jueves, 18 de marzo de 2010

En Colombia el que escruta elige, así ha sido siempre

Eduardo León
Marzo 16 de 2010

No es asunto del pasado. Las irregularidades en los procesos electorales en Colombia, son tema recurrente de noticia y análisis. Basta haber observado con atención en cualquier puesto de votación, para corroborar que las elecciones parlamentarias están viciadas de corrupción, compra-venta de votos, constreñimiento al elector, carruseles y otras prácticas que atentan contra la libre participación ciudadana.

Tampoco es novedoso que durante el conteo y escrutinio de votos se terminen de ajustar los resultados en favor de quienes detentan el poder. Ya sea sumando artificialmente votos o manipulando los resultados. Salvo las votaciones de candidatos y candidatas cuyos resultados electorales resultaría difícil manipular, porque cuentan con un potencial de votación cautiva debido a sus buenos desempeños como parlamentarios, han ganado una buena imagen por su trabajo en algún campo, o cuentan con el poder para salvaguardarla, cualquiera otra es fácilmente manipulable en el conteo y escrutinio. Especialmente las votaciones modestas de campañas sin capacidad logística para vigilar sus votos. Sucede igual a candidatos oficialistas como de oposición.

Si varios de estos candidatos y candidatas se atrevieran a impugnar las elecciones encontrarían sus votos envolatados sumando en favor de otros, amigos y no amigos. El que escruta elige, esa ha sido la norma rectora de la pretendida democracia de este país.

Para entender la trifulca que se ha armado en torno a la consulta interna conservadora para escoger candidato presidencial hay que responder a la pregunta: a quién o qué intereses favorece. No resulta inverosímil, como se está rumorando, que exista fraude, muy seguramente orquestado por ambos precandidatos. Cada quien desde sus trincheras politiqueras y redes de corrupción. Están buscando posicionarse con respecto al Partido de la U, ganador de las elecciones parlamentarias, y poner un alto precio a su adhesión para asegurar que el Uribismo gane las elecciones presidenciales en la primera vuelta, o en la segunda; uno u otro escenario depende de qué tanto logren tranzar para repartirse el poder.

El historial de oportunismo, clientelismo y politiquería de los dos precandidatos del conservatismo solo tiene diferencia generacional. Ambos han demostrado gran capacidad para acomodarse rápidamente en las altas esferas del poder político. Esta es una pelea por el botín y por ser el segundón del patrón. El partido conservador es indispensable para mantener la coalición politiquera que detenta el poder, lo saben perfectamente Sanín y Arias. Son conscientes que su lealtad al Uribismo será bien recompensada.

La otra parte de la respuesta a la pregunta formulada, hay que buscarla por los lados de Uribe y sus acólitos. Necesitan asegurar la adhesión del conservatismo para las elecciones presidenciales y lo quieren lograr en la primera vuelta “para ahorrarle preocupaciones al país”, como dice Juan Manuel Santos. Como buenos pescadores revuelven las aguas del río para obtener mayores ganancias. Una victoria contundente de Arias o Sanin, es el peor escenario. Una reñida victoria de cualquiera de los dos es el resultado ideal para bajarle a sus pretensiones burocráticas. Si acaso quien resultara perdedor amenazara con unirse a la oposición, no pasará de ser una estrategia más para ponerse precio. Aún en este escenario Uribe y sus socios sabrán resolver el impase por las buenas o por las malas.

En medio de este desalentador panorama, resulta esperanzador que un candidato como Iván Cepeda haya logrado llegar a la Cámara de Representantes. Bien por Iván y por lo que representa. Me alegro por él y otras personas de izquierda y democráticas que se han ganado el respeto y apoyo del llamado voto de opinión. La tarea es canalizar esa corriente más allá de la simpatía hacia personas tan valiosas como Iván.

miércoles, 3 de marzo de 2010

¿Cómo le pareció la decisión de la Corte sobre el referendo?

Eduardo León Navarro


Fue la pregunta que le hice a un amigo y su respuesta fue sorprendentemente elocuente y esperanzadora “hubiera sido mejor derrotar a Uribe en las urnas, hundiéndole el referendo”.

