Eduardo León Navarro
Comité de impulso Congreso Nacional de tierras, territorios y soberanías
Documento insumo para el eje temático tierras (1)
25 de octubre de 2011
A comienzos de la década de 1990 en algunos medios académicos se propuso la noción de “nueva ruralidad”, como concepto paraguas para una agenda de investigación sobre las relaciones entre los procesos globales y los procesos territoriales (2). En el marco de este enfoque se pretende explicar que lo rural va más allá de lo agrario tradicional, contemplando variadas y complejas realidades sociales, territoriales, económicas y culturales interdependientes. En el contexto de la globalización capitalista este debate sobre la “nueva ruralidad”, terminó instrumentalizándose como soporte teórico- conceptual a “la intensificación del dominio del capital sobre el agro en el marco de un proceso capitalista crecientemente globalizado”(3). Se incorporaron “nuevas mercancías” al proceso de acumulación de capital, tales como la biodiversidad, el turismo, los servicios ambientales y la generación energética, los cuales articulados con la minería a gran escala, permitirían a los gobiernos y empresas diversificar los procesos económicos para satisfacer la demanda del mercado internacional, fortaleciéndose un proceso de transición en las políticas del desarrollo, que conduciría a complementar y superar la producción agrícola con la economía de servicios, agroindustria, la industria (principalmente extractiva) y la especulación financiera, como bases del crecimiento económico y la acumulación privada de capital.
Ese proceso conlleva implícita una “…mayor concentración de la tierra, la consolidación de un nuevo latifundismo en el medio rural relacionado con el capital financiero y agroindustrial, la mayor concentración del capital en los diversos sectores que integran los sistemas agroalimentarios de los países latinoamericanos, la provisión de nuevos insumos y tecnología agropecuaria, la transnacionalización de partes importantes del sistema agroindustrial al que se asocia al medio rural…”(4). Esta “nueva ruralidad” también conlleva una creciente descampesinización y cambios profundos en el uso del suelo; así, “han cambiado las prioridades en materia agropecuaria: la tierra, vista tradicionalmente como un recurso que debía ser utilizado para la producción de alimentos básicos, se destina cada vez más a la producción agropecuaria exportable…” (5) y al desarrollo de actividades que permitan resolver la crisis energética mundial; a la gran minería y al turismo, promoviéndose desde los Estados y las empresas privadas nacionales y extranjeras, la incorporación de grandes porciones de espacio regional a los procesos de acumulación de riqueza y explotación.
En este marco de subordinación del mundo rural al capitalismo mundial, la política agraria y de desarrollo rural del gobierno Colombiano se orienta a:
i) Asegurar la reconversión económica del uso del suelo,
ii) Profundizar el acaparamiento, despojo y extranjerización de la propiedad de la tierra y
iii) Consolidar un ordenamiento del territorio funcional a la acumulación capitalista(6).
Para tales efectos, el gobierno consiguió la aprobación en el Congreso de la República de la ley 1450 del PND, que tiene en las locomotoras agropecuaria y minera dos de las fórmulas para el crecimiento y el desarrollo económico, conjugando una tragedia histórica de explotación de materias primas con la industrialización a gran escala de procesos extractivos, la articulación al capital financiero legal e ilegal, así como a circuitos de mercado trasnacional. De forma simultánea, el gobierno promovió y logro la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, como instrumento para controlar social, económica y políticamente los territorios al privilegiar la integración funcional local y regional de municipios y departamentos, para la constitución de zonas especiales de inversión económica, imponiendo la figura del convenio –plan, lo cual contribuirá a subordinar la inversión pública a proyectos de gran envergadura definidos por el gobierno nacional. Igualmente está preparando una reforma sustancial al Código Minero que conlleva una ofensiva contra la pequeña y mediana minería, las comunidades rurales y la naturaleza. Esta reforma intenta superar las limitaciones impuestas por la Corte Constitucional(7). Como parte del paquete legislativo gubernamental se está preparando, igualmente, la ley general agraria y de desarrollo rural que en lo sustancial no se diferencia del enfoque de desarrollo rural presente en el derogado Estatuto de Desarrollo Rural del gobierno anterior(8).
Así mismo, el ejecutivo presentó al Congreso de la República un proyecto de ley sobre formalización de la propiedad (rural y urbana) para dinamizar el mercado de tierras y legalizar el despojo; incluyó en la ley de víctimas el capítulo de restitución de tierras despojadas sin garantías de sostenibilidad, seguridad, retorno, restitución, ni goce efectivo, lo que contribuirá al creciente acaparamiento de tierras y la reconversión del uso del suelo, al verse obligadas las víctimas que sean restituidas a vender sus derechos de propiedad, ante la imposibilidad de ponerlas a producir, excepto si se articulan de forma subordinada al modelo económico hegemónico de la región o pasan a ser jornaleros. A pesar de que esta ley, y otras, serán formalmente consultadas previamente con comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas, su enfoque de desarrollo no variará en lo sustancial.
Toda esta política hace parte de la fase de aseguramiento y consolidación territorial, complementada con procesos sistemáticos de desplazamiento forzado, despojo, violencia, terror y desterritorialización de pueblos y comunidades, intensificada desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y continuada por el actual. Uno de sus propósitos es “adecuar” el agro a los patrones de división internacional del trabajo y la superación de las crisis recurrentes del sistema capitalista, reprimarizando las economías de América Latina, para generar “nuevas fuentes de inversión y acumulación.
La tierra, y sus riquezas de suelo y subsuelo, a nivel mundial, son prioridad de inversión para el capital trasnacional industrial y financiero. Se constituyen en alternativas de riqueza y especulación para sortear la crisis hipotecaria y financiera en EEUU y el paulatino derrumbe de la zona Euro, que han frenado el ritmo de crecimiento de la tasa de ganancia. La tierra es objeto de especulación financiera en las bolsas, al venderse a futuro, yacimientos de oro sin explotar, cultivos sin cosechar, pozos petroleros y yacimientos mineros sin explotar, reservas de agua sin consumir, provocando entre otras cosas, aumento en los precios de los alimentos a nivel mundial, pero también del petróleo y de los combustibles. En el caso del oro, la inflación generada conducirá a otra crisis similar o peor con las consabidas consecuencias nocivas para los pueblos del mundo.
El proyecto de ley general agraria y de desarrollo rural presentado por el gobierno, plantea abordar la ruralidad desde un enfoque integral del territorio, a partir del cual, el uso adecuado del suelo deberá garantizar la productividad y la competitividad. En otras palabras, el control del territorio para producir y satisfacer principalmente las demandas del mercado internacional en condiciones de competitividad, asegurando una alta tasa de ganancia (productividad), marginando y, en consecuencia, quebrando la economía campesina y otras formas productivas propias de las comunidades y pueblos, que durante décadas, han garantizado la soberanía y solvencia alimentaria en el país, así como el abastecimiento de mercados locales y regionales.
En concordancia con este enfoque en el documento titulado “Bases del Plan de Desarrollo 2010-1014: Prosperidad para todos”(9) se define como una de las estrategias, exportar nuevos productos y concretar nuevos acuerdos comerciales, según las oportunidades del mercado (demanda capitalista de materias primas) y el desarrollo de sectores de talla mundial en materia de agro combustibles, minería, hidrocarburos, energías alternativas, agua, biodiversidad, cultura y turismo. En otras palabras, profundizar la apertura (sin mayores restricciones sociales, ambientales, laborales) al capital internacional, iniciada en los años 90.
