Eduardo León Navarro
Comité de impulso Congreso Nacional de tierras, territorios y soberanías
Documento insumo para el eje temático tierras (1)
25 de octubre de 2011
A comienzos de la década de 1990 en algunos medios académicos se propuso la noción de “nueva ruralidad”, como concepto paraguas para una agenda de investigación sobre las relaciones entre los procesos globales y los procesos territoriales (2). En el marco de este enfoque se pretende explicar que lo rural va más allá de lo agrario tradicional, contemplando variadas y complejas realidades sociales, territoriales, económicas y culturales interdependientes. En el contexto de la globalización capitalista este debate sobre la “nueva ruralidad”, terminó instrumentalizándose como soporte teórico- conceptual a “la intensificación del dominio del capital sobre el agro en el marco de un proceso capitalista crecientemente globalizado”(3). Se incorporaron “nuevas mercancías” al proceso de acumulación de capital, tales como la biodiversidad, el turismo, los servicios ambientales y la generación energética, los cuales articulados con la minería a gran escala, permitirían a los gobiernos y empresas diversificar los procesos económicos para satisfacer la demanda del mercado internacional, fortaleciéndose un proceso de transición en las políticas del desarrollo, que conduciría a complementar y superar la producción agrícola con la economía de servicios, agroindustria, la industria (principalmente extractiva) y la especulación financiera, como bases del crecimiento económico y la acumulación privada de capital.
Ese proceso conlleva implícita una “…mayor concentración de la tierra, la consolidación de un nuevo latifundismo en el medio rural relacionado con el capital financiero y agroindustrial, la mayor concentración del capital en los diversos sectores que integran los sistemas agroalimentarios de los países latinoamericanos, la provisión de nuevos insumos y tecnología agropecuaria, la transnacionalización de partes importantes del sistema agroindustrial al que se asocia al medio rural…”(4). Esta “nueva ruralidad” también conlleva una creciente descampesinización y cambios profundos en el uso del suelo; así, “han cambiado las prioridades en materia agropecuaria: la tierra, vista tradicionalmente como un recurso que debía ser utilizado para la producción de alimentos básicos, se destina cada vez más a la producción agropecuaria exportable…” (5) y al desarrollo de actividades que permitan resolver la crisis energética mundial; a la gran minería y al turismo, promoviéndose desde los Estados y las empresas privadas nacionales y extranjeras, la incorporación de grandes porciones de espacio regional a los procesos de acumulación de riqueza y explotación.
En este marco de subordinación del mundo rural al capitalismo mundial, la política agraria y de desarrollo rural del gobierno Colombiano se orienta a:
i) Asegurar la reconversión económica del uso del suelo,
ii) Profundizar el acaparamiento, despojo y extranjerización de la propiedad de la tierra y
iii) Consolidar un ordenamiento del territorio funcional a la acumulación capitalista(6).
Para tales efectos, el gobierno consiguió la aprobación en el Congreso de la República de la ley 1450 del PND, que tiene en las locomotoras agropecuaria y minera dos de las fórmulas para el crecimiento y el desarrollo económico, conjugando una tragedia histórica de explotación de materias primas con la industrialización a gran escala de procesos extractivos, la articulación al capital financiero legal e ilegal, así como a circuitos de mercado trasnacional. De forma simultánea, el gobierno promovió y logro la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, como instrumento para controlar social, económica y políticamente los territorios al privilegiar la integración funcional local y regional de municipios y departamentos, para la constitución de zonas especiales de inversión económica, imponiendo la figura del convenio –plan, lo cual contribuirá a subordinar la inversión pública a proyectos de gran envergadura definidos por el gobierno nacional. Igualmente está preparando una reforma sustancial al Código Minero que conlleva una ofensiva contra la pequeña y mediana minería, las comunidades rurales y la naturaleza. Esta reforma intenta superar las limitaciones impuestas por la Corte Constitucional(7). Como parte del paquete legislativo gubernamental se está preparando, igualmente, la ley general agraria y de desarrollo rural que en lo sustancial no se diferencia del enfoque de desarrollo rural presente en el derogado Estatuto de Desarrollo Rural del gobierno anterior(8).
Así mismo, el ejecutivo presentó al Congreso de la República un proyecto de ley sobre formalización de la propiedad (rural y urbana) para dinamizar el mercado de tierras y legalizar el despojo; incluyó en la ley de víctimas el capítulo de restitución de tierras despojadas sin garantías de sostenibilidad, seguridad, retorno, restitución, ni goce efectivo, lo que contribuirá al creciente acaparamiento de tierras y la reconversión del uso del suelo, al verse obligadas las víctimas que sean restituidas a vender sus derechos de propiedad, ante la imposibilidad de ponerlas a producir, excepto si se articulan de forma subordinada al modelo económico hegemónico de la región o pasan a ser jornaleros. A pesar de que esta ley, y otras, serán formalmente consultadas previamente con comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas, su enfoque de desarrollo no variará en lo sustancial.
Toda esta política hace parte de la fase de aseguramiento y consolidación territorial, complementada con procesos sistemáticos de desplazamiento forzado, despojo, violencia, terror y desterritorialización de pueblos y comunidades, intensificada desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y continuada por el actual. Uno de sus propósitos es “adecuar” el agro a los patrones de división internacional del trabajo y la superación de las crisis recurrentes del sistema capitalista, reprimarizando las economías de América Latina, para generar “nuevas fuentes de inversión y acumulación.
La tierra, y sus riquezas de suelo y subsuelo, a nivel mundial, son prioridad de inversión para el capital trasnacional industrial y financiero. Se constituyen en alternativas de riqueza y especulación para sortear la crisis hipotecaria y financiera en EEUU y el paulatino derrumbe de la zona Euro, que han frenado el ritmo de crecimiento de la tasa de ganancia. La tierra es objeto de especulación financiera en las bolsas, al venderse a futuro, yacimientos de oro sin explotar, cultivos sin cosechar, pozos petroleros y yacimientos mineros sin explotar, reservas de agua sin consumir, provocando entre otras cosas, aumento en los precios de los alimentos a nivel mundial, pero también del petróleo y de los combustibles. En el caso del oro, la inflación generada conducirá a otra crisis similar o peor con las consabidas consecuencias nocivas para los pueblos del mundo.
El proyecto de ley general agraria y de desarrollo rural presentado por el gobierno, plantea abordar la ruralidad desde un enfoque integral del territorio, a partir del cual, el uso adecuado del suelo deberá garantizar la productividad y la competitividad. En otras palabras, el control del territorio para producir y satisfacer principalmente las demandas del mercado internacional en condiciones de competitividad, asegurando una alta tasa de ganancia (productividad), marginando y, en consecuencia, quebrando la economía campesina y otras formas productivas propias de las comunidades y pueblos, que durante décadas, han garantizado la soberanía y solvencia alimentaria en el país, así como el abastecimiento de mercados locales y regionales.
En concordancia con este enfoque en el documento titulado “Bases del Plan de Desarrollo 2010-1014: Prosperidad para todos”(9) se define como una de las estrategias, exportar nuevos productos y concretar nuevos acuerdos comerciales, según las oportunidades del mercado (demanda capitalista de materias primas) y el desarrollo de sectores de talla mundial en materia de agro combustibles, minería, hidrocarburos, energías alternativas, agua, biodiversidad, cultura y turismo. En otras palabras, profundizar la apertura (sin mayores restricciones sociales, ambientales, laborales) al capital internacional, iniciada en los años 90.
En el Plan se plantea que el presupuesto destinado a la locomotora agropecuaria y desarrollo rural será de $11.702.486 millones comparado con $96.625.212 para desarrollo minero y la expansión energética; $33.701.343 para infraestructura y transporte y $92.152.274 para vivienda y ciudades amables. La financiación provendrá en un 40% del sector central y el 60% del sector privado, mientras que para Defensa y Seguridad Ciudadana el 100%, de un total de $59.500.505 será aportado por el gobierno central. Tomando en cuenta la procedencia oficial del presupuesto para defensa, este resulta ser 13 veces más que el de la locomotora agropecuaria. Bajo el enfoque agro empresarial de la locomotora agropecuaria, es obvio deducir que se priorizará presupuestalmente la inversión en infraestructura e incentivos para los agro negocios y sus empresarios. Equivale a decir que en esa locomotora no viajarán la economía campesina, ni la producción de alimentos, tampoco los pueblos indígenas ni las comunidades negras, a menos que trabajen o se alíen subordinadamente con las multinacionales.
El elemento central de diagnóstico del PND sobre el sector agrario es la existencia de baja competitividad y productividad atribuibles, falsamente, a la baja rentabilidad de la economía campesina. Para superar tal situación, el gobierno decide que hay que entregar la tierra al capital financiero y agroindustrial para que la competitividad sea el elemento central del modelo de crecimiento y desarrollo del sector a partir de mejorar la productividad agrícola, bajo un modelo de “empresarización del campo”. La concentración de la propiedad de la tierra a través de fraudulentas compras masivas y la reconversión del uso del suelo para proyectos madereros, ganaderos y de palma aceitera en Montes de María, son testimonios irrefutables de esta política agraria en el país. ¿Qué decir de la nueva frontera del desarrollo agroindustrial y pecuario: la altillanura?
El artículo 60 de la ley 1450 del PND modifica la Ley 160 de 1994, adicionándole el artículo 72 A(10) que allana el camino para eliminar las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) que, según el Ministro Juan Camilo Restrepo, constituyen una “traba burocrática” para el desarrollo de proyectos agro empresariales. En la práctica se crean las Unidades Agrícolas Empresariales para impulsar las Zonas de Desarrollo Empresarial, para lo cual se promoverán conglomerados productivos que integren vertical y horizontalmente la producción, transformación y comercialización, e involucrará a pequeños productores y productoras en esquemas asociativos: procesos de empresarización y articulación con empresarios privados. Esquemas asociativos absolutamente asimétricos que transformarán el campesinado en proletariado agrícola bajo el eufemismo de empresarios o marginándolos territorialmente en zonas de reserva funcionales al proceso de modernización agroindustrial.
