameritan seguir siendo combatidas sin titubeos” [1]. Es decir, profundización de la guerra, aunque se solape bajo una tal legalidad democrática, fórmula no sustancialmente distinta a la seguridad democrática Uribista. Bajo un discurso político se insiste en una salida militar, totalmente inocua para terminar el conflicto armado. Mockus, como el resto de candidatos y la candidata, también cabalga sobre el legado Uribista, parece que por convicción, no por mero cálculo político electoral.
Siendo que el Partido Verde está canalizando una importante “oleada” de opinión y descontento, ésta debería indagar más a fondo por el significado implícito de sus signos políticos e incidir en su contendido, para no tener luego un chasco atribuible también a los electores del eventual presidente Mockus, por haber tragado como cura para los males lo que -si acaso- son meros paliativos.
[1]http://www.partidoverde.org.co/Noticias/tabid/58/mid/384/articleId/142/ctl/ReadPartidoV/Default.aspx
abril 2010
A falta de una propuesta alternativa que embarque el país en una solución política negociada al conflicto armado y social, fundamentada en transformaciones estructurales políticas, sociales, culturales y económicas, el llamado voto de opinión se está inclinando en favor de una propuesta de cultura anti corrupción y anti clientelista nada despreciable, pero que deja por fuera la solución a otros problemas tanto o más graves.
La verdad sea dicha por la cabeza y la boca de Mockus, Fajardo o los otros dos tenores no ha pasado una idea ni una palabra que afecten la esencia del modelo neoliberal impuesto en el país. Pero ya que el Partido Verde está capitalizando políticamente una corriente de inconformistas, cansados de los desmanes de la derecha y decepcionados de las torpezas e incoherencias de la izquierda, estos deberían hilar más fino para que no terminen arrasados por un tsunami, en vez de montados en la cresta de una ola esperanzadora.
Veamos algunos temas de su programa de gobierno que hacen conjeturar que en temas claves no se deben esperar grandes cambios. La política laboral vigente funcional a la “confianza inversionista” y plagada de normas que precarizan cada vez más el mundo del trabajo, no será cambiada por “los verdes”. Se puede inferir de la propuesta de Mockus de eximir a los empresarios del pago de parafiscales, aunque asegura que mantendrá el Sena y el ICBF. Bajo qué modalidad seguirán existiendo estas instituciones, es un interrogante que no ha resuelto. Otrora entidades estatales ayudadas por la “mano invisible”, no del mercado, sino de políticas estatales han entrado al mundo del laizzes faire- laizzes passer mutando sus usuarios en clientes y sus servicios en mercancías.
El país está en mora de tener un nuevo contrato social para el mundo del trabajo, siquiera inspirado en lo más avanzado del liberalismo burgués. Un estatuto democrático del trabajo que restituya las conquistas laborales que la clase trabajadora logró en arduas luchas, aunque no supere las relaciones de explotación propias del capitalismo.
Entre sus propuestas para un Sector Rural Moderno, propone “facilitar el acceso a la tierra y los otros factores de producción, respetando la vocación de uso de los suelos y el equilibrio entre rentabilidad y seguridad alimentaria”, y “desconcentrar la propiedad agraria y garantizar la productividad sostenible”. Falta en estos planteamientos contundencia política que indique que su horizonte es transformar el actual modelo de desarrollo rural, funcional a la agroindustria y la industria extractiva y minera.
Cuando Mockus propone “racionalizar y priorizar los subsidios y apoyos productivos hacia los sectores más generadores de empleo, divisas y seguridad alimentaria”, en esencia no rompe con la nefasta política de subsidios agrícolas existente, con la diferencia que su eventual gobierno no los entregará a dedo, sino con base en la ley. El problema no es solo la corrupción y el clientelismo, sino lo inequitativo de la repartición y definir qué modelo de desarrollo favorece. Seguridad alimentaria no implica soberanía alimentaria, la diferencia la conocen muy bien nuestras comunidades rurales. Se trata de garantizar ambas y eso no cabe en un modelo de desarrollo rural que prioriza la agroindustria para la exportación.