En el Plan se plantea que el presupuesto destinado a la locomotora agropecuaria y desarrollo rural será de $11.702.486 millones comparado con $96.625.212 para desarrollo minero y la expansión energética; $33.701.343 para infraestructura y transporte y $92.152.274 para vivienda y ciudades amables. La financiación provendrá en un 40% del sector central y el 60% del sector privado, mientras que para Defensa y Seguridad Ciudadana el 100%, de un total de $59.500.505 será aportado por el gobierno central. Tomando en cuenta la procedencia oficial del presupuesto para defensa, este resulta ser 13 veces más que el de la locomotora agropecuaria. Bajo el enfoque agro empresarial de la locomotora agropecuaria, es obvio deducir que se priorizará presupuestalmente la inversión en infraestructura e incentivos para los agro negocios y sus empresarios. Equivale a decir que en esa locomotora no viajarán la economía campesina, ni la producción de alimentos, tampoco los pueblos indígenas ni las comunidades negras, a menos que trabajen o se alíen subordinadamente con las multinacionales.
El elemento central de diagnóstico del PND sobre el sector agrario es la existencia de baja competitividad y productividad atribuibles, falsamente, a la baja rentabilidad de la economía campesina. Para superar tal situación, el gobierno decide que hay que entregar la tierra al capital financiero y agroindustrial para que la competitividad sea el elemento central del modelo de crecimiento y desarrollo del sector a partir de mejorar la productividad agrícola, bajo un modelo de “empresarización del campo”. La concentración de la propiedad de la tierra a través de fraudulentas compras masivas y la reconversión del uso del suelo para proyectos madereros, ganaderos y de palma aceitera en Montes de María, son testimonios irrefutables de esta política agraria en el país. ¿Qué decir de la nueva frontera del desarrollo agroindustrial y pecuario: la altillanura?
El artículo 60 de la ley 1450 del PND modifica la Ley 160 de 1994, adicionándole el artículo 72 A(10) que allana el camino para eliminar las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) que, según el Ministro Juan Camilo Restrepo, constituyen una “traba burocrática” para el desarrollo de proyectos agro empresariales. En la práctica se crean las Unidades Agrícolas Empresariales para impulsar las Zonas de Desarrollo Empresarial, para lo cual se promoverán conglomerados productivos que integren vertical y horizontalmente la producción, transformación y comercialización, e involucrará a pequeños productores y productoras en esquemas asociativos: procesos de empresarización y articulación con empresarios privados. Esquemas asociativos absolutamente asimétricos que transformarán el campesinado en proletariado agrícola bajo el eufemismo de empresarios o marginándolos territorialmente en zonas de reserva funcionales al proceso de modernización agroindustrial.
Para apuntalar lo anterior el artículo 61 también modificatorio de la ley 160/94, mediante la adición del artículo 72B, crea la Comisión de Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario y Forestal cuya misión será bendecir legalmente la consolidación de propiedades que excedan 10 UAF para proyectos especiales agropecuarios y forestales, dando “preferencia a los casos en los cuales se aportan predios y a aquellos en los cuales se configuran alianzas o asociaciones entre pequeños, medianos y/o grandes productores”. El artículo 62 igualmente modificatorio de la ley 160 establece que “las sociedades de cualquier índole que sean reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como empresas especializadas del sector agropecuario y forestal, podrán solicitar autorización para el uso y aprovechamiento de terrenos baldíos en las Zonas de Desarrollo Empresarial.
En el marco de esa política, el gobierno nacional lanzó en el predio Carimagua el Gran Acuerdo por el Desarrollo de la Orinoquía. Productividad y competitividad serán los elementos centrales del modelo, ratificando el enfoque productivista y exportador de la locomotora agraria. Entre los objetivos del acuerdo, el gerente del INCODER destaca “que las tierras de la Orinoquia puedan recibir familias de desplazados- en el caso de Carimagua son cerca de 500-; incorporarlas a procesos productivos integrados a escala comercial y mostrar cómo se comportan cultivos como palma africana, caucho, cacao, frutales tropicales”(11). Bajo este esquema “asociativo” es previsible que el campesinado, (realmente proletariado agrícola, en esta concepción), será sometido a las condiciones de Indupalma y Fedegan, dos de los socios estratégicos del “Gran Acuerdo” establecido con estas características:
1. Alianza INCODER – Ministerio de Agricultura - Indupalma: que contempla el desarrollo de un proyecto productivo para la siembra de palma y caucho bajo el esquema de alianzas con las familias que recibirán la propiedad de la tierra, orientado hacia un esquema con mercados asegurados.
2. Alianza INCODER – Fedegan: para desarrollar el proyecto productivo ganadero con innovación tecnológica bajo la aplicación de esquemas silvopastoriles(12).
A partir de este modelo se pretende, según el gobierno, lograr una economía competitiva, productiva e innovadora, con base en los sectores dinámicos, que permitiría un mayor y mejor posicionamiento internacional en los mercados, la agenda multilateral del desarrollo y la cooperación. En realidad lo que se busca es adecuar la producción agrícola y económica a las demandas de la agroindustria y la industria mundial(13) y cumplir con las condiciones de los TLC y los acuerdos bilaterales, en detrimento de la soberanía nacional, la soberanía alimentaria y a costa de una mayor profundización de la dependencia y subordinación de nuestra economía y nuestra sociedad, en el marco de una división internacional del trabajo que nos asigna el lugar con menor valor agregado en el encadenamiento productivo mundial: productores de materias primas.
Por si no fuera suficiente la seguridad y la confianza generada a los inversionistas nacionales y extranjeros con la legislación referida, en el capítulo de restitución de tierras de la ley 1448 se crea la figura “contrato para el uso del bien restituido” estableciéndose que cuando existan proyectos agroindustriales en los predios objeto de restitución, para desarrollarlos de forma completa, un magistrado podrá autorizar la celebración de contratos entre restituidos e inversionista, sobre la base de reconocimiento del dominio y buena fe, el cual no será complejo demostrar, con la ayuda de grupos armados, algunos jueces, fiscales y testigos, en la medida en que los que han despojado, han contando con la complicidad y/o anuencia de autoridades y entidades estatales y privadas como el Fondo Ganadero de Córdoba y el Incoder, para usurpar las tierras del campesinado y las comunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas, mediante complejas argucias jurídicas y de facto.
Adicionalmente, en el proyecto de ley general agraria y de desarrollo rural bajo el eufemístico título: Incentivos para mejorar el uso del suelo, se establece el “derecho real de superficie” como derecho autónomo que otorga el uso, goce y disposición jurídica de la superficie de un predio y hace propio lo plantado, construido o ubicado en superficie ajena. Tiene una duración máxima de 30 años y es transmisible por acto entre vivos y por sucesión a causa de muerte. El propietario del derecho de superficie goza del derecho de preferencia para la adquisición del dominio del inmueble. Es decir, que la restitución material de las tierras despojadas no será posible cuando se trate de proteger a la agroindustria o la extracción de riquezas. A lo sumo habrá restitución legal, es decir restitución de los derechos de propiedad para que el predio se pueda vender o arrendar. Incluso, en predios en los que no existan proyectos agroindustriales tampoco será real y material la restitución, pues ante la inexistencia de políticas de fomento y protección de la economía campesina y/o de la producción tradicional, las personas o familias campesinas restituidas, se convertirán en rentistas o, como está sucediendo, se verían obligadas a vender sus tierras contribuyendo, por efecto de una política adversa, a la concentración de tierras. ¿Qué decir de los pueblos indígenas y de las comunidades negras?
Dentro de este mismo título en el artículo 108 el proyecto de ley establece que cuando el Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural considere conveniente adelantar cambios en el uso de suelo para lograr un aprovechamiento más eficiente, determinará “Zonas de Reconversión Productiva” (ZRP) con distintos fines:
i) Zonas de tecnificación e intensificación de la ganadería extensiva,
ii) Zonas de creación de clústers para la innovación,
iii) Zonas de modernización y diversificación de la agricultura tradicional,
iv) Zonas de concentración de la agricultura de exportación,
v) Zonas de expansión de plantaciones forestales,
vi) Zonas de sustitución de cultivos.