Para apuntalar lo anterior el artículo 61 también modificatorio de la ley 160/94, mediante la adición del artículo 72B, crea la Comisión de Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario y Forestal cuya misión será bendecir legalmente la consolidación de propiedades que excedan 10 UAF para proyectos especiales agropecuarios y forestales, dando “preferencia a los casos en los cuales se aportan predios y a aquellos en los cuales se configuran alianzas o asociaciones entre pequeños, medianos y/o grandes productores”. El artículo 62 igualmente modificatorio de la ley 160 establece que “las sociedades de cualquier índole que sean reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como empresas especializadas del sector agropecuario y forestal, podrán solicitar autorización para el uso y aprovechamiento de terrenos baldíos en las Zonas de Desarrollo Empresarial.
En el marco de esa política, el gobierno nacional lanzó en el predio Carimagua el Gran Acuerdo por el Desarrollo de la Orinoquía. Productividad y competitividad serán los elementos centrales del modelo, ratificando el enfoque productivista y exportador de la locomotora agraria. Entre los objetivos del acuerdo, el gerente del INCODER destaca “que las tierras de la Orinoquia puedan recibir familias de desplazados- en el caso de Carimagua son cerca de 500-; incorporarlas a procesos productivos integrados a escala comercial y mostrar cómo se comportan cultivos como palma africana, caucho, cacao, frutales tropicales”(11). Bajo este esquema “asociativo” es previsible que el campesinado, (realmente proletariado agrícola, en esta concepción), será sometido a las condiciones de Indupalma y Fedegan, dos de los socios estratégicos del “Gran Acuerdo” establecido con estas características:
1. Alianza INCODER – Ministerio de Agricultura - Indupalma: que contempla el desarrollo de un proyecto productivo para la siembra de palma y caucho bajo el esquema de alianzas con las familias que recibirán la propiedad de la tierra, orientado hacia un esquema con mercados asegurados.
2. Alianza INCODER – Fedegan: para desarrollar el proyecto productivo ganadero con innovación tecnológica bajo la aplicación de esquemas silvopastoriles(12).
A partir de este modelo se pretende, según el gobierno, lograr una economía competitiva, productiva e innovadora, con base en los sectores dinámicos, que permitiría un mayor y mejor posicionamiento internacional en los mercados, la agenda multilateral del desarrollo y la cooperación. En realidad lo que se busca es adecuar la producción agrícola y económica a las demandas de la agroindustria y la industria mundial(13) y cumplir con las condiciones de los TLC y los acuerdos bilaterales, en detrimento de la soberanía nacional, la soberanía alimentaria y a costa de una mayor profundización de la dependencia y subordinación de nuestra economía y nuestra sociedad, en el marco de una división internacional del trabajo que nos asigna el lugar con menor valor agregado en el encadenamiento productivo mundial: productores de materias primas.
Por si no fuera suficiente la seguridad y la confianza generada a los inversionistas nacionales y extranjeros con la legislación referida, en el capítulo de restitución de tierras de la ley 1448 se crea la figura “contrato para el uso del bien restituido” estableciéndose que cuando existan proyectos agroindustriales en los predios objeto de restitución, para desarrollarlos de forma completa, un magistrado podrá autorizar la celebración de contratos entre restituidos e inversionista, sobre la base de reconocimiento del dominio y buena fe, el cual no será complejo demostrar, con la ayuda de grupos armados, algunos jueces, fiscales y testigos, en la medida en que los que han despojado, han contando con la complicidad y/o anuencia de autoridades y entidades estatales y privadas como el Fondo Ganadero de Córdoba y el Incoder, para usurpar las tierras del campesinado y las comunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas, mediante complejas argucias jurídicas y de facto.
Adicionalmente, en el proyecto de ley general agraria y de desarrollo rural bajo el eufemístico título: Incentivos para mejorar el uso del suelo, se establece el “derecho real de superficie” como derecho autónomo que otorga el uso, goce y disposición jurídica de la superficie de un predio y hace propio lo plantado, construido o ubicado en superficie ajena. Tiene una duración máxima de 30 años y es transmisible por acto entre vivos y por sucesión a causa de muerte. El propietario del derecho de superficie goza del derecho de preferencia para la adquisición del dominio del inmueble. Es decir, que la restitución material de las tierras despojadas no será posible cuando se trate de proteger a la agroindustria o la extracción de riquezas. A lo sumo habrá restitución legal, es decir restitución de los derechos de propiedad para que el predio se pueda vender o arrendar. Incluso, en predios en los que no existan proyectos agroindustriales tampoco será real y material la restitución, pues ante la inexistencia de políticas de fomento y protección de la economía campesina y/o de la producción tradicional, las personas o familias campesinas restituidas, se convertirán en rentistas o, como está sucediendo, se verían obligadas a vender sus tierras contribuyendo, por efecto de una política adversa, a la concentración de tierras. ¿Qué decir de los pueblos indígenas y de las comunidades negras?
Dentro de este mismo título en el artículo 108 el proyecto de ley establece que cuando el Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural considere conveniente adelantar cambios en el uso de suelo para lograr un aprovechamiento más eficiente, determinará “Zonas de Reconversión Productiva” (ZRP) con distintos fines:
i) Zonas de tecnificación e intensificación de la ganadería extensiva,
ii) Zonas de creación de clústers para la innovación,
iii) Zonas de modernización y diversificación de la agricultura tradicional,
iv) Zonas de concentración de la agricultura de exportación,
v) Zonas de expansión de plantaciones forestales,
vi) Zonas de sustitución de cultivos.
No se precisa en qué consiste cada una de estas ZRP, pero salta a la vista que los cambios de uso del suelo tras su declaratoria serán funcionales a la agroindustria. Las llamadas Zonas de modernización y diversificación de la agricultura tradicional podrían amañadamente entenderse como diversificación hacia monocultivos demandados por la agroindustria de alimentos procesados, en detrimento de la soberanía alimentaria.
Por si hiciera falta, hay más medidas para proteger a los despojadores de “buena fe”, el artículo 207 de la ley 1448 contempla que “…cualquier persona que demande la condición de víctima en los términos del artículo 3° de la presente ley, que utilice las vías de hecho para invadir, usar u ocupar un predio del que pretenda restitución o reubicación como medida reparadora, sin que su situación jurídica dentro del proceso de restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente haya sido resuelta en los términos de los artículos 91, 92 y siguientes de la presente ley, o en las normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen, perderán los beneficios establecidos en el Capítulo III del Título IV de esta ley”.
En otras palabras, quien se atreva a ejercer o validar su legítimo derecho a la propiedad o la posesión de la tierra usurpada será re victimizado y seguramente judicializado. En virtud de este artículo(14) se convierte al despojado en victimario y al despojador en víctima.
El gobierno de Santos seguramente argumentará que su política de tierras está inscrita en recomendaciones internacionales, como las del Banco Mundial contenidas en los Principios para una Inversión Agrícola Responsable. Recomendaciones que históricamente han sido perjudiciales para los pueblos de América Latina. Al respecto, la Vía Campesina señala que:
“…la iniciativa del Banco Mundial para que los «acaparamientos de tierras» sean más aceptables socialmente no está aportando solución alguna. Los «Principios para una Inversión Agrícola Responsable» (RAI por sus siglas en inglés) se han establecido para legitimar la apropiación de la tierra perjudicando a los pequeños productores y productoras”.
Si bien la reflexión se ha dirigido principalmente al mundo rural, los planteamientos contenidos en los documentos y leyes referidas, aplican también para la ciudad. En los centros urbanos no hablamos de tierra. Se hace referencia al problema del suelo urbano. Este también está en disputa por parte del capital nacional e internacional. Allí también se está especializando racional y económicamente el suelo urbano; se está zonificando la inversión y definiendo zonas empresariales, financieras, mineras, habitacionales y de expansión de suelo urbano, favorables todas a la especulación financiera. Como resultado o como estrategia, la población está siendo desplazada y relocalizada. Las grandes superficies, los bancos, hoteles, casinos, oficinas se disputan el suelo para empresarios internacionales y ejecutivos. Configurándose una trama urbana y una ciudad para el capital, principalmente internacional.
El trasfondo y lo sustancial del debate en el país es la confrontación entre una política funcional al modelo de desarrollo neoliberal con un enfoque productivista y desarrollista, y las concepciones de desarrollo para la vida que implementan y disputan los pueblos y las comunidades, a través de múltiples prácticas y apuestas socio políticas y territoriales.
Estas concepciones de bienestar y buen vivir, deben ser el referente político y legislativo para hombres y mujeres, para los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas y campesinas, pero también para obreros y obreras agrícolas; para los movimientos populares urbanos y de derechos humanos, en su calidad de congresistas populares en el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías. La construcción de un mandato popular alternativo para el bienestar y la vida, que a la vez, confronte las políticas del desarrollo, la acumulación y el bienestar privado, permitirá que nuestras voces se armonicen en una sola canción, animando nuestra lucha y promoviendo la unidad.
Esperamos entonces, un congreso que consulte y articule en la diversidad lo nacional y lo regional, que armonice la tierra, el territorio y la territorialidad para su protección, uso soberano y armónico con la naturaleza; que reivindique e incorpore la diversidad étnica, cultural, de género y generación. Un congreso que reconociendo que reproducimos en los territorios una cultura patriarcal que mantiene históricamente a las mujeres bajo subordinación y dominación y, también, la existencia de conflictos entre pueblos, comunidades y sectores sociales, legisle para superarlos y para que se decida colectivamente sobre los territorios reivindicando lo diverso y lo propio. Un congreso y un mandato, que defina un horizonte estratégico para caminar juntos, pero que simultáneamente defina estrategias para confrontar y neutralizar las políticas estatales que dividen e instrumentalizan las comunidades. Un Congreso que logre un mandato del pueblo para el pueblo. Un mandato diverso y unitario. Un mandato para cumplirlo.