Nada indica que la productividad y competitividad para la exportación, no continuarán siendo el zumo en la propuesta agraria de Mockus, y el limón que lo produce el mismo exprimido hasta ahora: desplazamiento forzado, despojo y proletarización del campesinado, y la destrucción de la riqueza ambiental y las etnias que la han salvaguardado ancestralmente.
En esencia sus propuestas para el campo, no afectan la enjundia del modelo de desarrollo rural inmerso en una división internacional del trabajo que impone al país el papel de productor de materias primas, la parte del encadenamiento productivo con menor valor agregado. Lo que necesita Colombia es una reforma agraria que incluya las propuestas de desarrollo alternativo del campesinado, las comunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas, no el simple acceso a la tierra. Su materialización ayudaría a resolver una de las causas estructurales que perpetúan el conflicto colombiano. Esta es una política de corte democrático que la burguesía colombiana dejo como tarea para otros, siendo su responsabilidad histórica.
Para fomentar el “Patriotismo Constitucional convirtiendo a la Constitución, en su calidad de acuerdo nacional fundamental, en la carta de navegación para los ciudadanos y las instituciones”, como reza el programa de Los Tenores, habría que acordar una nueva o derogar todas las leyes que han anulado los aspectos progresistas de la Constitución del 91. Así cobraría validez su aspiración de tener “una sociedad respetuosa de las leyes, responsable y participativa”. Postulado valido para un país sometido en los últimos 8 años con mayor rigor que nunca antes, al imperio de una cultura del atajo y la ilegalidad.
Sobre la Seguridad Democrática su programa de gobierno señala que “vamos a profundizar la seguridad democrática para llegar a la legalidad democrática. Hacer con la ilegalidad lo que se hizo con las FARC: arrinconarlas políticamente, dejarlas sin justificación. Las FARC son apenas una de muchas manifestaciones de la ilegalidad en Colombia y ameritan seguir siendo combatidas sin titubeos” [1]. Es decir, profundización de la guerra, aunque se solape bajo una tal legalidad democrática, fórmula no sustancialmente distinta a la seguridad democrática Uribista. Bajo un discurso político se insiste en una salida militar, totalmente inocua para terminar el conflicto armado. Mockus, como el resto de candidatos y la candidata, también cabalga sobre el legado Uribista, parece que por convicción, no por mero cálculo político electoral.
Siendo que el Partido Verde está canalizando una importante “oleada” de opinión y descontento, ésta debería indagar más a fondo por el significado implícito de sus signos políticos e incidir en su contendido, para no tener luego un chasco atribuible también a los electores del eventual presidente Mockus, por haber tragado como cura para los males lo que -si acaso- son meros paliativos.
[1]http://www.partidoverde.org.co/Noticias/tabid/58/mid/384/articleId/142/ctl/ReadPartidoV/Default.aspx
jueves, 18 de marzo de 2010
En Colombia el que escruta elige, así ha sido siempre
Eduardo León
Marzo 16 de 2010
No es asunto del pasado. Las irregularidades en los procesos electorales en Colombia, son tema recurrente de noticia y análisis. Basta haber observado con atención en cualquier puesto de votación, para corroborar que las elecciones parlamentarias están viciadas de corrupción, compra-venta de votos, constreñimiento al elector, carruseles y otras prácticas que atentan contra la libre participación ciudadana.
Tampoco es novedoso que durante el conteo y escrutinio de votos se terminen de ajustar los resultados en favor de quienes detentan el poder. Ya sea sumando artificialmente votos o manipulando los resultados. Salvo las votaciones de candidatos y candidatas cuyos resultados electorales resultaría difícil manipular, porque cuentan con un potencial de votación cautiva debido a sus buenos desempeños como parlamentarios, han ganado una buena imagen por su trabajo en algún campo, o cuentan con el poder para salvaguardarla, cualquiera otra es fácilmente manipulable en el conteo y escrutinio. Especialmente las votaciones modestas de campañas sin capacidad logística para vigilar sus votos. Sucede igual a candidatos oficialistas como de oposición.