No se precisa en qué consiste cada una de estas ZRP, pero salta a la vista que los cambios de uso del suelo tras su declaratoria serán funcionales a la agroindustria. Las llamadas Zonas de modernización y diversificación de la agricultura tradicional podrían amañadamente entenderse como diversificación hacia monocultivos demandados por la agroindustria de alimentos procesados, en detrimento de la soberanía alimentaria.
Por si hiciera falta, hay más medidas para proteger a los despojadores de “buena fe”, el artículo 207 de la ley 1448 contempla que “…cualquier persona que demande la condición de víctima en los términos del artículo 3° de la presente ley, que utilice las vías de hecho para invadir, usar u ocupar un predio del que pretenda restitución o reubicación como medida reparadora, sin que su situación jurídica dentro del proceso de restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente haya sido resuelta en los términos de los artículos 91, 92 y siguientes de la presente ley, o en las normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen, perderán los beneficios establecidos en el Capítulo III del Título IV de esta ley”.
En otras palabras, quien se atreva a ejercer o validar su legítimo derecho a la propiedad o la posesión de la tierra usurpada será re victimizado y seguramente judicializado. En virtud de este artículo(14) se convierte al despojado en victimario y al despojador en víctima.
El gobierno de Santos seguramente argumentará que su política de tierras está inscrita en recomendaciones internacionales, como las del Banco Mundial contenidas en los Principios para una Inversión Agrícola Responsable. Recomendaciones que históricamente han sido perjudiciales para los pueblos de América Latina. Al respecto, la Vía Campesina señala que:
“…la iniciativa del Banco Mundial para que los «acaparamientos de tierras» sean más aceptables socialmente no está aportando solución alguna. Los «Principios para una Inversión Agrícola Responsable» (RAI por sus siglas en inglés) se han establecido para legitimar la apropiación de la tierra perjudicando a los pequeños productores y productoras”.
Si bien la reflexión se ha dirigido principalmente al mundo rural, los planteamientos contenidos en los documentos y leyes referidas, aplican también para la ciudad. En los centros urbanos no hablamos de tierra. Se hace referencia al problema del suelo urbano. Este también está en disputa por parte del capital nacional e internacional. Allí también se está especializando racional y económicamente el suelo urbano; se está zonificando la inversión y definiendo zonas empresariales, financieras, mineras, habitacionales y de expansión de suelo urbano, favorables todas a la especulación financiera. Como resultado o como estrategia, la población está siendo desplazada y relocalizada. Las grandes superficies, los bancos, hoteles, casinos, oficinas se disputan el suelo para empresarios internacionales y ejecutivos. Configurándose una trama urbana y una ciudad para el capital, principalmente internacional.
El trasfondo y lo sustancial del debate en el país es la confrontación entre una política funcional al modelo de desarrollo neoliberal con un enfoque productivista y desarrollista, y las concepciones de desarrollo para la vida que implementan y disputan los pueblos y las comunidades, a través de múltiples prácticas y apuestas socio políticas y territoriales.
Estas concepciones de bienestar y buen vivir, deben ser el referente político y legislativo para hombres y mujeres, para los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas y campesinas, pero también para obreros y obreras agrícolas; para los movimientos populares urbanos y de derechos humanos, en su calidad de congresistas populares en el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías. La construcción de un mandato popular alternativo para el bienestar y la vida, que a la vez, confronte las políticas del desarrollo, la acumulación y el bienestar privado, permitirá que nuestras voces se armonicen en una sola canción, animando nuestra lucha y promoviendo la unidad.
Esperamos entonces, un congreso que consulte y articule en la diversidad lo nacional y lo regional, que armonice la tierra, el territorio y la territorialidad para su protección, uso soberano y armónico con la naturaleza; que reivindique e incorpore la diversidad étnica, cultural, de género y generación. Un congreso que reconociendo que reproducimos en los territorios una cultura patriarcal que mantiene históricamente a las mujeres bajo subordinación y dominación y, también, la existencia de conflictos entre pueblos, comunidades y sectores sociales, legisle para superarlos y para que se decida colectivamente sobre los territorios reivindicando lo diverso y lo propio. Un congreso y un mandato, que defina un horizonte estratégico para caminar juntos, pero que simultáneamente defina estrategias para confrontar y neutralizar las políticas estatales que dividen e instrumentalizan las comunidades. Un Congreso que logre un mandato del pueblo para el pueblo. Un mandato diverso y unitario. Un mandato para cumplirlo.
NOTAS:
(1) Documento escrito por encargo del Comité de Impulso como aporte para la discusión del eje temático de tierras del Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías.
(2) Pérez Edelmira y Llambi Luis. Nuevas Ruralidades y Viejos Campesinismos
(3) Teubal Miguel. Globalización y nueva ruralidad en América Latina
(4) Idem
(5) Idem
(6) “El desarrollo de la forma capitalista de producción ha seccionado el nervio vital de la pequeña explotación en la agricultura; la pequeña explotación agrícola decae y marcha irremisiblemente hacia la ruina”. Engels. Federico. El problema campesino en Francia y Alemania.
(7) Sentencia C-366/11 Resuelve: Primero.- Declarar INEXEQUIBLE la Ley 1382 de 2010, “por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas”. Segundo.- Diferir los efectos de la inexequibilidad declarada por el término de dos (2) años, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
(8)Debe llamar la atención que los gobiernos endurecen las políticas luego de declaratorias de inexequibilidad, lo que implica diseñar estrategias integrales de confrontación de las políticas estatales.
(9)El documento es parte integrante de la Ley 1450 junio 2011 que aprobó el PND
(10)Artículo 72 A: Proyectos Especiales Agropecuarios o Forestales. A solicitud del interesado se podrán autorizar actos o contratos en virtud de los cuales una persona natural o jurídica adquiera o reciba el aporte de la propiedad de tierras que originalmente fueron adjudicadas como baldíos o adquiridas a través de subsidio integral de tierras, aún cuando como resultado de ello se consoliden propiedades de superficies que excedan a la fijada para las Unidades Agrícolas Familiares UAF por el INCODER, siempre y cuando los predios objeto de la solicitud estén vinculados a un proyecto de desarrollo agropecuario o forestal que justifique la operación."
(11)http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-255928-carimagua-piloto-de-desarrollo-agricola-juan-manuel-ospina-geren
(12)http://www.incoder.gov.co
(13)“La burguesía colombiana tiene una vocación especulativa, que consiste en producir de acuerdo a las “oportunidades” que brinda el mercado internacional”. Ocampo, José Antonio. Colombia y la economía mundial.
(14) Este es el penúltimo artículo de la ley 1448, incluido horas antes de su aprobación como respuesta a las acciones de retorno y recuperación de tierras adelantadas por las comunidades de Urabá y Las Pavas.
miércoles, 19 de octubre de 2011
viernes, 18 de marzo de 2011
La Saga Carimagua: Vicisitudes de un modelo “asociativo” agro empresarial.
BOGOTÁ (Colombia).- 18 de marzo de 2011
Eduardo León Navarro
El gobierno nacional lanzó en el predio Carimagua el Gran Acuerdo por el Desarrollo de la Orinoquía, considerado por el gerente de INCODER, Juan Manuel Ospina, como un modelo “piloto para el desarrollo de la región y del país, que no puede ser solo de campesinos, ni solo de empresarios; allí se necesitan campesinos organizados y proyectos empresariales que se asocien con estos campesinos para producir eficientemente”(1).
Productividad y competitividad serán los elementos centrales del modelo, ratificando el enfoque productivista y exportador de la locomotora agraria manifiesto en el documento de Bases del Plan de Desarrollo y el proyecto de ley del mismo. Entre los objetivos del acuerdo, Ospina destaca “que las tierras de la Orinoquia puedan recibir familias de desplazados- en el caso de Carimagua son cerca de 500-, incorporarlas a procesos productivos integrados a escala comercial y mostrar cómo se comportan cultivos como palma africana, caucho, cacao, frutales tropicales”(2).