NOTAS:
(1) Documento escrito por encargo del Comité de Impulso como aporte para la discusión del eje temático de tierras del Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías.
(2) Pérez Edelmira y Llambi Luis. Nuevas Ruralidades y Viejos Campesinismos
(3) Teubal Miguel. Globalización y nueva ruralidad en América Latina
(4) Idem
(5) Idem
(6) “El desarrollo de la forma capitalista de producción ha seccionado el nervio vital de la pequeña explotación en la agricultura; la pequeña explotación agrícola decae y marcha irremisiblemente hacia la ruina”. Engels. Federico. El problema campesino en Francia y Alemania.
(7) Sentencia C-366/11 Resuelve: Primero.- Declarar INEXEQUIBLE la Ley 1382 de 2010, “por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas”. Segundo.- Diferir los efectos de la inexequibilidad declarada por el término de dos (2) años, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
(8)Debe llamar la atención que los gobiernos endurecen las políticas luego de declaratorias de inexequibilidad, lo que implica diseñar estrategias integrales de confrontación de las políticas estatales.
(9)El documento es parte integrante de la Ley 1450 junio 2011 que aprobó el PND
(10)Artículo 72 A: Proyectos Especiales Agropecuarios o Forestales. A solicitud del interesado se podrán autorizar actos o contratos en virtud de los cuales una persona natural o jurídica adquiera o reciba el aporte de la propiedad de tierras que originalmente fueron adjudicadas como baldíos o adquiridas a través de subsidio integral de tierras, aún cuando como resultado de ello se consoliden propiedades de superficies que excedan a la fijada para las Unidades Agrícolas Familiares UAF por el INCODER, siempre y cuando los predios objeto de la solicitud estén vinculados a un proyecto de desarrollo agropecuario o forestal que justifique la operación."
(11)http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-255928-carimagua-piloto-de-desarrollo-agricola-juan-manuel-ospina-geren
(12)http://www.incoder.gov.co
(13)“La burguesía colombiana tiene una vocación especulativa, que consiste en producir de acuerdo a las “oportunidades” que brinda el mercado internacional”. Ocampo, José Antonio. Colombia y la economía mundial.
(14) Este es el penúltimo artículo de la ley 1448, incluido horas antes de su aprobación como respuesta a las acciones de retorno y recuperación de tierras adelantadas por las comunidades de Urabá y Las Pavas.
miércoles, 19 de octubre de 2011
viernes, 18 de marzo de 2011
La Saga Carimagua: Vicisitudes de un modelo “asociativo” agro empresarial.
BOGOTÁ (Colombia).- 18 de marzo de 2011
Eduardo León Navarro
El gobierno nacional lanzó en el predio Carimagua el Gran Acuerdo por el Desarrollo de la Orinoquía, considerado por el gerente de INCODER, Juan Manuel Ospina, como un modelo “piloto para el desarrollo de la región y del país, que no puede ser solo de campesinos, ni solo de empresarios; allí se necesitan campesinos organizados y proyectos empresariales que se asocien con estos campesinos para producir eficientemente”(1).
Productividad y competitividad serán los elementos centrales del modelo, ratificando el enfoque productivista y exportador de la locomotora agraria manifiesto en el documento de Bases del Plan de Desarrollo y el proyecto de ley del mismo. Entre los objetivos del acuerdo, Ospina destaca “que las tierras de la Orinoquia puedan recibir familias de desplazados- en el caso de Carimagua son cerca de 500-, incorporarlas a procesos productivos integrados a escala comercial y mostrar cómo se comportan cultivos como palma africana, caucho, cacao, frutales tropicales”(2).
Bajo un esquema asociativo se piensa involucrar a las familias beneficiarias de la entrega de tierras, esquema en el que es previsible que los campesinos no sean más que obreros agrícolas, eufemísticamente calificados de empresarios pero sometidos a las condiciones de Indupalma y Fedegan (3), dos de los socios estratégicos del Gran Acuerdo. La entrega de tierras, no es más que la forma de garantizar mano de obra barata para los agronegocios. En la región ya han incursionado el empresario Alejandro Santodomingo, Corficolombiana de Luis Carlos Sarmiento Angulo, La empresa Manuelita y multinacionales, como Mónica Colombia, entre otras. Ya puede uno imaginarse el tipo de alianzas a realizarse con los campesinos. De aquellas que le gustan al ratón con el queso.
A los trabajadores cañeros en el Valle del Cauca también se les considera empresarios, siendo en realidad obreros sin las garantías mínimas que ofrece la legislación laboral colombiana. Un esquema similar, sin duda, será el que se aplicará en Carimagua y en toda la Orinoquía. No será necesario emular el modelo Malasio, el aplicado en Colombia representa mayores garantías. El proyecto piloto Carimagua, servirá para mejorarlo, es decir para aumentar la tasa de ganancia de los grandes inversionistas.
Se pretende vender el modelo Carimagua versión Santos- Restrepo como sustancialmente distinto al que intentó montar el binomio Uribe- Arias (4), siendo un capítulo más de la saga. El modelo es el mismo: agro empresa para la exportación; la modalidad: aparentemente distinta, alianza entre grandes empresarios y “campesinos/obreros agrícolas- empresarios”; y el estilo: en locomotora en vez de caballo de paso fino, poncho y moto sierra.
A los futuros campesinos-obreros les entregarán las tierras con su uso amarrado a cultivos permanentes. Dicho de otra manera, con una especie de derecho de real de superficie en favor de los empresarios (5). A estos les interesa la tierra como factor productivo (capital) no como patrimonio, eso se los garantiza el Gran Acuerdo. Si hace falta recurrirán a la compra masiva a precio de huevo, como es bien sabido en la Orinoquía y otras regiones del país. Complementariamente, asegura el ministro Restrepo, “el Gobierno hará un desarrollo inteligente de este territorio. La altillanura merecerá para su progreso sostenible, obras de gran aliento”(6).
La futura ley de tierras garantizará una legislación favorable a los inversionistas, completando la cuarta pata de la prospera mesa de agro negocios. Las otras tres, las ya mencionadas: infraestructura, tierra (mucha tierra) y mano de obra barata (muy barata). Con un apuntalamiento para mantenerlas firmes: fuerte presencia de la Fuerza Pública. Mejores condiciones para generar “confianza inversionista” no existen en otro país del mundo. Pero si acaso los inversionistas quieren más, seguro les adornarán la mesa.
NOTAS:
(1) http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-255928-carimagua-piloto-de-desarrollo-agricola-juan-manuel-ospina-geren
(2)idem
(3)Dos de las alianzas planteadas por el ministerio de agricultura son: 1. Alianza INCODER – Ministerio de Agricultura - Indupalma: que contempla el desarrollo de un proyecto productivo para la siembra de palma y caucho bajo el esquema de alianzas con las familias que recibirán la propiedad de la tierra, orientado hacia un esquema con mercados asegurados. 2. Alianza INCODER – Fedegan: para desarrollar el proyecto productivo ganadero con innovación tecnológica bajo la aplicación de esquemas silvopastoriles. http://www.incoder.gov.co
(4)Juan Manuel Ospina, Gerente del Incoder: “Se pretende mostrar una visión diferente de la que se dio anteriormente, según la cual esta zona sólo era factible con grandes empresarios”. http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-255928-carimagua-piloto-de-desarrollo-agricola-juan-manuel-ospina-geren
(5)Derecho que el dueño de una finca otorga a un tercero para que edifique, plante o siembre quedando facultado para disfrutar y disponer libremente de las construcciones, plantaciones o siembras.
(6)http://www.incoder.gov.co
Eduardo León Navarro
El gobierno nacional lanzó en el predio Carimagua el Gran Acuerdo por el Desarrollo de la Orinoquía, considerado por el gerente de INCODER, Juan Manuel Ospina, como un modelo “piloto para el desarrollo de la región y del país, que no puede ser solo de campesinos, ni solo de empresarios; allí se necesitan campesinos organizados y proyectos empresariales que se asocien con estos campesinos para producir eficientemente”(1).
Productividad y competitividad serán los elementos centrales del modelo, ratificando el enfoque productivista y exportador de la locomotora agraria manifiesto en el documento de Bases del Plan de Desarrollo y el proyecto de ley del mismo. Entre los objetivos del acuerdo, Ospina destaca “que las tierras de la Orinoquia puedan recibir familias de desplazados- en el caso de Carimagua son cerca de 500-, incorporarlas a procesos productivos integrados a escala comercial y mostrar cómo se comportan cultivos como palma africana, caucho, cacao, frutales tropicales”(2).
Bajo un esquema asociativo se piensa involucrar a las familias beneficiarias de la entrega de tierras, esquema en el que es previsible que los campesinos no sean más que obreros agrícolas, eufemísticamente calificados de empresarios pero sometidos a las condiciones de Indupalma y Fedegan (3), dos de los socios estratégicos del Gran Acuerdo. La entrega de tierras, no es más que la forma de garantizar mano de obra barata para los agronegocios. En la región ya han incursionado el empresario Alejandro Santodomingo, Corficolombiana de Luis Carlos Sarmiento Angulo, La empresa Manuelita y multinacionales, como Mónica Colombia, entre otras. Ya puede uno imaginarse el tipo de alianzas a realizarse con los campesinos. De aquellas que le gustan al ratón con el queso.
A los trabajadores cañeros en el Valle del Cauca también se les considera empresarios, siendo en realidad obreros sin las garantías mínimas que ofrece la legislación laboral colombiana. Un esquema similar, sin duda, será el que se aplicará en Carimagua y en toda la Orinoquía. No será necesario emular el modelo Malasio, el aplicado en Colombia representa mayores garantías. El proyecto piloto Carimagua, servirá para mejorarlo, es decir para aumentar la tasa de ganancia de los grandes inversionistas.