Si varios de estos candidatos y candidatas se atrevieran a impugnar las elecciones encontrarían sus votos envolatados sumando en favor de otros, amigos y no amigos. El que escruta elige, esa ha sido la norma rectora de la pretendida democracia de este país.
Para entender la trifulca que se ha armado en torno a la consulta interna conservadora para escoger candidato presidencial hay que responder a la pregunta: a quién o qué intereses favorece. No resulta inverosímil, como se está rumorando, que exista fraude, muy seguramente orquestado por ambos precandidatos. Cada quien desde sus trincheras politiqueras y redes de corrupción. Están buscando posicionarse con respecto al Partido de la U, ganador de las elecciones parlamentarias, y poner un alto precio a su adhesión para asegurar que el Uribismo gane las elecciones presidenciales en la primera vuelta, o en la segunda; uno u otro escenario depende de qué tanto logren tranzar para repartirse el poder.
El historial de oportunismo, clientelismo y politiquería de los dos precandidatos del conservatismo solo tiene diferencia generacional. Ambos han demostrado gran capacidad para acomodarse rápidamente en las altas esferas del poder político. Esta es una pelea por el botín y por ser el segundón del patrón. El partido conservador es indispensable para mantener la coalición politiquera que detenta el poder, lo saben perfectamente Sanín y Arias. Son conscientes que su lealtad al Uribismo será bien recompensada.
La otra parte de la respuesta a la pregunta formulada, hay que buscarla por los lados de Uribe y sus acólitos. Necesitan asegurar la adhesión del conservatismo para las elecciones presidenciales y lo quieren lograr en la primera vuelta “para ahorrarle preocupaciones al país”, como dice Juan Manuel Santos. Como buenos pescadores revuelven las aguas del río para obtener mayores ganancias. Una victoria contundente de Arias o Sanin, es el peor escenario. Una reñida victoria de cualquiera de los dos es el resultado ideal para bajarle a sus pretensiones burocráticas. Si acaso quien resultara perdedor amenazara con unirse a la oposición, no pasará de ser una estrategia más para ponerse precio. Aún en este escenario Uribe y sus socios sabrán resolver el impase por las buenas o por las malas.
En medio de este desalentador panorama, resulta esperanzador que un candidato como Iván Cepeda haya logrado llegar a la Cámara de Representantes. Bien por Iván y por lo que representa. Me alegro por él y otras personas de izquierda y democráticas que se han ganado el respeto y apoyo del llamado voto de opinión. La tarea es canalizar esa corriente más allá de la simpatía hacia personas tan valiosas como Iván.
Marzo 16 de 2010
No es asunto del pasado. Las irregularidades en los procesos electorales en Colombia, son tema recurrente de noticia y análisis. Basta haber observado con atención en cualquier puesto de votación, para corroborar que las elecciones parlamentarias están viciadas de corrupción, compra-venta de votos, constreñimiento al elector, carruseles y otras prácticas que atentan contra la libre participación ciudadana.
Tampoco es novedoso que durante el conteo y escrutinio de votos se terminen de ajustar los resultados en favor de quienes detentan el poder. Ya sea sumando artificialmente votos o manipulando los resultados. Salvo las votaciones de candidatos y candidatas cuyos resultados electorales resultaría difícil manipular, porque cuentan con un potencial de votación cautiva debido a sus buenos desempeños como parlamentarios, han ganado una buena imagen por su trabajo en algún campo, o cuentan con el poder para salvaguardarla, cualquiera otra es fácilmente manipulable en el conteo y escrutinio. Especialmente las votaciones modestas de campañas sin capacidad logística para vigilar sus votos. Sucede igual a candidatos oficialistas como de oposición.
Si varios de estos candidatos y candidatas se atrevieran a impugnar las elecciones encontrarían sus votos envolatados sumando en favor de otros, amigos y no amigos. El que escruta elige, esa ha sido la norma rectora de la pretendida democracia de este país.