Bajo un esquema asociativo se piensa involucrar a las familias beneficiarias de la entrega de tierras, esquema en el que es previsible que los campesinos no sean más que obreros agrícolas, eufemísticamente calificados de empresarios pero sometidos a las condiciones de Indupalma y Fedegan (3), dos de los socios estratégicos del Gran Acuerdo. La entrega de tierras, no es más que la forma de garantizar mano de obra barata para los agronegocios. En la región ya han incursionado el empresario Alejandro Santodomingo, Corficolombiana de Luis Carlos Sarmiento Angulo, La empresa Manuelita y multinacionales, como Mónica Colombia, entre otras. Ya puede uno imaginarse el tipo de alianzas a realizarse con los campesinos. De aquellas que le gustan al ratón con el queso.
A los trabajadores cañeros en el Valle del Cauca también se les considera empresarios, siendo en realidad obreros sin las garantías mínimas que ofrece la legislación laboral colombiana. Un esquema similar, sin duda, será el que se aplicará en Carimagua y en toda la Orinoquía. No será necesario emular el modelo Malasio, el aplicado en Colombia representa mayores garantías. El proyecto piloto Carimagua, servirá para mejorarlo, es decir para aumentar la tasa de ganancia de los grandes inversionistas.
Se pretende vender el modelo Carimagua versión Santos- Restrepo como sustancialmente distinto al que intentó montar el binomio Uribe- Arias (4), siendo un capítulo más de la saga. El modelo es el mismo: agro empresa para la exportación; la modalidad: aparentemente distinta, alianza entre grandes empresarios y “campesinos/obreros agrícolas- empresarios”; y el estilo: en locomotora en vez de caballo de paso fino, poncho y moto sierra.
A los futuros campesinos-obreros les entregarán las tierras con su uso amarrado a cultivos permanentes. Dicho de otra manera, con una especie de derecho de real de superficie en favor de los empresarios (5). A estos les interesa la tierra como factor productivo (capital) no como patrimonio, eso se los garantiza el Gran Acuerdo. Si hace falta recurrirán a la compra masiva a precio de huevo, como es bien sabido en la Orinoquía y otras regiones del país. Complementariamente, asegura el ministro Restrepo, “el Gobierno hará un desarrollo inteligente de este territorio. La altillanura merecerá para su progreso sostenible, obras de gran aliento”(6).
La futura ley de tierras garantizará una legislación favorable a los inversionistas, completando la cuarta pata de la prospera mesa de agro negocios. Las otras tres, las ya mencionadas: infraestructura, tierra (mucha tierra) y mano de obra barata (muy barata). Con un apuntalamiento para mantenerlas firmes: fuerte presencia de la Fuerza Pública. Mejores condiciones para generar “confianza inversionista” no existen en otro país del mundo. Pero si acaso los inversionistas quieren más, seguro les adornarán la mesa.
NOTAS:
(1) http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-255928-carimagua-piloto-de-desarrollo-agricola-juan-manuel-ospina-geren
(2)idem
(3)Dos de las alianzas planteadas por el ministerio de agricultura son: 1. Alianza INCODER – Ministerio de Agricultura - Indupalma: que contempla el desarrollo de un proyecto productivo para la siembra de palma y caucho bajo el esquema de alianzas con las familias que recibirán la propiedad de la tierra, orientado hacia un esquema con mercados asegurados. 2. Alianza INCODER – Fedegan: para desarrollar el proyecto productivo ganadero con innovación tecnológica bajo la aplicación de esquemas silvopastoriles. http://www.incoder.gov.co
(4)Juan Manuel Ospina, Gerente del Incoder: “Se pretende mostrar una visión diferente de la que se dio anteriormente, según la cual esta zona sólo era factible con grandes empresarios”. http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-255928-carimagua-piloto-de-desarrollo-agricola-juan-manuel-ospina-geren
(5)Derecho que el dueño de una finca otorga a un tercero para que edifique, plante o siembre quedando facultado para disfrutar y disponer libremente de las construcciones, plantaciones o siembras.
(6)http://www.incoder.gov.co
Eduardo León Navarro
El gobierno nacional lanzó en el predio Carimagua el Gran Acuerdo por el Desarrollo de la Orinoquía, considerado por el gerente de INCODER, Juan Manuel Ospina, como un modelo “piloto para el desarrollo de la región y del país, que no puede ser solo de campesinos, ni solo de empresarios; allí se necesitan campesinos organizados y proyectos empresariales que se asocien con estos campesinos para producir eficientemente”(1).
Productividad y competitividad serán los elementos centrales del modelo, ratificando el enfoque productivista y exportador de la locomotora agraria manifiesto en el documento de Bases del Plan de Desarrollo y el proyecto de ley del mismo. Entre los objetivos del acuerdo, Ospina destaca “que las tierras de la Orinoquia puedan recibir familias de desplazados- en el caso de Carimagua son cerca de 500-, incorporarlas a procesos productivos integrados a escala comercial y mostrar cómo se comportan cultivos como palma africana, caucho, cacao, frutales tropicales”(2).
Bajo un esquema asociativo se piensa involucrar a las familias beneficiarias de la entrega de tierras, esquema en el que es previsible que los campesinos no sean más que obreros agrícolas, eufemísticamente calificados de empresarios pero sometidos a las condiciones de Indupalma y Fedegan (3), dos de los socios estratégicos del Gran Acuerdo. La entrega de tierras, no es más que la forma de garantizar mano de obra barata para los agronegocios. En la región ya han incursionado el empresario Alejandro Santodomingo, Corficolombiana de Luis Carlos Sarmiento Angulo, La empresa Manuelita y multinacionales, como Mónica Colombia, entre otras. Ya puede uno imaginarse el tipo de alianzas a realizarse con los campesinos. De aquellas que le gustan al ratón con el queso.
A los trabajadores cañeros en el Valle del Cauca también se les considera empresarios, siendo en realidad obreros sin las garantías mínimas que ofrece la legislación laboral colombiana. Un esquema similar, sin duda, será el que se aplicará en Carimagua y en toda la Orinoquía. No será necesario emular el modelo Malasio, el aplicado en Colombia representa mayores garantías. El proyecto piloto Carimagua, servirá para mejorarlo, es decir para aumentar la tasa de ganancia de los grandes inversionistas.
Se pretende vender el modelo Carimagua versión Santos- Restrepo como sustancialmente distinto al que intentó montar el binomio Uribe- Arias (4), siendo un capítulo más de la saga. El modelo es el mismo: agro empresa para la exportación; la modalidad: aparentemente distinta, alianza entre grandes empresarios y “campesinos/obreros agrícolas- empresarios”; y el estilo: en locomotora en vez de caballo de paso fino, poncho y moto sierra.
A los futuros campesinos-obreros les entregarán las tierras con su uso amarrado a cultivos permanentes. Dicho de otra manera, con una especie de derecho de real de superficie en favor de los empresarios (5). A estos les interesa la tierra como factor productivo (capital) no como patrimonio, eso se los garantiza el Gran Acuerdo. Si hace falta recurrirán a la compra masiva a precio de huevo, como es bien sabido en la Orinoquía y otras regiones del país. Complementariamente, asegura el ministro Restrepo, “el Gobierno hará un desarrollo inteligente de este territorio. La altillanura merecerá para su progreso sostenible, obras de gran aliento”(6).
La futura ley de tierras garantizará una legislación favorable a los inversionistas, completando la cuarta pata de la prospera mesa de agro negocios. Las otras tres, las ya mencionadas: infraestructura, tierra (mucha tierra) y mano de obra barata (muy barata). Con un apuntalamiento para mantenerlas firmes: fuerte presencia de la Fuerza Pública. Mejores condiciones para generar “confianza inversionista” no existen en otro país del mundo. Pero si acaso los inversionistas quieren más, seguro les adornarán la mesa.