Se pretende vender el modelo Carimagua versión Santos- Restrepo como sustancialmente distinto al que intentó montar el binomio Uribe- Arias (4), siendo un capítulo más de la saga. El modelo es el mismo: agro empresa para la exportación; la modalidad: aparentemente distinta, alianza entre grandes empresarios y “campesinos/obreros agrícolas- empresarios”; y el estilo: en locomotora en vez de caballo de paso fino, poncho y moto sierra.
A los futuros campesinos-obreros les entregarán las tierras con su uso amarrado a cultivos permanentes. Dicho de otra manera, con una especie de derecho de real de superficie en favor de los empresarios (5). A estos les interesa la tierra como factor productivo (capital) no como patrimonio, eso se los garantiza el Gran Acuerdo. Si hace falta recurrirán a la compra masiva a precio de huevo, como es bien sabido en la Orinoquía y otras regiones del país. Complementariamente, asegura el ministro Restrepo, “el Gobierno hará un desarrollo inteligente de este territorio. La altillanura merecerá para su progreso sostenible, obras de gran aliento”(6).
La futura ley de tierras garantizará una legislación favorable a los inversionistas, completando la cuarta pata de la prospera mesa de agro negocios. Las otras tres, las ya mencionadas: infraestructura, tierra (mucha tierra) y mano de obra barata (muy barata). Con un apuntalamiento para mantenerlas firmes: fuerte presencia de la Fuerza Pública. Mejores condiciones para generar “confianza inversionista” no existen en otro país del mundo. Pero si acaso los inversionistas quieren más, seguro les adornarán la mesa.
NOTAS:
(1) http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-255928-carimagua-piloto-de-desarrollo-agricola-juan-manuel-ospina-geren
(2)idem
(3)Dos de las alianzas planteadas por el ministerio de agricultura son: 1. Alianza INCODER – Ministerio de Agricultura - Indupalma: que contempla el desarrollo de un proyecto productivo para la siembra de palma y caucho bajo el esquema de alianzas con las familias que recibirán la propiedad de la tierra, orientado hacia un esquema con mercados asegurados. 2. Alianza INCODER – Fedegan: para desarrollar el proyecto productivo ganadero con innovación tecnológica bajo la aplicación de esquemas silvopastoriles. http://www.incoder.gov.co
(4)Juan Manuel Ospina, Gerente del Incoder: “Se pretende mostrar una visión diferente de la que se dio anteriormente, según la cual esta zona sólo era factible con grandes empresarios”. http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-255928-carimagua-piloto-de-desarrollo-agricola-juan-manuel-ospina-geren
(5)Derecho que el dueño de una finca otorga a un tercero para que edifique, plante o siembre quedando facultado para disfrutar y disponer libremente de las construcciones, plantaciones o siembras.
(6)http://www.incoder.gov.co
La locomotora agropecuaria y la restitución de tierras
BOGOTÁ (Colombia).- 3 de marzo de 2011
Eduardo León Navarro
Un indicador de la voluntad política y la eficacia de las políticas públicas hay que buscarlo en el presupuesto destinado a su materialización; veamos que nos dice al respecto el plan de inversiones públicas 2011-2014[1].
El presupuesto destinado a la locomotora agropecuaria y desarrollo rural es de $11.702.486 millones comparado con $96.625.212 para desarrollo minero y expansión energética, $33.701.343 para infraestructura y transporte y $92.152.274 para viviendas y ciudades amables. Su presupuesto provendrá en un 40% del sector central y el 60% del sector privado, mientras que para Defensa y Seguridad Ciudadana el 100% de un total de $59.500.505 provendrá del sector central (tomando en cuenta la procedencia oficial el presupuesto de defensa es 13 veces más). La locomotora desarrollo minero y expansión energética contará con un presupuesto de $96.625.212, es decir 8 veces el de la agropecuaria, el 96% vendrá del sector privado y el resto del sector central y descentralizado.
Dos de las principales locomotoras de desarrollo y generación de empleo se dejarán, en buena parte, en manos del sector privado, la inversión extranjera preferiblemente; en contraprestación, seguramente, el gobierno de Santos profundizará la política de “confianza inversionista” de su antecesor, a través de nuevas leyes y condiciones favorables a los intereses de los grandes inversionistas: el capital financiero y el capital agroindustrial[2].
Adicionalmente es de suponer que el presupuesto público se destinará preferencialmente al fortalecimiento de la producción empresarial y, si acaso, de forma residual a la producción campesina, según se deduce del proyecto de ley 179 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que no hace mención a esta última, pero si dedica los tres únicos artículos sobre Agricultura y Desarrollo Rural al impulso y consolidación de las Zonas de Desarrollo Empresarial, modificando la ley 160 de 1994[3], mediante la eliminación de la “traba burocrática” de las UAF[4], así calificada reiteradamente por el Ministro Restrepo.
Es decir que lo que, en su momento, constituyó una medida para dar salida a la aspiración de adjudicación de tierras por parte de los campesinos, ahora lo será para favorecer la gran plantación y los cultivos de tardío rendimiento que requieren grandes extensiones de tierra. Se puede afirmar que se pasará de las UAF (unidades agrícolas familiares) a las UAE (unidades agrícolas empresariales).
Para dar viabilidad a tal medida el PL 179 de 2011 contempla la creación de la Comisión de Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario y Forestal[5] que tendrá como misión dar bendición legal a semejante despropósito, priorizando “los casos en los cuales se configuran alianzas o asociaciones entre pequeños, y/o medianos campesinos con grandes productores”, alianzas de plano asimétricas en las cuales los empresarios instrumentalizarán a sus socios pequeños y medianos quienes, a lo sumo, se convertirán en “rentistas” o contribuirán con sus tierras a cambio de una pequeña participación en las utilidades que, tratándose de cultivos de tardío rendimiento, solo se harán efectivas transcurridos varios años. Algunos teóricos conceptualizan este fenómeno como la descampesinización del mundo rural. Lo que efectivamente ha ido logrando el desplazamiento forzado conjuntamente con las políticas de desarrollo rural adversas a la producción campesina.
Aunque “la autorización para el aprovechamiento de los terrenos baldíos se efectuará a través de contratos de leasing, arriendos de largo plazo, concesión u otras modalidades que no impliquen la transferencia de la propiedad, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expedirá el Gobierno Nacional”, es evidente que estas medidas favorecerán un tipo de concentración del uso del suelo para el desarrollo de la agroindustria[6] en detrimento de la economía campesina de subsistencia y la producción de alimentos[7].
Se ampliará la frontera agrícola y se aumentará la vulnerabilidad de nuestros ecosistemas ante la presión de solicitudes de tierras baldías, adicionalmente por cuenta de otras medidas contempladas en el Capítulo 5 Gestión Ambiental y del Riesgo de Desastre; específicamente el artículo 117 que modifica el artículo 202 del Decreto 28811 de 1974[8], elimina las reservas forestales productoras-protectoras y establece que en adelante las áreas forestales solo serán de dos tipos: protectoras y productoras para abrirle paso, de esta manera, a la explotación de nuestros bosques.
Para asegurar tal propósito, el artículo 119 del PL 179, establece que “las autoridades ambientales, en el marco de sus competencias, podrán “declarar, reservar, alinderar, realinderar, sustraer, integrar o recategorizar las áreas de reserva forestal”; funciones lo suficientemente amplias y discrecionales para generar “confianza inversionista” a los empresarios interesados en la explotación de nuestros bosques.
En medio de este panorama promisorio para la agroindustria en el país, qué le depara a la restitución de tierras. Se han puesto en marcha Planes de Choque para la restitución y formalización de tierras con gran despliegue mediático y continúa la discusión del proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras, próximo a enfrentar el tercer debate en la Comisión Primera del Senado.
Aún están por verse los resultados de los Planes de Choque para la restitución y formalización de tierras, pero la política agropecuaria en que se inscriben, pone en tela de juicio su sostenibilidad, su contribución a la reactivación de la producción campesina y la posibilidad para las comunidades despojadas y resistentes de recuperar, permanecer y adelantar los planes de vida en sus territorios[9].
Varias dudas y reparos ha suscitado el enfoque y alcance de las medidas de restitución contempladas en el proyecto de ley hasta ahora aprobado en la Cámara de Representantes, entre otras: el requisito previo de inscripción en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas (UAEGTD), considerado por el Senador Juan Fernando Cristo, como una equivocación y respecto de la cual habría que definir su naturaleza jurídica. En su opinión, tal inscripción no debería constituir más que un simple acto administrativo y “cualquier ciudadano víctima debería tener todos los caminos abiertos para iniciar la restitución”[10].
Ha advertido con vehemencia, el Senador Cristo, en varios escenarios que “hay enemigos de la ley en general y de la restitución en particular”. Durante el primero y segundo debate en la Cámara de Representantes el Partido Conservador y el Partido de la U fueron enfáticos en sus reparos fiscales a la restitución de tierras y al conjunto del proyecto de ley, argumentos que realmente encubren su aversión al mismo.
En un comunicado Roy Barreras anunció que “El Partido, a través de sus diferentes parlamentarios, ha presentado en esta última etapa nueve (9) importantes modificaciones a la Ley, particularmente al capítulo de restitución de tierras, que la harán una Ley viable, fiscalmente responsable y cuidadosa tanto de los derechos de las víctimas, como de la seguridad jurídica y del derecho de propiedad del resto de colombianos”[11].
Es de prever que los ya limitados alcances del proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes, lo sean aún más en el Senado y que la intención de proteger a grandes inversionistas y hasta de legalizar despojos se materialicen en la ley aprobada, bajo el rótulo de proteger el derecho a la propiedad.
El Senador Avellaneda, también ponente del proyecto de ley, manifiesta su preocupación ante la ausencia de término para resolver la petición de restitución, en el texto aprobado en la Cámara de Representantes; la única instancia en el proceso de restitución; la complejidad de la UAEGTD que asimiló a un laberinto; y sobre la falta de garantías y una política clara de protección y no repetición[12].