Para entender la trifulca que se ha armado en torno a la consulta interna conservadora para escoger candidato presidencial hay que responder a la pregunta: a quién o qué intereses favorece. No resulta inverosímil, como se está rumorando, que exista fraude, muy seguramente orquestado por ambos precandidatos. Cada quien desde sus trincheras politiqueras y redes de corrupción. Están buscando posicionarse con respecto al Partido de la U, ganador de las elecciones parlamentarias, y poner un alto precio a su adhesión para asegurar que el Uribismo gane las elecciones presidenciales en la primera vuelta, o en la segunda; uno u otro escenario depende de qué tanto logren tranzar para repartirse el poder.
El historial de oportunismo, clientelismo y politiquería de los dos precandidatos del conservatismo solo tiene diferencia generacional. Ambos han demostrado gran capacidad para acomodarse rápidamente en las altas esferas del poder político. Esta es una pelea por el botín y por ser el segundón del patrón. El partido conservador es indispensable para mantener la coalición politiquera que detenta el poder, lo saben perfectamente Sanín y Arias. Son conscientes que su lealtad al Uribismo será bien recompensada.
La otra parte de la respuesta a la pregunta formulada, hay que buscarla por los lados de Uribe y sus acólitos. Necesitan asegurar la adhesión del conservatismo para las elecciones presidenciales y lo quieren lograr en la primera vuelta “para ahorrarle preocupaciones al país”, como dice Juan Manuel Santos. Como buenos pescadores revuelven las aguas del río para obtener mayores ganancias. Una victoria contundente de Arias o Sanin, es el peor escenario. Una reñida victoria de cualquiera de los dos es el resultado ideal para bajarle a sus pretensiones burocráticas. Si acaso quien resultara perdedor amenazara con unirse a la oposición, no pasará de ser una estrategia más para ponerse precio. Aún en este escenario Uribe y sus socios sabrán resolver el impase por las buenas o por las malas.
En medio de este desalentador panorama, resulta esperanzador que un candidato como Iván Cepeda haya logrado llegar a la Cámara de Representantes. Bien por Iván y por lo que representa. Me alegro por él y otras personas de izquierda y democráticas que se han ganado el respeto y apoyo del llamado voto de opinión. La tarea es canalizar esa corriente más allá de la simpatía hacia personas tan valiosas como Iván.
miércoles, 3 de marzo de 2010
¿Cómo le pareció la decisión de la Corte sobre el referendo?
Eduardo León Navarro
Fue la pregunta que le hice a un amigo y su respuesta fue sorprendentemente elocuente y esperanzadora “hubiera sido mejor derrotar a Uribe en las urnas, hundiéndole el referendo”.
Sobre la decisión de la Corte Constitucional se han dicho muchas cosas por parte de los analistas políticos y la doxa popular: que marcó el fin de la era Uribe, que los Uribistas sin Uribe como candidato son minoría (cuál sería la mayoría, acaso la suma de las otras minorías), que se demostró la independencia de la Corte, que el Estado de Derecho derrotó al estado de opinión, que la Corte salvó a Uribe de una derrota en las urnas (la votación no habría alcanzado el umbral establecido para que el referendo fuera válido), que el fallo fue político y no en derecho.
Jose Obdulio Escobar, “la inteligencia superior de Uribe”, considera que como la competencia política no es un simple juego de parqués en donde el resultado depende del aleatorio capricho de los dados, sino que se asocia más al ajedrez, por lo compleja que resulta ser. Afirmó en su columna de El Tiempo que “En el debate del referendo, el antiuribismo se metió en la trampa y ayudó a decantar el liderazgo Uribista: algunos mostraron su inconsistencia o escasa lealtad, mientras que otros reafirmaron su solidez de principios y fortaleza de ánimo, particularmente para enfrentar al terrorismo” . Cierto, o no, que el resultado del fallo de la Corte Constitucional haya sido parte de un espeluznante cálculo político del gobierno de Uribe, le servirá para neutralizar la creciente protesta social y reacomodar fuerzas.