NOTAS:
(1) http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-255928-carimagua-piloto-de-desarrollo-agricola-juan-manuel-ospina-geren
(2)idem
(3)Dos de las alianzas planteadas por el ministerio de agricultura son: 1. Alianza INCODER – Ministerio de Agricultura - Indupalma: que contempla el desarrollo de un proyecto productivo para la siembra de palma y caucho bajo el esquema de alianzas con las familias que recibirán la propiedad de la tierra, orientado hacia un esquema con mercados asegurados. 2. Alianza INCODER – Fedegan: para desarrollar el proyecto productivo ganadero con innovación tecnológica bajo la aplicación de esquemas silvopastoriles. http://www.incoder.gov.co
(4)Juan Manuel Ospina, Gerente del Incoder: “Se pretende mostrar una visión diferente de la que se dio anteriormente, según la cual esta zona sólo era factible con grandes empresarios”. http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-255928-carimagua-piloto-de-desarrollo-agricola-juan-manuel-ospina-geren
(5)Derecho que el dueño de una finca otorga a un tercero para que edifique, plante o siembre quedando facultado para disfrutar y disponer libremente de las construcciones, plantaciones o siembras.
(6)http://www.incoder.gov.co
La locomotora agropecuaria y la restitución de tierras
BOGOTÁ (Colombia).- 3 de marzo de 2011
Eduardo León Navarro
Un indicador de la voluntad política y la eficacia de las políticas públicas hay que buscarlo en el presupuesto destinado a su materialización; veamos que nos dice al respecto el plan de inversiones públicas 2011-2014[1].
El presupuesto destinado a la locomotora agropecuaria y desarrollo rural es de $11.702.486 millones comparado con $96.625.212 para desarrollo minero y expansión energética, $33.701.343 para infraestructura y transporte y $92.152.274 para viviendas y ciudades amables. Su presupuesto provendrá en un 40% del sector central y el 60% del sector privado, mientras que para Defensa y Seguridad Ciudadana el 100% de un total de $59.500.505 provendrá del sector central (tomando en cuenta la procedencia oficial el presupuesto de defensa es 13 veces más). La locomotora desarrollo minero y expansión energética contará con un presupuesto de $96.625.212, es decir 8 veces el de la agropecuaria, el 96% vendrá del sector privado y el resto del sector central y descentralizado.
Dos de las principales locomotoras de desarrollo y generación de empleo se dejarán, en buena parte, en manos del sector privado, la inversión extranjera preferiblemente; en contraprestación, seguramente, el gobierno de Santos profundizará la política de “confianza inversionista” de su antecesor, a través de nuevas leyes y condiciones favorables a los intereses de los grandes inversionistas: el capital financiero y el capital agroindustrial[2].
Adicionalmente es de suponer que el presupuesto público se destinará preferencialmente al fortalecimiento de la producción empresarial y, si acaso, de forma residual a la producción campesina, según se deduce del proyecto de ley 179 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que no hace mención a esta última, pero si dedica los tres únicos artículos sobre Agricultura y Desarrollo Rural al impulso y consolidación de las Zonas de Desarrollo Empresarial, modificando la ley 160 de 1994[3], mediante la eliminación de la “traba burocrática” de las UAF[4], así calificada reiteradamente por el Ministro Restrepo.
Es decir que lo que, en su momento, constituyó una medida para dar salida a la aspiración de adjudicación de tierras por parte de los campesinos, ahora lo será para favorecer la gran plantación y los cultivos de tardío rendimiento que requieren grandes extensiones de tierra. Se puede afirmar que se pasará de las UAF (unidades agrícolas familiares) a las UAE (unidades agrícolas empresariales).
Para dar viabilidad a tal medida el PL 179 de 2011 contempla la creación de la Comisión de Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario y Forestal[5] que tendrá como misión dar bendición legal a semejante despropósito, priorizando “los casos en los cuales se configuran alianzas o asociaciones entre pequeños, y/o medianos campesinos con grandes productores”, alianzas de plano asimétricas en las cuales los empresarios instrumentalizarán a sus socios pequeños y medianos quienes, a lo sumo, se convertirán en “rentistas” o contribuirán con sus tierras a cambio de una pequeña participación en las utilidades que, tratándose de cultivos de tardío rendimiento, solo se harán efectivas transcurridos varios años. Algunos teóricos conceptualizan este fenómeno como la descampesinización del mundo rural. Lo que efectivamente ha ido logrando el desplazamiento forzado conjuntamente con las políticas de desarrollo rural adversas a la producción campesina.
Aunque “la autorización para el aprovechamiento de los terrenos baldíos se efectuará a través de contratos de leasing, arriendos de largo plazo, concesión u otras modalidades que no impliquen la transferencia de la propiedad, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expedirá el Gobierno Nacional”, es evidente que estas medidas favorecerán un tipo de concentración del uso del suelo para el desarrollo de la agroindustria[6] en detrimento de la economía campesina de subsistencia y la producción de alimentos[7].
Se ampliará la frontera agrícola y se aumentará la vulnerabilidad de nuestros ecosistemas ante la presión de solicitudes de tierras baldías, adicionalmente por cuenta de otras medidas contempladas en el Capítulo 5 Gestión Ambiental y del Riesgo de Desastre; específicamente el artículo 117 que modifica el artículo 202 del Decreto 28811 de 1974[8], elimina las reservas forestales productoras-protectoras y establece que en adelante las áreas forestales solo serán de dos tipos: protectoras y productoras para abrirle paso, de esta manera, a la explotación de nuestros bosques.
Para asegurar tal propósito, el artículo 119 del PL 179, establece que “las autoridades ambientales, en el marco de sus competencias, podrán “declarar, reservar, alinderar, realinderar, sustraer, integrar o recategorizar las áreas de reserva forestal”; funciones lo suficientemente amplias y discrecionales para generar “confianza inversionista” a los empresarios interesados en la explotación de nuestros bosques.
En medio de este panorama promisorio para la agroindustria en el país, qué le depara a la restitución de tierras. Se han puesto en marcha Planes de Choque para la restitución y formalización de tierras con gran despliegue mediático y continúa la discusión del proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras, próximo a enfrentar el tercer debate en la Comisión Primera del Senado.
Aún están por verse los resultados de los Planes de Choque para la restitución y formalización de tierras, pero la política agropecuaria en que se inscriben, pone en tela de juicio su sostenibilidad, su contribución a la reactivación de la producción campesina y la posibilidad para las comunidades despojadas y resistentes de recuperar, permanecer y adelantar los planes de vida en sus territorios[9].
Varias dudas y reparos ha suscitado el enfoque y alcance de las medidas de restitución contempladas en el proyecto de ley hasta ahora aprobado en la Cámara de Representantes, entre otras: el requisito previo de inscripción en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas (UAEGTD), considerado por el Senador Juan Fernando Cristo, como una equivocación y respecto de la cual habría que definir su naturaleza jurídica. En su opinión, tal inscripción no debería constituir más que un simple acto administrativo y “cualquier ciudadano víctima debería tener todos los caminos abiertos para iniciar la restitución”[10].
Ha advertido con vehemencia, el Senador Cristo, en varios escenarios que “hay enemigos de la ley en general y de la restitución en particular”. Durante el primero y segundo debate en la Cámara de Representantes el Partido Conservador y el Partido de la U fueron enfáticos en sus reparos fiscales a la restitución de tierras y al conjunto del proyecto de ley, argumentos que realmente encubren su aversión al mismo.
En un comunicado Roy Barreras anunció que “El Partido, a través de sus diferentes parlamentarios, ha presentado en esta última etapa nueve (9) importantes modificaciones a la Ley, particularmente al capítulo de restitución de tierras, que la harán una Ley viable, fiscalmente responsable y cuidadosa tanto de los derechos de las víctimas, como de la seguridad jurídica y del derecho de propiedad del resto de colombianos”[11].
