lunes, 6 de septiembre de 2010

Del despojo de tierras a la “restitución”: ¿Continuismo o reforma?

Eduardo León Navarro
Septiembre 03 de 2010

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo ha presentado oficialmente los lineamientos de la política de tierras del gobierno en dos oportunidades en las últimas semanas; una con ocasión del debate de tierras convocado por los Representantes a la Cámara Cepeda, Arias y Rivera, y otra en el cierre de un ciclo de seminarios de la Sociedad Geográfica de Colombia.

A manera de corolario el ministro Restrepo advirtió que la política de tierras es uno de los elementos de la política agraria, sin que haya explicitado en qué consiste esta última. Supone uno entonces que el modelo de desarrollo rural que se ha impuesto en los últimos años continuará: profundización de la reprimarización de la economía nacional funcional a la demanda de insumos del mercado internacional para la agroindustria, lo cual respondería a que “La burguesía colombiana tiene una vocación especulativa, que consiste en producir de acuerdo a las “oportunidades” que brinda el mercado internacional” (1) , y a la inversión extranjera en la industria extractiva. Esta última ya cuenta con la seguridad jurídica que le brinda el Código de Minas para mantener la política de confianza inversionista inaugurada por el ex presidente Uribe.

El ministro habló de la existencia de un potencial de 21 millones de hectáreas para la agricultura, comparado con los 4.9 millones dedicados actualmente. Considera el ministro que “Esta superficie se ha venido concentrando en cultivos permanentes, con el 60% del área total, generando un mayor grado de especialización y más estabilidad en la oferta de alimentos en el mediano y largo plazos”. Pero la realidad está mostrando que dentro de esos cultivos permanentes los agrocombustibles, cada vez más, disputan el uso suelo a los cultivos alimentarios. De mantenerse esa tendencia, como en efecto sucederá, puede deducirse que el potencial para la agricultura lo será prioritariamente para cultivos permanentes agroindustriales, con participación fuerte de agrocombustibles.

Resaltó la existencia de un potencial de 14 millones de hectáreas para plantaciones forestales frente a las 350.000 utilizadas hoy en día. Es evidente el interés implícito del gobierno por usar ese potencial de tierras para este tipo de plantaciones en detrimento de la producción de alimentos.

Destacó que sólo 20 millones de las dedicadas a ganadería de un total de 38.6 millones son aptas para tal efecto. Reforzó el análisis de estas cifras afirmando que una hectárea de agricultura genera 12.5 veces más valor agregado que una de ganadería. Hasta aquí habría que estar parcialmente de acuerdo con el ministro. No se ampliaría la frontera agrícola y se cambiaría el uso del suelo en favor de la agricultura.

La pregunta que surge es qué tipo de agricultura se priorizará. Una que fortalezca la economía campesina acompañada de tecnificación, comercialización y créditos blandos para que sea sostenible, a la vez que resuelve el problema de seguridad y soberanía alimentarias, o se priorizaría el uso del suelo para consolidar la agroindustria, profundizando nuestra dependencia a la creciente importación de alimentos que se pueden producir en nuestros suelos.

Los componentes de la política de tierras según el ministro Restrepo serán seis: 1) mejorar el acceso a tierras; 2) modificar el uso de la tierra; 3) formalizar la propiedad rural; 4) restitución de tierras; 5) extinción de dominio de tierras ilícitas; y 6) modernización del impuesto predial. A primera vista estas medidas parecen ser bastante progresistas.

Veamos el trasfondo. En cuanto al acceso a tierras, entre otras medidas, plantea la creación de Zonas de Reserva Campesina; realmente no es nada nuevo es una reivindicación del campesinado colombiano contemplada en la Ley 160 de 1994 cuya reglamentación está suspendida. El gobierno restringe su implementación en tierras alejadas de los centros de consumo, lo que a lo sumo favorecería una economía campesina de pan coger.

Con base en una cifra conservadora de dos millones de hectáreas despojadas, como el propio ministro reconoce, plantea una política de restitución de tierras. Para implementarla radicará un proyecto de ley que, entre otras medidas, contempla que el Ministerio de Agricultura acreditará los derechos despojados por la violencia, se invertirá la carga de la prueba liberando de esta al despojado, se tipificarán los delitos de despojo y testaferrato, se habilitará una jurisdicción agraria, y se creará una especie de catastro del despojo (sabrá acaso que esa es una de las estrategias del Movice contra la impunidad). Medidas que a primera vista resultan favorables a las víctimas. Ojalá no terminen siendo letra muerta y la ley de tierras un instrumento útil solamente para la diplomacia internacional en materia de derechos humanos.