Sobre la decisión de la Corte Constitucional se han dicho muchas cosas por parte de los analistas políticos y la doxa popular: que marcó el fin de la era Uribe, que los Uribistas sin Uribe como candidato son minoría (cuál sería la mayoría, acaso la suma de las otras minorías), que se demostró la independencia de la Corte, que el Estado de Derecho derrotó al estado de opinión, que la Corte salvó a Uribe de una derrota en las urnas (la votación no habría alcanzado el umbral establecido para que el referendo fuera válido), que el fallo fue político y no en derecho.

Jose Obdulio Escobar, “la inteligencia superior de Uribe”, considera que como la competencia política no es un simple juego de parqués en donde el resultado depende del aleatorio capricho de los dados, sino que se asocia más al ajedrez, por lo compleja que resulta ser. Afirmó en su columna de El Tiempo que “En el debate del referendo, el antiuribismo se metió en la trampa y ayudó a decantar el liderazgo Uribista: algunos mostraron su inconsistencia o escasa lealtad, mientras que otros reafirmaron su solidez de principios y fortaleza de ánimo, particularmente para enfrentar al terrorismo” . Cierto, o no, que el resultado del fallo de la Corte Constitucional haya sido parte de un espeluznante cálculo político del gobierno de Uribe, le servirá para neutralizar la creciente protesta social y reacomodar fuerzas.

Uribe como siempre se mostrará respetuoso del estado de derecho y de la independencia de las ramas del poder público, lo que realmente le importa es el continuismo de su política y su seguridad jurídica y personal. El guiño sucesoral del que tanto se habla, ya lo dio por la continuidad y afianzamiento de su política de seguridad democrática y confianza inversionista. Este guiño marcará el proceso electoral tanto para el continuismo como para la oposición. Infortunadamente esta última no estructura aún una propuesta alternativa, manteniéndose en un limbo que la desdibuja como tal. Ningún candidato presidencial de la oposición se atreve a cuestionar frontalmente la seguridad democrática, ni siquiera el candidato del PDA. Eso significa ni más ni menos que la seguridad democrática Uribista goza de cierta “legitimidad” política. La continuidad de la guerra no es cuestionada abiertamente por ningún candidato o candidata a la presidencia.

Como diría Foucault, a propósito de la inversión de la fórmula de Clausewitz, en el caso colombiano la política es la continuación de la guerra por otros medios. La seguridad democrática es la continuación de la guerra por otros medios y Uribe ha logrado entronar esta fórmula entre continuistas y opositores. El problema del poder para Uribe y sus corifeos se consolida en medio de la guerra, no deriva de la ley aunque se respalde formalmente en esta. Después de todo, como dice Foucault, entre sociedades liberales y estados totalitarios hay una filiación muy extraña. En nuestro caso aparentemente es solida la institucionalidad democrática, no hay tal, tiene que lidiar y/o contemporizar con una parainstitucionalidad representada en el estado comunitario y el estado de opinión y soportarse en el poder disciplinario y el biopoder , conceptos de Foucault que aplican perfectamente al proyecto político Uribista.

La resistencia de los sectores populares de la sociedad civil a ese poder fundamentado en la fuerza y la guerra, ha estado fincada principalmente en la ley. Tal vez es hora de que el derecho a la resistencia se ejerza en la lucha, tal como lo planteaba mi amigo cuando pensaba que era mejor haber derrotado el referendo reeleccionista en las urnas. Más valdría derrotar el poder Uribista en la lucha, que dependiendo de decisiones de poderes públicos que no obstante cumplen con su función de control, tienen que contemporizar con el autoritarismo. En este tinglado solo se propinan derrotas aparentes y, peor aún, la victoria puede terminar siendo funcional al “derrotado”.

No hay que desestimar lo dicho por José Obdulio, sea por “rabonada” o frío cálculo político: “el antiuribismo se metió en la trampa”. Tampoco hay que desestimar la decisión de la Corte, pero está por verse su real alcance. Por su parte, el movimiento popular y democrático debe crear las condiciones para librar sus luchas de resistencia en los escenarios en los que depende principalmente de su propia fuerza.


Notas:


(1) Columna de Opinión. El Tiempo 3 de marzo de 2010


(2) Poder disciplinario: poder que se aplica a los cuerpos mediante las técnicas de la vigilancia, las sanciones normalizadoras, la organización panóptica de las instituciones punitivas. Biopoder: poder que se aplica globalmente a la población, a la vida y a los seres vivientes. En el primer caso las chuzadas del DAS, por ejemplo; y, en el segundo, la implementación de la Estrategia de Recuperación Social del Territorio.