Es de prever que los ya limitados alcances del proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes, lo sean aún más en el Senado y que la intención de proteger a grandes inversionistas y hasta de legalizar despojos se materialicen en la ley aprobada, bajo el rótulo de proteger el derecho a la propiedad.
El Senador Avellaneda, también ponente del proyecto de ley, manifiesta su preocupación ante la ausencia de término para resolver la petición de restitución, en el texto aprobado en la Cámara de Representantes; la única instancia en el proceso de restitución; la complejidad de la UAEGTD que asimiló a un laberinto; y sobre la falta de garantías y una política clara de protección y no repetición[12].
Absurdo resulta el artículo 101 de la ponencia del Proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del Senado, que establece "el derecho real de superficie sobre los predios o terrenos inscritos en el Registro de Tierras Despojadas que sean objeto de restitución o formalización" entendido como "aquel que otorga a su titular la facultad de usar, gozar y disponer de los sistemas de producción a que se refiere este parágrafo, incluyendo las plantaciones y/o construcciones que hubieran levantado sobre el predio restituido o formalizado, por un tiempo determinado, apropiándose de los frutos y productos que éstos generen, con cargo de pagar al nudo propietario una renta o canon".
Una medida similar se contempla en el Proyecto de Ley 107, aprobado en segundo debate en la Cámara de Representantes, en el artículo 96 sobre el aplazamiento de la entrega del bien restituido si “hubiere frutos pendientes de un opositor o un tercero de buena fe exenta de culpa, el juez podrá, según las circunstancias, aplazar la entrega del bien, hasta que sean recogidos”.
Ambas medidas no solo aplazarían indefinidamente en el tiempo la restitución material del bien, sino que evidencian la intencionalidad de favorecer, a como de lugar, a los agro empresarios, bajo el supuesto de la existencia de “buena fe exenta de culpa”, en un país en el que se han despojado y/o forzado el abandono de 6,65 millones de hectáreas[13], muchas veces con complicidad de empresarios o en su beneficio, lo cual pone en duda presuponerla o admitirla.
No se puede aducir ningún argumento, en apariencia legal, para refrendar el despojo, impedir la restitución - ya bastante conservadora en las metas fijadas por el gobierno- o imposibilitar el retorno. El derecho legítimo que asiste a las víctimas del despojo a ser reparadas, reviste mayor valía que cualquier embeleco jurídico que pretenda envolatarlo.
Además de todas las anteriores preocupaciones las organizaciones de victimas han planteado reparos sobre la sostenibilidad de la restitución de tierras, específicamente sobre la seguridad para la permanencia en las mismas y la falta de medidas de inclusión en políticas de desarrollo territorial, que apoyen la producción campesina y den viabilidad a los planes de vida o de desarrollo alternativo de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas.
Las medidas contempladas para los sectores agropecuario y minero en el documento Bases para el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para todos y en el Proyecto de Ley 179 de 2011, abiertamente proclives a la agroindustria y la gran minería, hacen pensar que la tantas veces anunciada “ley de tierras” o Ley de desarrollo rural” no será sustancialmente diferente del declarado inexequible Estatuto de Desarrollo Rural. Favorecerá un modelo de desarrollo rural, norma tras norma, cada vez más funcional al capital financiero y agroindustrial internacional.
El ministro Restrepo ha dicho que se provocarán cambios en el uso del suelo en favor de la agricultura, pero lo serán prioritariamente en favor de aquella destinada a cultivos de tardío rendimiento, según las prioridades y estrategias priorizadas en los documentos de política pública mencionados.
Se propiciará una mayor concentración de la tierra por la vía del fortalecimiento de Zonas de Desarrollo Empresarial en los territorios baldíos, la mercantilización de las tierras restituidas o sobre las cuales se adelanten programas de formalización de su propiedad[14], ante la imposibilidad de los pequeños y medianos campesinos de ponerla a producir por su cuenta, la ausencia de políticas eficaces de fomento a la producción y comercialización campesina y por efecto de presiones de toda índole.
La política agraria del gobierno del presidente Santos es en esencia continuista, centrada en el impulso de un modelo agro empresarial y extractivista, basado en la confianza inversionista al gran capital, ajena al lema “prosperidad para todos” del Plan de Desarrollo. Bajo un estilo de gobierno de “buenas maneras” pero, a fin de cuentas, tanto o más neoliberal que el de su antecesor.
Esta política profundizará el conflicto en el país caracterizado, entre otros factores, por la disputa histórica por la tierra y el territorio, que se concreta en la oposición entre concepciones de desarrollo inspiradas en el bienestar colectivo y modelos de desarrollo que son realmente de acumulación de riqueza, como el agrario impuesto en el país, centrado en la productividad y competitividad. Lejano de una concepción humanista y divorciado de la necesidad de redistribución de la tierra. En este país, como dice Absalón Machado, "hay un estado de cosas inmodificable en materia de la estructura de la tenencia de la tierra en Colombia".
[1] Proyecto de Ley 179 de 2011 por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
[2] La nueva ruralidad refleja “…la intensificación del dominio del capital sobre el agro en el marco de un proceso capitalista crecientemente globalizado”. Miguel Teubal. Globalización y nueva ruralidad en América Latina.
[3]Esto fue calificado por el senador Robledo como un mico en el proyecto de ley 179 de 2011 presentado por el gobierno.
[4]Artículo 45 PL 179 de 2011. Adiciónese la Ley 160 de 1994 con el siguiente artículo: Artículo 72 A. Proyectos Especiales Agropecuarios y Forestales. A solicitud del interesado se podrán autorizar actos o contratos en virtud de los cuales una persona natural o jurídica adquiera o reciba el aporte de la propiedad de tierras que originalmente fueron adjudicadas como baldíos o adquiridas a través de subsidio integral de tierras, aún cuando como resultado de ello se consoliden propiedades de superficies que excedan a la fijada para la Unidades Agrícolas Familiares UAF por el INCODER, siempre y cuando los predios objeto de la solicitud estén vinculados a un proyecto de desarrollo agropecuario y forestal que justifique la operación.
[5]Artículo 46 del PL 179 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014”
[6]ARTÍCULO 47. Modifíquese el artículo 83 de la Ley 160 de 1994, el cual quedará así: “Artículo 83. Las sociedades de cualquier índole que sean reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como empresas especializadas del sector agropecuario y forestal, podrán solicitar autorización para el uso y aprovechamiento de terrenos baldíos en las Zonas de Desarrollo Empresarial establecidas en el artículo anterior, en las extensiones y con las condiciones que al efecto determine el Consejo Directivo del INCODER, de acuerdo con la reglamentación del Gobierno Nacional.
[7]“han cambiado las prioridades en materia agropecuaria: la tierra, vista tradicionalmente como un recurso que debía ser utilizado para la producción de alimentos básicos, se destina cada vez más a la producción agropecuaria exportable”. Miguel Teubal. Globalización y nueva ruralidad en América Latina.
[8] Artículo 202, Decreto 2811 de 1974. El presente Título regula el manejo de los suelos forestales por su naturaleza y de los bosques que contienen, que para los efectos del presente Código, se denominan áreas forestales. Las áreas forestales podrán ser productoras, protectoras y protectoras - productoras. La naturaleza forestal de los suelos será determinada según estudios ecológicos y socioeconómicos.
[9]Es muy importante la restitución y hay que hacerla, y es riesgosa, dados los factores de conflicto, pero en lo que hay que hacer énfasis es en que hay que ir más allá, porque la restitución es una política a corto plazo.Entrevista a Absalón Machado. http://www.eltiempo.com/justicia/se-necesita-ir-mas-alla-de-la-restitucion-de-tierras_8839912-4
[10]Exposición del Senador Cristo sobre el PL de Víctimas en el VIII conversatorio La Cuestión Agraria en Colombia: tierra, desarrollo y paz, convocado por PCS y Planeta Paz.