Absurdo resulta el artículo 101 de la ponencia del Proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del Senado, que establece "el derecho real de superficie sobre los predios o terrenos inscritos en el Registro de Tierras Despojadas que sean objeto de restitución o formalización" entendido como "aquel que otorga a su titular la facultad de usar, gozar y disponer de los sistemas de producción a que se refiere este parágrafo, incluyendo las plantaciones y/o construcciones que hubieran levantado sobre el predio restituido o formalizado, por un tiempo determinado, apropiándose de los frutos y productos que éstos generen, con cargo de pagar al nudo propietario una renta o canon".
Una medida similar se contempla en el Proyecto de Ley 107, aprobado en segundo debate en la Cámara de Representantes, en el artículo 96 sobre el aplazamiento de la entrega del bien restituido si “hubiere frutos pendientes de un opositor o un tercero de buena fe exenta de culpa, el juez podrá, según las circunstancias, aplazar la entrega del bien, hasta que sean recogidos”.
Ambas medidas no solo aplazarían indefinidamente en el tiempo la restitución material del bien, sino que evidencian la intencionalidad de favorecer, a como de lugar, a los agro empresarios, bajo el supuesto de la existencia de “buena fe exenta de culpa”, en un país en el que se han despojado y/o forzado el abandono de 6,65 millones de hectáreas[13], muchas veces con complicidad de empresarios o en su beneficio, lo cual pone en duda presuponerla o admitirla.
No se puede aducir ningún argumento, en apariencia legal, para refrendar el despojo, impedir la restitución - ya bastante conservadora en las metas fijadas por el gobierno- o imposibilitar el retorno. El derecho legítimo que asiste a las víctimas del despojo a ser reparadas, reviste mayor valía que cualquier embeleco jurídico que pretenda envolatarlo.
Además de todas las anteriores preocupaciones las organizaciones de victimas han planteado reparos sobre la sostenibilidad de la restitución de tierras, específicamente sobre la seguridad para la permanencia en las mismas y la falta de medidas de inclusión en políticas de desarrollo territorial, que apoyen la producción campesina y den viabilidad a los planes de vida o de desarrollo alternativo de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas.
Las medidas contempladas para los sectores agropecuario y minero en el documento Bases para el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para todos y en el Proyecto de Ley 179 de 2011, abiertamente proclives a la agroindustria y la gran minería, hacen pensar que la tantas veces anunciada “ley de tierras” o Ley de desarrollo rural” no será sustancialmente diferente del declarado inexequible Estatuto de Desarrollo Rural. Favorecerá un modelo de desarrollo rural, norma tras norma, cada vez más funcional al capital financiero y agroindustrial internacional.
El ministro Restrepo ha dicho que se provocarán cambios en el uso del suelo en favor de la agricultura, pero lo serán prioritariamente en favor de aquella destinada a cultivos de tardío rendimiento, según las prioridades y estrategias priorizadas en los documentos de política pública mencionados.
Se propiciará una mayor concentración de la tierra por la vía del fortalecimiento de Zonas de Desarrollo Empresarial en los territorios baldíos, la mercantilización de las tierras restituidas o sobre las cuales se adelanten programas de formalización de su propiedad[14], ante la imposibilidad de los pequeños y medianos campesinos de ponerla a producir por su cuenta, la ausencia de políticas eficaces de fomento a la producción y comercialización campesina y por efecto de presiones de toda índole.
La política agraria del gobierno del presidente Santos es en esencia continuista, centrada en el impulso de un modelo agro empresarial y extractivista, basado en la confianza inversionista al gran capital, ajena al lema “prosperidad para todos” del Plan de Desarrollo. Bajo un estilo de gobierno de “buenas maneras” pero, a fin de cuentas, tanto o más neoliberal que el de su antecesor.
Esta política profundizará el conflicto en el país caracterizado, entre otros factores, por la disputa histórica por la tierra y el territorio, que se concreta en la oposición entre concepciones de desarrollo inspiradas en el bienestar colectivo y modelos de desarrollo que son realmente de acumulación de riqueza, como el agrario impuesto en el país, centrado en la productividad y competitividad. Lejano de una concepción humanista y divorciado de la necesidad de redistribución de la tierra. En este país, como dice Absalón Machado, "hay un estado de cosas inmodificable en materia de la estructura de la tenencia de la tierra en Colombia".
[1] Proyecto de Ley 179 de 2011 por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
[2] La nueva ruralidad refleja “…la intensificación del dominio del capital sobre el agro en el marco de un proceso capitalista crecientemente globalizado”. Miguel Teubal. Globalización y nueva ruralidad en América Latina.
[3]Esto fue calificado por el senador Robledo como un mico en el proyecto de ley 179 de 2011 presentado por el gobierno.
[4]Artículo 45 PL 179 de 2011. Adiciónese la Ley 160 de 1994 con el siguiente artículo: Artículo 72 A. Proyectos Especiales Agropecuarios y Forestales. A solicitud del interesado se podrán autorizar actos o contratos en virtud de los cuales una persona natural o jurídica adquiera o reciba el aporte de la propiedad de tierras que originalmente fueron adjudicadas como baldíos o adquiridas a través de subsidio integral de tierras, aún cuando como resultado de ello se consoliden propiedades de superficies que excedan a la fijada para la Unidades Agrícolas Familiares UAF por el INCODER, siempre y cuando los predios objeto de la solicitud estén vinculados a un proyecto de desarrollo agropecuario y forestal que justifique la operación.
[5]Artículo 46 del PL 179 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014”
[6]ARTÍCULO 47. Modifíquese el artículo 83 de la Ley 160 de 1994, el cual quedará así: “Artículo 83. Las sociedades de cualquier índole que sean reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como empresas especializadas del sector agropecuario y forestal, podrán solicitar autorización para el uso y aprovechamiento de terrenos baldíos en las Zonas de Desarrollo Empresarial establecidas en el artículo anterior, en las extensiones y con las condiciones que al efecto determine el Consejo Directivo del INCODER, de acuerdo con la reglamentación del Gobierno Nacional.
[7]“han cambiado las prioridades en materia agropecuaria: la tierra, vista tradicionalmente como un recurso que debía ser utilizado para la producción de alimentos básicos, se destina cada vez más a la producción agropecuaria exportable”. Miguel Teubal. Globalización y nueva ruralidad en América Latina.
[8] Artículo 202, Decreto 2811 de 1974. El presente Título regula el manejo de los suelos forestales por su naturaleza y de los bosques que contienen, que para los efectos del presente Código, se denominan áreas forestales. Las áreas forestales podrán ser productoras, protectoras y protectoras - productoras. La naturaleza forestal de los suelos será determinada según estudios ecológicos y socioeconómicos.
[9]Es muy importante la restitución y hay que hacerla, y es riesgosa, dados los factores de conflicto, pero en lo que hay que hacer énfasis es en que hay que ir más allá, porque la restitución es una política a corto plazo.Entrevista a Absalón Machado. http://www.eltiempo.com/justicia/se-necesita-ir-mas-alla-de-la-restitucion-de-tierras_8839912-4
[10]Exposición del Senador Cristo sobre el PL de Víctimas en el VIII conversatorio La Cuestión Agraria en Colombia: tierra, desarrollo y paz, convocado por PCS y Planeta Paz.
[11]http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-253738-poco-de-concluir-extras-sigue-sin-avanzar-ley-de-victimas
[12]Exposición del Senador Avellaneda sobre el PL de Víctimas en el VIII conversatorio La Cuestión Agraria en Colombia: tierra, desarrollo y paz, convocado por PCS y Planeta Paz.
[13]Comisión de seguimiento a la Política Pública sobre desplazamiento Forzado.
[14]La compra masiva de tierras en Montes de María configura un tipo de despojo legal, según lo consideran las organizaciones campesinas, afrocolombianas e indígenas.
Eduardo León Navarro
Un indicador de la voluntad política y la eficacia de las políticas públicas hay que buscarlo en el presupuesto destinado a su materialización; veamos que nos dice al respecto el plan de inversiones públicas 2011-2014[1].
El presupuesto destinado a la locomotora agropecuaria y desarrollo rural es de $11.702.486 millones comparado con $96.625.212 para desarrollo minero y expansión energética, $33.701.343 para infraestructura y transporte y $92.152.274 para viviendas y ciudades amables. Su presupuesto provendrá en un 40% del sector central y el 60% del sector privado, mientras que para Defensa y Seguridad Ciudadana el 100% de un total de $59.500.505 provendrá del sector central (tomando en cuenta la procedencia oficial el presupuesto de defensa es 13 veces más). La locomotora desarrollo minero y expansión energética contará con un presupuesto de $96.625.212, es decir 8 veces el de la agropecuaria, el 96% vendrá del sector privado y el resto del sector central y descentralizado.
Dos de las principales locomotoras de desarrollo y generación de empleo se dejarán, en buena parte, en manos del sector privado, la inversión extranjera preferiblemente; en contraprestación, seguramente, el gobierno de Santos profundizará la política de “confianza inversionista” de su antecesor, a través de nuevas leyes y condiciones favorables a los intereses de los grandes inversionistas: el capital financiero y el capital agroindustrial[2].
Adicionalmente es de suponer que el presupuesto público se destinará preferencialmente al fortalecimiento de la producción empresarial y, si acaso, de forma residual a la producción campesina, según se deduce del proyecto de ley 179 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que no hace mención a esta última, pero si dedica los tres únicos artículos sobre Agricultura y Desarrollo Rural al impulso y consolidación de las Zonas de Desarrollo Empresarial, modificando la ley 160 de 1994[3], mediante la eliminación de la “traba burocrática” de las UAF[4], así calificada reiteradamente por el Ministro Restrepo.
Es decir que lo que, en su momento, constituyó una medida para dar salida a la aspiración de adjudicación de tierras por parte de los campesinos, ahora lo será para favorecer la gran plantación y los cultivos de tardío rendimiento que requieren grandes extensiones de tierra. Se puede afirmar que se pasará de las UAF (unidades agrícolas familiares) a las UAE (unidades agrícolas empresariales).