Uribe como siempre se mostrará respetuoso del estado de derecho y de la independencia de las ramas del poder público, lo que realmente le importa es el continuismo de su política y su seguridad jurídica y personal. El guiño sucesoral del que tanto se habla, ya lo dio por la continuidad y afianzamiento de su política de seguridad democrática y confianza inversionista. Este guiño marcará el proceso electoral tanto para el continuismo como para la oposición. Infortunadamente esta última no estructura aún una propuesta alternativa, manteniéndose en un limbo que la desdibuja como tal. Ningún candidato presidencial de la oposición se atreve a cuestionar frontalmente la seguridad democrática, ni siquiera el candidato del PDA. Eso significa ni más ni menos que la seguridad democrática Uribista goza de cierta “legitimidad” política. La continuidad de la guerra no es cuestionada abiertamente por ningún candidato o candidata a la presidencia.
Como diría Foucault, a propósito de la inversión de la fórmula de Clausewitz, en el caso colombiano la política es la continuación de la guerra por otros medios. La seguridad democrática es la continuación de la guerra por otros medios y Uribe ha logrado entronar esta fórmula entre continuistas y opositores. El problema del poder para Uribe y sus corifeos se consolida en medio de la guerra, no deriva de la ley aunque se respalde formalmente en esta. Después de todo, como dice Foucault, entre sociedades liberales y estados totalitarios hay una filiación muy extraña. En nuestro caso aparentemente es solida la institucionalidad democrática, no hay tal, tiene que lidiar y/o contemporizar con una parainstitucionalidad representada en el estado comunitario y el estado de opinión y soportarse en el poder disciplinario y el biopoder , conceptos de Foucault que aplican perfectamente al proyecto político Uribista.
La resistencia de los sectores populares de la sociedad civil a ese poder fundamentado en la fuerza y la guerra, ha estado fincada principalmente en la ley. Tal vez es hora de que el derecho a la resistencia se ejerza en la lucha, tal como lo planteaba mi amigo cuando pensaba que era mejor haber derrotado el referendo reeleccionista en las urnas. Más valdría derrotar el poder Uribista en la lucha, que dependiendo de decisiones de poderes públicos que no obstante cumplen con su función de control, tienen que contemporizar con el autoritarismo. En este tinglado solo se propinan derrotas aparentes y, peor aún, la victoria puede terminar siendo funcional al “derrotado”.
No hay que desestimar lo dicho por José Obdulio, sea por “rabonada” o frío cálculo político: “el antiuribismo se metió en la trampa”. Tampoco hay que desestimar la decisión de la Corte, pero está por verse su real alcance. Por su parte, el movimiento popular y democrático debe crear las condiciones para librar sus luchas de resistencia en los escenarios en los que depende principalmente de su propia fuerza.
Notas:
(1) Columna de Opinión. El Tiempo 3 de marzo de 2010
(2) Poder disciplinario: poder que se aplica a los cuerpos mediante las técnicas de la vigilancia, las sanciones normalizadoras, la organización panóptica de las instituciones punitivas. Biopoder: poder que se aplica globalmente a la población, a la vida y a los seres vivientes. En el primer caso las chuzadas del DAS, por ejemplo; y, en el segundo, la implementación de la Estrategia de Recuperación Social del Territorio.
Fue la pregunta que le hice a un amigo y su respuesta fue sorprendentemente elocuente y esperanzadora “hubiera sido mejor derrotar a Uribe en las urnas, hundiéndole el referendo”.
Sobre la decisión de la Corte Constitucional se han dicho muchas cosas por parte de los analistas políticos y la doxa popular: que marcó el fin de la era Uribe, que los Uribistas sin Uribe como candidato son minoría (cuál sería la mayoría, acaso la suma de las otras minorías), que se demostró la independencia de la Corte, que el Estado de Derecho derrotó al estado de opinión, que la Corte salvó a Uribe de una derrota en las urnas (la votación no habría alcanzado el umbral establecido para que el referendo fuera válido), que el fallo fue político y no en derecho.