[11]http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-253738-poco-de-concluir-extras-sigue-sin-avanzar-ley-de-victimas
[12]Exposición del Senador Avellaneda sobre el PL de Víctimas en el VIII conversatorio La Cuestión Agraria en Colombia: tierra, desarrollo y paz, convocado por PCS y Planeta Paz.
[13]Comisión de seguimiento a la Política Pública sobre desplazamiento Forzado.
[14]La compra masiva de tierras en Montes de María configura un tipo de despojo legal, según lo consideran las organizaciones campesinas, afrocolombianas e indígenas.
Eduardo León Navarro
Un indicador de la voluntad política y la eficacia de las políticas públicas hay que buscarlo en el presupuesto destinado a su materialización; veamos que nos dice al respecto el plan de inversiones públicas 2011-2014[1].
El presupuesto destinado a la locomotora agropecuaria y desarrollo rural es de $11.702.486 millones comparado con $96.625.212 para desarrollo minero y expansión energética, $33.701.343 para infraestructura y transporte y $92.152.274 para viviendas y ciudades amables. Su presupuesto provendrá en un 40% del sector central y el 60% del sector privado, mientras que para Defensa y Seguridad Ciudadana el 100% de un total de $59.500.505 provendrá del sector central (tomando en cuenta la procedencia oficial el presupuesto de defensa es 13 veces más). La locomotora desarrollo minero y expansión energética contará con un presupuesto de $96.625.212, es decir 8 veces el de la agropecuaria, el 96% vendrá del sector privado y el resto del sector central y descentralizado.
Dos de las principales locomotoras de desarrollo y generación de empleo se dejarán, en buena parte, en manos del sector privado, la inversión extranjera preferiblemente; en contraprestación, seguramente, el gobierno de Santos profundizará la política de “confianza inversionista” de su antecesor, a través de nuevas leyes y condiciones favorables a los intereses de los grandes inversionistas: el capital financiero y el capital agroindustrial[2].
Adicionalmente es de suponer que el presupuesto público se destinará preferencialmente al fortalecimiento de la producción empresarial y, si acaso, de forma residual a la producción campesina, según se deduce del proyecto de ley 179 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que no hace mención a esta última, pero si dedica los tres únicos artículos sobre Agricultura y Desarrollo Rural al impulso y consolidación de las Zonas de Desarrollo Empresarial, modificando la ley 160 de 1994[3], mediante la eliminación de la “traba burocrática” de las UAF[4], así calificada reiteradamente por el Ministro Restrepo.
Es decir que lo que, en su momento, constituyó una medida para dar salida a la aspiración de adjudicación de tierras por parte de los campesinos, ahora lo será para favorecer la gran plantación y los cultivos de tardío rendimiento que requieren grandes extensiones de tierra. Se puede afirmar que se pasará de las UAF (unidades agrícolas familiares) a las UAE (unidades agrícolas empresariales).
Para dar viabilidad a tal medida el PL 179 de 2011 contempla la creación de la Comisión de Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario y Forestal[5] que tendrá como misión dar bendición legal a semejante despropósito, priorizando “los casos en los cuales se configuran alianzas o asociaciones entre pequeños, y/o medianos campesinos con grandes productores”, alianzas de plano asimétricas en las cuales los empresarios instrumentalizarán a sus socios pequeños y medianos quienes, a lo sumo, se convertirán en “rentistas” o contribuirán con sus tierras a cambio de una pequeña participación en las utilidades que, tratándose de cultivos de tardío rendimiento, solo se harán efectivas transcurridos varios años. Algunos teóricos conceptualizan este fenómeno como la descampesinización del mundo rural. Lo que efectivamente ha ido logrando el desplazamiento forzado conjuntamente con las políticas de desarrollo rural adversas a la producción campesina.
Aunque “la autorización para el aprovechamiento de los terrenos baldíos se efectuará a través de contratos de leasing, arriendos de largo plazo, concesión u otras modalidades que no impliquen la transferencia de la propiedad, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expedirá el Gobierno Nacional”, es evidente que estas medidas favorecerán un tipo de concentración del uso del suelo para el desarrollo de la agroindustria[6] en detrimento de la economía campesina de subsistencia y la producción de alimentos[7].
Se ampliará la frontera agrícola y se aumentará la vulnerabilidad de nuestros ecosistemas ante la presión de solicitudes de tierras baldías, adicionalmente por cuenta de otras medidas contempladas en el Capítulo 5 Gestión Ambiental y del Riesgo de Desastre; específicamente el artículo 117 que modifica el artículo 202 del Decreto 28811 de 1974[8], elimina las reservas forestales productoras-protectoras y establece que en adelante las áreas forestales solo serán de dos tipos: protectoras y productoras para abrirle paso, de esta manera, a la explotación de nuestros bosques.
Para asegurar tal propósito, el artículo 119 del PL 179, establece que “las autoridades ambientales, en el marco de sus competencias, podrán “declarar, reservar, alinderar, realinderar, sustraer, integrar o recategorizar las áreas de reserva forestal”; funciones lo suficientemente amplias y discrecionales para generar “confianza inversionista” a los empresarios interesados en la explotación de nuestros bosques.
En medio de este panorama promisorio para la agroindustria en el país, qué le depara a la restitución de tierras. Se han puesto en marcha Planes de Choque para la restitución y formalización de tierras con gran despliegue mediático y continúa la discusión del proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras, próximo a enfrentar el tercer debate en la Comisión Primera del Senado.
Aún están por verse los resultados de los Planes de Choque para la restitución y formalización de tierras, pero la política agropecuaria en que se inscriben, pone en tela de juicio su sostenibilidad, su contribución a la reactivación de la producción campesina y la posibilidad para las comunidades despojadas y resistentes de recuperar, permanecer y adelantar los planes de vida en sus territorios[9].
Varias dudas y reparos ha suscitado el enfoque y alcance de las medidas de restitución contempladas en el proyecto de ley hasta ahora aprobado en la Cámara de Representantes, entre otras: el requisito previo de inscripción en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas (UAEGTD), considerado por el Senador Juan Fernando Cristo, como una equivocación y respecto de la cual habría que definir su naturaleza jurídica. En su opinión, tal inscripción no debería constituir más que un simple acto administrativo y “cualquier ciudadano víctima debería tener todos los caminos abiertos para iniciar la restitución”[10].
Ha advertido con vehemencia, el Senador Cristo, en varios escenarios que “hay enemigos de la ley en general y de la restitución en particular”. Durante el primero y segundo debate en la Cámara de Representantes el Partido Conservador y el Partido de la U fueron enfáticos en sus reparos fiscales a la restitución de tierras y al conjunto del proyecto de ley, argumentos que realmente encubren su aversión al mismo.
En un comunicado Roy Barreras anunció que “El Partido, a través de sus diferentes parlamentarios, ha presentado en esta última etapa nueve (9) importantes modificaciones a la Ley, particularmente al capítulo de restitución de tierras, que la harán una Ley viable, fiscalmente responsable y cuidadosa tanto de los derechos de las víctimas, como de la seguridad jurídica y del derecho de propiedad del resto de colombianos”[11].
Es de prever que los ya limitados alcances del proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes, lo sean aún más en el Senado y que la intención de proteger a grandes inversionistas y hasta de legalizar despojos se materialicen en la ley aprobada, bajo el rótulo de proteger el derecho a la propiedad.
El Senador Avellaneda, también ponente del proyecto de ley, manifiesta su preocupación ante la ausencia de término para resolver la petición de restitución, en el texto aprobado en la Cámara de Representantes; la única instancia en el proceso de restitución; la complejidad de la UAEGTD que asimiló a un laberinto; y sobre la falta de garantías y una política clara de protección y no repetición[12].