Adicionalmente el ministro anunció un plan de choque para la restitución de tierras que incluye, revocar resoluciones del antiguo INCORA y el INCODER que declararon la caducidad de títulos de predios “abandonados” por desplazados, los cuales posteriormente fueron adjudicados a terceros. No se trata ni mucho menos un acto de generosidad, es lo menos que debe hacer un gobierno que se precie de legítimo y democrático.

El tema de la formalización de la propiedad rural que en principio suena pertinente y adecuado, provoca dudas y especulaciones legítimas. Para el ministro la formalización masiva hace parte de la formalización de la economía y la piensa desarrollar a través de un “Programa de Formalización de Pequeña Propiedad Rural”, que según las cifras que presentó abarcaría a 1.2 millones de predios rurales informales.

La duda que surge es que una vez formalizada la propiedad mediante la titulación, estas tierras estarían en condiciones jurídicas idóneas para entrar al mercado especulativo de tierras frente al cual los campesinos, ante la quiebra y la ausencia de políticas de fomento de la economía campesina, estarían muy vulnerables frente a las ofertas de compra de sus propiedades por parte de agroindustriales, convirtiendo así lo que, en principio, aparenta ser un programa de seguridad jurídica de la pequeña propiedad, en un despojo legalizado al estilo del que se está perpetrando en los Monte de María, por ejemplo. Es decir se estaría, a la larga, favoreciendo la concentración de la propiedad de la tierra. No sería más que otra forma de despojo “legal” como la están catalogando diferentes organizaciones agrarias.

Refuerza cualquier sospecha de favorecimiento a la concentración de tierras, la respuesta del ministro Restrepo a la pregunta del Senador Robledo (2) sobre la intencionalidad desde del gobierno de acabar con la traba burocrática de las UAF(3) , su respuesta es que van a hacer proyectos para entregar tierras (del Estado) en concesiones por encima de la UAF, en el Vichada y en el resto de los Llanos Orientales.

Surgen un par de preguntas para el ministro, primera: ¿en dónde está la redistribución de la tierra?, una más: ¿cuáles son las políticas de fomento a la economía campesina para que la restitución y la formalización de tierras no terminen siendo funcionales a una mayor concentración de la propiedad, la consolidación del modelo agroexportador y la liquidación de la economía campesina?

Es obvio concluir, o al menos sospechar, que el latifundio se mantendrá incólume, lo mismo que el modelo agroexportador y extractivista. La economía campesina, por el contrario, quedará aún más maltrecha. Cómo decía un campesino de Vista Hermosa (Meta) que increpó al ministro “los campesinos no somos pobres, somos ilíquidos y nos hacen programas para pobres”. Ni más, ni menos. La política de tierras del gobierno de Santos no constituye ni siquiera el asomo de una reforma agraria(4).

Queda entonces la duda sobre si no estaría el gobierno hablando del mismo perro con diferente collar, pasando del modelo del despojo y el desarraigo territorial a una pretendida restitución y formalización de la pequeña propiedad, bajo un denominador común: ambas políticas son funcionales al modelo de desarrollo rural, afín, a su vez, al modelo neoliberal.

La política de tierras anunciada por el gobierno de Santos ha despertado simpatías y elogios entre connotados “formadores de opinión” y uno que otro despistado; sin duda contiene elementos reivindicados por las comunidades agrarias. Está por verse su implementación. Tenemos que exigir su concreción. Pero no afecta en lo sustancial un modelo de desarrollo agrario injusto e inequitativo que sigue siendo uno de los cimientos del conflicto social, político, económico y armado que padece el país.

Notas:

(1)OCAMPO, José Antonio. Colombia y la economía mundial.
(2)Audio: www.moir.org.co/IMG/mp3/foro...
(3)Las Unidades Agrícolas Familiares están limitadas a 900 hectáreas. En el punto 69 del programa de gobierno de Santos se habla de eliminar esta traba burocrática.
(4)“La naturaleza de una nueva estructura de tenencia de la tierra- formas, alcances, profundidad y ritmo del proceso- se define de acuerdo con las líneas ideológicas que inspiran y conforman determinado modelo político de desarrollo nacional y de reforma agraria. Solo dentro de este necesario contexto pueden establecerse e interpretarse el contenido y la razón histórica de una reforma agraria, encuadrada tanto dentro las condiciones estructurales específicas de determinada sociedad latinoamericana como dentro de los marcos globales del sistema de relaciones internacionales de intercambio”. García Antonio. Sociología de la Reforma Agraria en América Latina. Ediciones Cruz del Sur. Página 177.