Jose Obdulio Escobar, “la inteligencia superior de Uribe”, considera que como la competencia política no es un simple juego de parqués en donde el resultado depende del aleatorio capricho de los dados, sino que se asocia más al ajedrez, por lo compleja que resulta ser. Afirmó en su columna de El Tiempo que “En el debate del referendo, el antiuribismo se metió en la trampa y ayudó a decantar el liderazgo Uribista: algunos mostraron su inconsistencia o escasa lealtad, mientras que otros reafirmaron su solidez de principios y fortaleza de ánimo, particularmente para enfrentar al terrorismo” . Cierto, o no, que el resultado del fallo de la Corte Constitucional haya sido parte de un espeluznante cálculo político del gobierno de Uribe, le servirá para neutralizar la creciente protesta social y reacomodar fuerzas.
Uribe como siempre se mostrará respetuoso del estado de derecho y de la independencia de las ramas del poder público, lo que realmente le importa es el continuismo de su política y su seguridad jurídica y personal. El guiño sucesoral del que tanto se habla, ya lo dio por la continuidad y afianzamiento de su política de seguridad democrática y confianza inversionista. Este guiño marcará el proceso electoral tanto para el continuismo como para la oposición. Infortunadamente esta última no estructura aún una propuesta alternativa, manteniéndose en un limbo que la desdibuja como tal. Ningún candidato presidencial de la oposición se atreve a cuestionar frontalmente la seguridad democrática, ni siquiera el candidato del PDA. Eso significa ni más ni menos que la seguridad democrática Uribista goza de cierta “legitimidad” política. La continuidad de la guerra no es cuestionada abiertamente por ningún candidato o candidata a la presidencia.
Como diría Foucault, a propósito de la inversión de la fórmula de Clausewitz, en el caso colombiano la política es la continuación de la guerra por otros medios. La seguridad democrática es la continuación de la guerra por otros medios y Uribe ha logrado entronar esta fórmula entre continuistas y opositores. El problema del poder para Uribe y sus corifeos se consolida en medio de la guerra, no deriva de la ley aunque se respalde formalmente en esta. Después de todo, como dice Foucault, entre sociedades liberales y estados totalitarios hay una filiación muy extraña. En nuestro caso aparentemente es solida la institucionalidad democrática, no hay tal, tiene que lidiar y/o contemporizar con una parainstitucionalidad representada en el estado comunitario y el estado de opinión y soportarse en el poder disciplinario y el biopoder , conceptos de Foucault que aplican perfectamente al proyecto político Uribista.
La resistencia de los sectores populares de la sociedad civil a ese poder fundamentado en la fuerza y la guerra, ha estado fincada principalmente en la ley. Tal vez es hora de que el derecho a la resistencia se ejerza en la lucha, tal como lo planteaba mi amigo cuando pensaba que era mejor haber derrotado el referendo reeleccionista en las urnas. Más valdría derrotar el poder Uribista en la lucha, que dependiendo de decisiones de poderes públicos que no obstante cumplen con su función de control, tienen que contemporizar con el autoritarismo. En este tinglado solo se propinan derrotas aparentes y, peor aún, la victoria puede terminar siendo funcional al “derrotado”.
No hay que desestimar lo dicho por José Obdulio, sea por “rabonada” o frío cálculo político: “el antiuribismo se metió en la trampa”. Tampoco hay que desestimar la decisión de la Corte, pero está por verse su real alcance. Por su parte, el movimiento popular y democrático debe crear las condiciones para librar sus luchas de resistencia en los escenarios en los que depende principalmente de su propia fuerza.
Notas:
(1) Columna de Opinión. El Tiempo 3 de marzo de 2010
(2) Poder disciplinario: poder que se aplica a los cuerpos mediante las técnicas de la vigilancia, las sanciones normalizadoras, la organización panóptica de las instituciones punitivas. Biopoder: poder que se aplica globalmente a la población, a la vida y a los seres vivientes. En el primer caso las chuzadas del DAS, por ejemplo; y, en el segundo, la implementación de la Estrategia de Recuperación Social del Territorio.
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