Absurdo resulta el artículo 101 de la ponencia del Proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del Senado, que establece "el derecho real de superficie sobre los predios o terrenos inscritos en el Registro de Tierras Despojadas que sean objeto de restitución o formalización" entendido como "aquel que otorga a su titular la facultad de usar, gozar y disponer de los sistemas de producción a que se refiere este parágrafo, incluyendo las plantaciones y/o construcciones que hubieran levantado sobre el predio restituido o formalizado, por un tiempo determinado, apropiándose de los frutos y productos que éstos generen, con cargo de pagar al nudo propietario una renta o canon".
Una medida similar se contempla en el Proyecto de Ley 107, aprobado en segundo debate en la Cámara de Representantes, en el artículo 96 sobre el aplazamiento de la entrega del bien restituido si “hubiere frutos pendientes de un opositor o un tercero de buena fe exenta de culpa, el juez podrá, según las circunstancias, aplazar la entrega del bien, hasta que sean recogidos”.
Ambas medidas no solo aplazarían indefinidamente en el tiempo la restitución material del bien, sino que evidencian la intencionalidad de favorecer, a como de lugar, a los agro empresarios, bajo el supuesto de la existencia de “buena fe exenta de culpa”, en un país en el que se han despojado y/o forzado el abandono de 6,65 millones de hectáreas[13], muchas veces con complicidad de empresarios o en su beneficio, lo cual pone en duda presuponerla o admitirla.
No se puede aducir ningún argumento, en apariencia legal, para refrendar el despojo, impedir la restitución - ya bastante conservadora en las metas fijadas por el gobierno- o imposibilitar el retorno. El derecho legítimo que asiste a las víctimas del despojo a ser reparadas, reviste mayor valía que cualquier embeleco jurídico que pretenda envolatarlo.
Además de todas las anteriores preocupaciones las organizaciones de victimas han planteado reparos sobre la sostenibilidad de la restitución de tierras, específicamente sobre la seguridad para la permanencia en las mismas y la falta de medidas de inclusión en políticas de desarrollo territorial, que apoyen la producción campesina y den viabilidad a los planes de vida o de desarrollo alternativo de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas.
Las medidas contempladas para los sectores agropecuario y minero en el documento Bases para el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para todos y en el Proyecto de Ley 179 de 2011, abiertamente proclives a la agroindustria y la gran minería, hacen pensar que la tantas veces anunciada “ley de tierras” o Ley de desarrollo rural” no será sustancialmente diferente del declarado inexequible Estatuto de Desarrollo Rural. Favorecerá un modelo de desarrollo rural, norma tras norma, cada vez más funcional al capital financiero y agroindustrial internacional.
El ministro Restrepo ha dicho que se provocarán cambios en el uso del suelo en favor de la agricultura, pero lo serán prioritariamente en favor de aquella destinada a cultivos de tardío rendimiento, según las prioridades y estrategias priorizadas en los documentos de política pública mencionados.
Se propiciará una mayor concentración de la tierra por la vía del fortalecimiento de Zonas de Desarrollo Empresarial en los territorios baldíos, la mercantilización de las tierras restituidas o sobre las cuales se adelanten programas de formalización de su propiedad[14], ante la imposibilidad de los pequeños y medianos campesinos de ponerla a producir por su cuenta, la ausencia de políticas eficaces de fomento a la producción y comercialización campesina y por efecto de presiones de toda índole.
La política agraria del gobierno del presidente Santos es en esencia continuista, centrada en el impulso de un modelo agro empresarial y extractivista, basado en la confianza inversionista al gran capital, ajena al lema “prosperidad para todos” del Plan de Desarrollo. Bajo un estilo de gobierno de “buenas maneras” pero, a fin de cuentas, tanto o más neoliberal que el de su antecesor.
Esta política profundizará el conflicto en el país caracterizado, entre otros factores, por la disputa histórica por la tierra y el territorio, que se concreta en la oposición entre concepciones de desarrollo inspiradas en el bienestar colectivo y modelos de desarrollo que son realmente de acumulación de riqueza, como el agrario impuesto en el país, centrado en la productividad y competitividad. Lejano de una concepción humanista y divorciado de la necesidad de redistribución de la tierra. En este país, como dice Absalón Machado, "hay un estado de cosas inmodificable en materia de la estructura de la tenencia de la tierra en Colombia".
[1] Proyecto de Ley 179 de 2011 por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
[2] La nueva ruralidad refleja “…la intensificación del dominio del capital sobre el agro en el marco de un proceso capitalista crecientemente globalizado”. Miguel Teubal. Globalización y nueva ruralidad en América Latina.
[3]Esto fue calificado por el senador Robledo como un mico en el proyecto de ley 179 de 2011 presentado por el gobierno.
[4]Artículo 45 PL 179 de 2011. Adiciónese la Ley 160 de 1994 con el siguiente artículo: Artículo 72 A. Proyectos Especiales Agropecuarios y Forestales. A solicitud del interesado se podrán autorizar actos o contratos en virtud de los cuales una persona natural o jurídica adquiera o reciba el aporte de la propiedad de tierras que originalmente fueron adjudicadas como baldíos o adquiridas a través de subsidio integral de tierras, aún cuando como resultado de ello se consoliden propiedades de superficies que excedan a la fijada para la Unidades Agrícolas Familiares UAF por el INCODER, siempre y cuando los predios objeto de la solicitud estén vinculados a un proyecto de desarrollo agropecuario y forestal que justifique la operación.
[5]Artículo 46 del PL 179 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014”
[6]ARTÍCULO 47. Modifíquese el artículo 83 de la Ley 160 de 1994, el cual quedará así: “Artículo 83. Las sociedades de cualquier índole que sean reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como empresas especializadas del sector agropecuario y forestal, podrán solicitar autorización para el uso y aprovechamiento de terrenos baldíos en las Zonas de Desarrollo Empresarial establecidas en el artículo anterior, en las extensiones y con las condiciones que al efecto determine el Consejo Directivo del INCODER, de acuerdo con la reglamentación del Gobierno Nacional.
[7]“han cambiado las prioridades en materia agropecuaria: la tierra, vista tradicionalmente como un recurso que debía ser utilizado para la producción de alimentos básicos, se destina cada vez más a la producción agropecuaria exportable”. Miguel Teubal. Globalización y nueva ruralidad en América Latina.
[8] Artículo 202, Decreto 2811 de 1974. El presente Título regula el manejo de los suelos forestales por su naturaleza y de los bosques que contienen, que para los efectos del presente Código, se denominan áreas forestales. Las áreas forestales podrán ser productoras, protectoras y protectoras - productoras. La naturaleza forestal de los suelos será determinada según estudios ecológicos y socioeconómicos.
[9]Es muy importante la restitución y hay que hacerla, y es riesgosa, dados los factores de conflicto, pero en lo que hay que hacer énfasis es en que hay que ir más allá, porque la restitución es una política a corto plazo.Entrevista a Absalón Machado. http://www.eltiempo.com/justicia/se-necesita-ir-mas-alla-de-la-restitucion-de-tierras_8839912-4
[10]Exposición del Senador Cristo sobre el PL de Víctimas en el VIII conversatorio La Cuestión Agraria en Colombia: tierra, desarrollo y paz, convocado por PCS y Planeta Paz.
[11]http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-253738-poco-de-concluir-extras-sigue-sin-avanzar-ley-de-victimas
[12]Exposición del Senador Avellaneda sobre el PL de Víctimas en el VIII conversatorio La Cuestión Agraria en Colombia: tierra, desarrollo y paz, convocado por PCS y Planeta Paz.
[13]Comisión de seguimiento a la Política Pública sobre desplazamiento Forzado.
[14]La compra masiva de tierras en Montes de María configura un tipo de despojo legal, según lo consideran las organizaciones campesinas, afrocolombianas e indígenas.
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