Para dar viabilidad a tal medida el PL 179 de 2011 contempla la creación de la Comisión de Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario y Forestal[5] que tendrá como misión dar bendición legal a semejante despropósito, priorizando “los casos en los cuales se configuran alianzas o asociaciones entre pequeños, y/o medianos campesinos con grandes productores”, alianzas de plano asimétricas en las cuales los empresarios instrumentalizarán a sus socios pequeños y medianos quienes, a lo sumo, se convertirán en “rentistas” o contribuirán con sus tierras a cambio de una pequeña participación en las utilidades que, tratándose de cultivos de tardío rendimiento, solo se harán efectivas transcurridos varios años. Algunos teóricos conceptualizan este fenómeno como la descampesinización del mundo rural. Lo que efectivamente ha ido logrando el desplazamiento forzado conjuntamente con las políticas de desarrollo rural adversas a la producción campesina.
Aunque “la autorización para el aprovechamiento de los terrenos baldíos se efectuará a través de contratos de leasing, arriendos de largo plazo, concesión u otras modalidades que no impliquen la transferencia de la propiedad, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expedirá el Gobierno Nacional”, es evidente que estas medidas favorecerán un tipo de concentración del uso del suelo para el desarrollo de la agroindustria[6] en detrimento de la economía campesina de subsistencia y la producción de alimentos[7].
Se ampliará la frontera agrícola y se aumentará la vulnerabilidad de nuestros ecosistemas ante la presión de solicitudes de tierras baldías, adicionalmente por cuenta de otras medidas contempladas en el Capítulo 5 Gestión Ambiental y del Riesgo de Desastre; específicamente el artículo 117 que modifica el artículo 202 del Decreto 28811 de 1974[8], elimina las reservas forestales productoras-protectoras y establece que en adelante las áreas forestales solo serán de dos tipos: protectoras y productoras para abrirle paso, de esta manera, a la explotación de nuestros bosques.
Para asegurar tal propósito, el artículo 119 del PL 179, establece que “las autoridades ambientales, en el marco de sus competencias, podrán “declarar, reservar, alinderar, realinderar, sustraer, integrar o recategorizar las áreas de reserva forestal”; funciones lo suficientemente amplias y discrecionales para generar “confianza inversionista” a los empresarios interesados en la explotación de nuestros bosques.
En medio de este panorama promisorio para la agroindustria en el país, qué le depara a la restitución de tierras. Se han puesto en marcha Planes de Choque para la restitución y formalización de tierras con gran despliegue mediático y continúa la discusión del proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras, próximo a enfrentar el tercer debate en la Comisión Primera del Senado.
Aún están por verse los resultados de los Planes de Choque para la restitución y formalización de tierras, pero la política agropecuaria en que se inscriben, pone en tela de juicio su sostenibilidad, su contribución a la reactivación de la producción campesina y la posibilidad para las comunidades despojadas y resistentes de recuperar, permanecer y adelantar los planes de vida en sus territorios[9].
Varias dudas y reparos ha suscitado el enfoque y alcance de las medidas de restitución contempladas en el proyecto de ley hasta ahora aprobado en la Cámara de Representantes, entre otras: el requisito previo de inscripción en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas (UAEGTD), considerado por el Senador Juan Fernando Cristo, como una equivocación y respecto de la cual habría que definir su naturaleza jurídica. En su opinión, tal inscripción no debería constituir más que un simple acto administrativo y “cualquier ciudadano víctima debería tener todos los caminos abiertos para iniciar la restitución”[10].
Ha advertido con vehemencia, el Senador Cristo, en varios escenarios que “hay enemigos de la ley en general y de la restitución en particular”. Durante el primero y segundo debate en la Cámara de Representantes el Partido Conservador y el Partido de la U fueron enfáticos en sus reparos fiscales a la restitución de tierras y al conjunto del proyecto de ley, argumentos que realmente encubren su aversión al mismo.
En un comunicado Roy Barreras anunció que “El Partido, a través de sus diferentes parlamentarios, ha presentado en esta última etapa nueve (9) importantes modificaciones a la Ley, particularmente al capítulo de restitución de tierras, que la harán una Ley viable, fiscalmente responsable y cuidadosa tanto de los derechos de las víctimas, como de la seguridad jurídica y del derecho de propiedad del resto de colombianos”[11].
Es de prever que los ya limitados alcances del proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes, lo sean aún más en el Senado y que la intención de proteger a grandes inversionistas y hasta de legalizar despojos se materialicen en la ley aprobada, bajo el rótulo de proteger el derecho a la propiedad.
El Senador Avellaneda, también ponente del proyecto de ley, manifiesta su preocupación ante la ausencia de término para resolver la petición de restitución, en el texto aprobado en la Cámara de Representantes; la única instancia en el proceso de restitución; la complejidad de la UAEGTD que asimiló a un laberinto; y sobre la falta de garantías y una política clara de protección y no repetición[12].
Absurdo resulta el artículo 101 de la ponencia del Proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del Senado, que establece "el derecho real de superficie sobre los predios o terrenos inscritos en el Registro de Tierras Despojadas que sean objeto de restitución o formalización" entendido como "aquel que otorga a su titular la facultad de usar, gozar y disponer de los sistemas de producción a que se refiere este parágrafo, incluyendo las plantaciones y/o construcciones que hubieran levantado sobre el predio restituido o formalizado, por un tiempo determinado, apropiándose de los frutos y productos que éstos generen, con cargo de pagar al nudo propietario una renta o canon".
Una medida similar se contempla en el Proyecto de Ley 107, aprobado en segundo debate en la Cámara de Representantes, en el artículo 96 sobre el aplazamiento de la entrega del bien restituido si “hubiere frutos pendientes de un opositor o un tercero de buena fe exenta de culpa, el juez podrá, según las circunstancias, aplazar la entrega del bien, hasta que sean recogidos”.
Ambas medidas no solo aplazarían indefinidamente en el tiempo la restitución material del bien, sino que evidencian la intencionalidad de favorecer, a como de lugar, a los agro empresarios, bajo el supuesto de la existencia de “buena fe exenta de culpa”, en un país en el que se han despojado y/o forzado el abandono de 6,65 millones de hectáreas[13], muchas veces con complicidad de empresarios o en su beneficio, lo cual pone en duda presuponerla o admitirla.
No se puede aducir ningún argumento, en apariencia legal, para refrendar el despojo, impedir la restitución - ya bastante conservadora en las metas fijadas por el gobierno- o imposibilitar el retorno. El derecho legítimo que asiste a las víctimas del despojo a ser reparadas, reviste mayor valía que cualquier embeleco jurídico que pretenda envolatarlo.
Además de todas las anteriores preocupaciones las organizaciones de victimas han planteado reparos sobre la sostenibilidad de la restitución de tierras, específicamente sobre la seguridad para la permanencia en las mismas y la falta de medidas de inclusión en políticas de desarrollo territorial, que apoyen la producción campesina y den viabilidad a los planes de vida o de desarrollo alternativo de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas.
Las medidas contempladas para los sectores agropecuario y minero en el documento Bases para el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para todos y en el Proyecto de Ley 179 de 2011, abiertamente proclives a la agroindustria y la gran minería, hacen pensar que la tantas veces anunciada “ley de tierras” o Ley de desarrollo rural” no será sustancialmente diferente del declarado inexequible Estatuto de Desarrollo Rural. Favorecerá un modelo de desarrollo rural, norma tras norma, cada vez más funcional al capital financiero y agroindustrial internacional.
El ministro Restrepo ha dicho que se provocarán cambios en el uso del suelo en favor de la agricultura, pero lo serán prioritariamente en favor de aquella destinada a cultivos de tardío rendimiento, según las prioridades y estrategias priorizadas en los documentos de política pública mencionados.
Se propiciará una mayor concentración de la tierra por la vía del fortalecimiento de Zonas de Desarrollo Empresarial en los territorios baldíos, la mercantilización de las tierras restituidas o sobre las cuales se adelanten programas de formalización de su propiedad[14], ante la imposibilidad de los pequeños y medianos campesinos de ponerla a producir por su cuenta, la ausencia de políticas eficaces de fomento a la producción y comercialización campesina y por efecto de presiones de toda índole.
La política agraria del gobierno del presidente Santos es en esencia continuista, centrada en el impulso de un modelo agro empresarial y extractivista, basado en la confianza inversionista al gran capital, ajena al lema “prosperidad para todos” del Plan de Desarrollo. Bajo un estilo de gobierno de “buenas maneras” pero, a fin de cuentas, tanto o más neoliberal que el de su antecesor.
Esta política profundizará el conflicto en el país caracterizado, entre otros factores, por la disputa histórica por la tierra y el territorio, que se concreta en la oposición entre concepciones de desarrollo inspiradas en el bienestar colectivo y modelos de desarrollo que son realmente de acumulación de riqueza, como el agrario impuesto en el país, centrado en la productividad y competitividad. Lejano de una concepción humanista y divorciado de la necesidad de redistribución de la tierra. En este país, como dice Absalón Machado, "hay un estado de cosas inmodificable en materia de la estructura de la tenencia de la tierra en Colombia".
[1] Proyecto de Ley 179 de 2011 por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
[2] La nueva ruralidad refleja “…la intensificación del dominio del capital sobre el agro en el marco de un proceso capitalista crecientemente globalizado”. Miguel Teubal. Globalización y nueva ruralidad en América Latina.
[3]Esto fue calificado por el senador Robledo como un mico en el proyecto de ley 179 de 2011 presentado por el gobierno.
[4]Artículo 45 PL 179 de 2011. Adiciónese la Ley 160 de 1994 con el siguiente artículo: Artículo 72 A. Proyectos Especiales Agropecuarios y Forestales. A solicitud del interesado se podrán autorizar actos o contratos en virtud de los cuales una persona natural o jurídica adquiera o reciba el aporte de la propiedad de tierras que originalmente fueron adjudicadas como baldíos o adquiridas a través de subsidio integral de tierras, aún cuando como resultado de ello se consoliden propiedades de superficies que excedan a la fijada para la Unidades Agrícolas Familiares UAF por el INCODER, siempre y cuando los predios objeto de la solicitud estén vinculados a un proyecto de desarrollo agropecuario y forestal que justifique la operación.
[5]Artículo 46 del PL 179 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014”
[6]ARTÍCULO 47. Modifíquese el artículo 83 de la Ley 160 de 1994, el cual quedará así: “Artículo 83. Las sociedades de cualquier índole que sean reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como empresas especializadas del sector agropecuario y forestal, podrán solicitar autorización para el uso y aprovechamiento de terrenos baldíos en las Zonas de Desarrollo Empresarial establecidas en el artículo anterior, en las extensiones y con las condiciones que al efecto determine el Consejo Directivo del INCODER, de acuerdo con la reglamentación del Gobierno Nacional.
[7]“han cambiado las prioridades en materia agropecuaria: la tierra, vista tradicionalmente como un recurso que debía ser utilizado para la producción de alimentos básicos, se destina cada vez más a la producción agropecuaria exportable”. Miguel Teubal. Globalización y nueva ruralidad en América Latina.
[8] Artículo 202, Decreto 2811 de 1974. El presente Título regula el manejo de los suelos forestales por su naturaleza y de los bosques que contienen, que para los efectos del presente Código, se denominan áreas forestales. Las áreas forestales podrán ser productoras, protectoras y protectoras - productoras. La naturaleza forestal de los suelos será determinada según estudios ecológicos y socioeconómicos.
[9]Es muy importante la restitución y hay que hacerla, y es riesgosa, dados los factores de conflicto, pero en lo que hay que hacer énfasis es en que hay que ir más allá, porque la restitución es una política a corto plazo.Entrevista a Absalón Machado. http://www.eltiempo.com/justicia/se-necesita-ir-mas-alla-de-la-restitucion-de-tierras_8839912-4
[10]Exposición del Senador Cristo sobre el PL de Víctimas en el VIII conversatorio La Cuestión Agraria en Colombia: tierra, desarrollo y paz, convocado por PCS y Planeta Paz.
[11]http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-253738-poco-de-concluir-extras-sigue-sin-avanzar-ley-de-victimas
[12]Exposición del Senador Avellaneda sobre el PL de Víctimas en el VIII conversatorio La Cuestión Agraria en Colombia: tierra, desarrollo y paz, convocado por PCS y Planeta Paz.
[13]Comisión de seguimiento a la Política Pública sobre desplazamiento Forzado.
[14]La compra masiva de tierras en Montes de María configura un tipo de despojo legal, según lo consideran las organizaciones campesinas, afrocolombianas e indígenas.
lunes, 6 de septiembre de 2010
Del despojo de tierras a la “restitución”: ¿Continuismo o reforma?
Eduardo León Navarro
Septiembre 03 de 2010
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo ha presentado oficialmente los lineamientos de la política de tierras del gobierno en dos oportunidades en las últimas semanas; una con ocasión del debate de tierras convocado por los Representantes a la Cámara Cepeda, Arias y Rivera, y otra en el cierre de un ciclo de seminarios de la Sociedad Geográfica de Colombia.
A manera de corolario el ministro Restrepo advirtió que la política de tierras es uno de los elementos de la política agraria, sin que haya explicitado en qué consiste esta última. Supone uno entonces que el modelo de desarrollo rural que se ha impuesto en los últimos años continuará: profundización de la reprimarización de la economía nacional funcional a la demanda de insumos del mercado internacional para la agroindustria, lo cual respondería a que “La burguesía colombiana tiene una vocación especulativa, que consiste en producir de acuerdo a las “oportunidades” que brinda el mercado internacional” (1) , y a la inversión extranjera en la industria extractiva. Esta última ya cuenta con la seguridad jurídica que le brinda el Código de Minas para mantener la política de confianza inversionista inaugurada por el ex presidente Uribe.
El ministro habló de la existencia de un potencial de 21 millones de hectáreas para la agricultura, comparado con los 4.9 millones dedicados actualmente. Considera el ministro que “Esta superficie se ha venido concentrando en cultivos permanentes, con el 60% del área total, generando un mayor grado de especialización y más estabilidad en la oferta de alimentos en el mediano y largo plazos”. Pero la realidad está mostrando que dentro de esos cultivos permanentes los agrocombustibles, cada vez más, disputan el uso suelo a los cultivos alimentarios. De mantenerse esa tendencia, como en efecto sucederá, puede deducirse que el potencial para la agricultura lo será prioritariamente para cultivos permanentes agroindustriales, con participación fuerte de agrocombustibles.
Resaltó la existencia de un potencial de 14 millones de hectáreas para plantaciones forestales frente a las 350.000 utilizadas hoy en día. Es evidente el interés implícito del gobierno por usar ese potencial de tierras para este tipo de plantaciones en detrimento de la producción de alimentos.
Destacó que sólo 20 millones de las dedicadas a ganadería de un total de 38.6 millones son aptas para tal efecto. Reforzó el análisis de estas cifras afirmando que una hectárea de agricultura genera 12.5 veces más valor agregado que una de ganadería. Hasta aquí habría que estar parcialmente de acuerdo con el ministro. No se ampliaría la frontera agrícola y se cambiaría el uso del suelo en favor de la agricultura.
La pregunta que surge es qué tipo de agricultura se priorizará. Una que fortalezca la economía campesina acompañada de tecnificación, comercialización y créditos blandos para que sea sostenible, a la vez que resuelve el problema de seguridad y soberanía alimentarias, o se priorizaría el uso del suelo para consolidar la agroindustria, profundizando nuestra dependencia a la creciente importación de alimentos que se pueden producir en nuestros suelos.
Los componentes de la política de tierras según el ministro Restrepo serán seis: 1) mejorar el acceso a tierras; 2) modificar el uso de la tierra; 3) formalizar la propiedad rural; 4) restitución de tierras; 5) extinción de dominio de tierras ilícitas; y 6) modernización del impuesto predial. A primera vista estas medidas parecen ser bastante progresistas.
Veamos el trasfondo. En cuanto al acceso a tierras, entre otras medidas, plantea la creación de Zonas de Reserva Campesina; realmente no es nada nuevo es una reivindicación del campesinado colombiano contemplada en la Ley 160 de 1994 cuya reglamentación está suspendida. El gobierno restringe su implementación en tierras alejadas de los centros de consumo, lo que a lo sumo favorecería una economía campesina de pan coger.
Con base en una cifra conservadora de dos millones de hectáreas despojadas, como el propio ministro reconoce, plantea una política de restitución de tierras. Para implementarla radicará un proyecto de ley que, entre otras medidas, contempla que el Ministerio de Agricultura acreditará los derechos despojados por la violencia, se invertirá la carga de la prueba liberando de esta al despojado, se tipificarán los delitos de despojo y testaferrato, se habilitará una jurisdicción agraria, y se creará una especie de catastro del despojo (sabrá acaso que esa es una de las estrategias del Movice contra la impunidad). Medidas que a primera vista resultan favorables a las víctimas. Ojalá no terminen siendo letra muerta y la ley de tierras un instrumento útil solamente para la diplomacia internacional en materia de derechos humanos.
Adicionalmente el ministro anunció un plan de choque para la restitución de tierras que incluye, revocar resoluciones del antiguo INCORA y el INCODER que declararon la caducidad de títulos de predios “abandonados” por desplazados, los cuales posteriormente fueron adjudicados a terceros. No se trata ni mucho menos un acto de generosidad, es lo menos que debe hacer un gobierno que se precie de legítimo y democrático.
El tema de la formalización de la propiedad rural que en principio suena pertinente y adecuado, provoca dudas y especulaciones legítimas. Para el ministro la formalización masiva hace parte de la formalización de la economía y la piensa desarrollar a través de un “Programa de Formalización de Pequeña Propiedad Rural”, que según las cifras que presentó abarcaría a 1.2 millones de predios rurales informales.
La duda que surge es que una vez formalizada la propiedad mediante la titulación, estas tierras estarían en condiciones jurídicas idóneas para entrar al mercado especulativo de tierras frente al cual los campesinos, ante la quiebra y la ausencia de políticas de fomento de la economía campesina, estarían muy vulnerables frente a las ofertas de compra de sus propiedades por parte de agroindustriales, convirtiendo así lo que, en principio, aparenta ser un programa de seguridad jurídica de la pequeña propiedad, en un despojo legalizado al estilo del que se está perpetrando en los Monte de María, por ejemplo. Es decir se estaría, a la larga, favoreciendo la concentración de la propiedad de la tierra. No sería más que otra forma de despojo “legal” como la están catalogando diferentes organizaciones agrarias.
Refuerza cualquier sospecha de favorecimiento a la concentración de tierras, la respuesta del ministro Restrepo a la pregunta del Senador Robledo (2) sobre la intencionalidad desde del gobierno de acabar con la traba burocrática de las UAF(3) , su respuesta es que van a hacer proyectos para entregar tierras (del Estado) en concesiones por encima de la UAF, en el Vichada y en el resto de los Llanos Orientales.
Surgen un par de preguntas para el ministro, primera: ¿en dónde está la redistribución de la tierra?, una más: ¿cuáles son las políticas de fomento a la economía campesina para que la restitución y la formalización de tierras no terminen siendo funcionales a una mayor concentración de la propiedad, la consolidación del modelo agroexportador y la liquidación de la economía campesina?
Es obvio concluir, o al menos sospechar, que el latifundio se mantendrá incólume, lo mismo que el modelo agroexportador y extractivista. La economía campesina, por el contrario, quedará aún más maltrecha. Cómo decía un campesino de Vista Hermosa (Meta) que increpó al ministro “los campesinos no somos pobres, somos ilíquidos y nos hacen programas para pobres”. Ni más, ni menos. La política de tierras del gobierno de Santos no constituye ni siquiera el asomo de una reforma agraria(4).
Queda entonces la duda sobre si no estaría el gobierno hablando del mismo perro con diferente collar, pasando del modelo del despojo y el desarraigo territorial a una pretendida restitución y formalización de la pequeña propiedad, bajo un denominador común: ambas políticas son funcionales al modelo de desarrollo rural, afín, a su vez, al modelo neoliberal.
La política de tierras anunciada por el gobierno de Santos ha despertado simpatías y elogios entre connotados “formadores de opinión” y uno que otro despistado; sin duda contiene elementos reivindicados por las comunidades agrarias. Está por verse su implementación. Tenemos que exigir su concreción. Pero no afecta en lo sustancial un modelo de desarrollo agrario injusto e inequitativo que sigue siendo uno de los cimientos del conflicto social, político, económico y armado que padece el país.
Notas:
(1)OCAMPO, José Antonio. Colombia y la economía mundial.
(2)Audio: www.moir.org.co/IMG/mp3/foro...
(3)Las Unidades Agrícolas Familiares están limitadas a 900 hectáreas. En el punto 69 del programa de gobierno de Santos se habla de eliminar esta traba burocrática.
(4)“La naturaleza de una nueva estructura de tenencia de la tierra- formas, alcances, profundidad y ritmo del proceso- se define de acuerdo con las líneas ideológicas que inspiran y conforman determinado modelo político de desarrollo nacional y de reforma agraria. Solo dentro de este necesario contexto pueden establecerse e interpretarse el contenido y la razón histórica de una reforma agraria, encuadrada tanto dentro las condiciones estructurales específicas de determinada sociedad latinoamericana como dentro de los marcos globales del sistema de relaciones internacionales de intercambio”. García Antonio. Sociología de la Reforma Agraria en América Latina. Ediciones Cruz del Sur. Página 177.
Septiembre 03 de 2010
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo ha presentado oficialmente los lineamientos de la política de tierras del gobierno en dos oportunidades en las últimas semanas; una con ocasión del debate de tierras convocado por los Representantes a la Cámara Cepeda, Arias y Rivera, y otra en el cierre de un ciclo de seminarios de la Sociedad Geográfica de Colombia.
A manera de corolario el ministro Restrepo advirtió que la política de tierras es uno de los elementos de la política agraria, sin que haya explicitado en qué consiste esta última. Supone uno entonces que el modelo de desarrollo rural que se ha impuesto en los últimos años continuará: profundización de la reprimarización de la economía nacional funcional a la demanda de insumos del mercado internacional para la agroindustria, lo cual respondería a que “La burguesía colombiana tiene una vocación especulativa, que consiste en producir de acuerdo a las “oportunidades” que brinda el mercado internacional” (1) , y a la inversión extranjera en la industria extractiva. Esta última ya cuenta con la seguridad jurídica que le brinda el Código de Minas para mantener la política de confianza inversionista inaugurada por el ex presidente Uribe.
El ministro habló de la existencia de un potencial de 21 millones de hectáreas para la agricultura, comparado con los 4.9 millones dedicados actualmente. Considera el ministro que “Esta superficie se ha venido concentrando en cultivos permanentes, con el 60% del área total, generando un mayor grado de especialización y más estabilidad en la oferta de alimentos en el mediano y largo plazos”. Pero la realidad está mostrando que dentro de esos cultivos permanentes los agrocombustibles, cada vez más, disputan el uso suelo a los cultivos alimentarios. De mantenerse esa tendencia, como en efecto sucederá, puede deducirse que el potencial para la agricultura lo será prioritariamente para cultivos permanentes agroindustriales, con participación fuerte de agrocombustibles.
Resaltó la existencia de un potencial de 14 millones de hectáreas para plantaciones forestales frente a las 350.000 utilizadas hoy en día. Es evidente el interés implícito del gobierno por usar ese potencial de tierras para este tipo de plantaciones en detrimento de la producción de alimentos.
Destacó que sólo 20 millones de las dedicadas a ganadería de un total de 38.6 millones son aptas para tal efecto. Reforzó el análisis de estas cifras afirmando que una hectárea de agricultura genera 12.5 veces más valor agregado que una de ganadería. Hasta aquí habría que estar parcialmente de acuerdo con el ministro. No se ampliaría la frontera agrícola y se cambiaría el uso del suelo en favor de la agricultura.
La pregunta que surge es qué tipo de agricultura se priorizará. Una que fortalezca la economía campesina acompañada de tecnificación, comercialización y créditos blandos para que sea sostenible, a la vez que resuelve el problema de seguridad y soberanía alimentarias, o se priorizaría el uso del suelo para consolidar la agroindustria, profundizando nuestra dependencia a la creciente importación de alimentos que se pueden producir en nuestros suelos.
Los componentes de la política de tierras según el ministro Restrepo serán seis: 1) mejorar el acceso a tierras; 2) modificar el uso de la tierra; 3) formalizar la propiedad rural; 4) restitución de tierras; 5) extinción de dominio de tierras ilícitas; y 6) modernización del impuesto predial. A primera vista estas medidas parecen ser bastante progresistas.
Veamos el trasfondo. En cuanto al acceso a tierras, entre otras medidas, plantea la creación de Zonas de Reserva Campesina; realmente no es nada nuevo es una reivindicación del campesinado colombiano contemplada en la Ley 160 de 1994 cuya reglamentación está suspendida. El gobierno restringe su implementación en tierras alejadas de los centros de consumo, lo que a lo sumo favorecería una economía campesina de pan coger.
Con base en una cifra conservadora de dos millones de hectáreas despojadas, como el propio ministro reconoce, plantea una política de restitución de tierras. Para implementarla radicará un proyecto de ley que, entre otras medidas, contempla que el Ministerio de Agricultura acreditará los derechos despojados por la violencia, se invertirá la carga de la prueba liberando de esta al despojado, se tipificarán los delitos de despojo y testaferrato, se habilitará una jurisdicción agraria, y se creará una especie de catastro del despojo (sabrá acaso que esa es una de las estrategias del Movice contra la impunidad). Medidas que a primera vista resultan favorables a las víctimas. Ojalá no terminen siendo letra muerta y la ley de tierras un instrumento útil solamente para la diplomacia internacional en materia de derechos humanos.
Adicionalmente el ministro anunció un plan de choque para la restitución de tierras que incluye, revocar resoluciones del antiguo INCORA y el INCODER que declararon la caducidad de títulos de predios “abandonados” por desplazados, los cuales posteriormente fueron adjudicados a terceros. No se trata ni mucho menos un acto de generosidad, es lo menos que debe hacer un gobierno que se precie de legítimo y democrático.
El tema de la formalización de la propiedad rural que en principio suena pertinente y adecuado, provoca dudas y especulaciones legítimas. Para el ministro la formalización masiva hace parte de la formalización de la economía y la piensa desarrollar a través de un “Programa de Formalización de Pequeña Propiedad Rural”, que según las cifras que presentó abarcaría a 1.2 millones de predios rurales informales.
La duda que surge es que una vez formalizada la propiedad mediante la titulación, estas tierras estarían en condiciones jurídicas idóneas para entrar al mercado especulativo de tierras frente al cual los campesinos, ante la quiebra y la ausencia de políticas de fomento de la economía campesina, estarían muy vulnerables frente a las ofertas de compra de sus propiedades por parte de agroindustriales, convirtiendo así lo que, en principio, aparenta ser un programa de seguridad jurídica de la pequeña propiedad, en un despojo legalizado al estilo del que se está perpetrando en los Monte de María, por ejemplo. Es decir se estaría, a la larga, favoreciendo la concentración de la propiedad de la tierra. No sería más que otra forma de despojo “legal” como la están catalogando diferentes organizaciones agrarias.
Refuerza cualquier sospecha de favorecimiento a la concentración de tierras, la respuesta del ministro Restrepo a la pregunta del Senador Robledo (2) sobre la intencionalidad desde del gobierno de acabar con la traba burocrática de las UAF(3) , su respuesta es que van a hacer proyectos para entregar tierras (del Estado) en concesiones por encima de la UAF, en el Vichada y en el resto de los Llanos Orientales.
Surgen un par de preguntas para el ministro, primera: ¿en dónde está la redistribución de la tierra?, una más: ¿cuáles son las políticas de fomento a la economía campesina para que la restitución y la formalización de tierras no terminen siendo funcionales a una mayor concentración de la propiedad, la consolidación del modelo agroexportador y la liquidación de la economía campesina?
Es obvio concluir, o al menos sospechar, que el latifundio se mantendrá incólume, lo mismo que el modelo agroexportador y extractivista. La economía campesina, por el contrario, quedará aún más maltrecha. Cómo decía un campesino de Vista Hermosa (Meta) que increpó al ministro “los campesinos no somos pobres, somos ilíquidos y nos hacen programas para pobres”. Ni más, ni menos. La política de tierras del gobierno de Santos no constituye ni siquiera el asomo de una reforma agraria(4).
Queda entonces la duda sobre si no estaría el gobierno hablando del mismo perro con diferente collar, pasando del modelo del despojo y el desarraigo territorial a una pretendida restitución y formalización de la pequeña propiedad, bajo un denominador común: ambas políticas son funcionales al modelo de desarrollo rural, afín, a su vez, al modelo neoliberal.
La política de tierras anunciada por el gobierno de Santos ha despertado simpatías y elogios entre connotados “formadores de opinión” y uno que otro despistado; sin duda contiene elementos reivindicados por las comunidades agrarias. Está por verse su implementación. Tenemos que exigir su concreción. Pero no afecta en lo sustancial un modelo de desarrollo agrario injusto e inequitativo que sigue siendo uno de los cimientos del conflicto social, político, económico y armado que padece el país.
Notas:
(1)OCAMPO, José Antonio. Colombia y la economía mundial.
(2)Audio: www.moir.org.co/IMG/mp3/foro...
(3)Las Unidades Agrícolas Familiares están limitadas a 900 hectáreas. En el punto 69 del programa de gobierno de Santos se habla de eliminar esta traba burocrática.
(4)“La naturaleza de una nueva estructura de tenencia de la tierra- formas, alcances, profundidad y ritmo del proceso- se define de acuerdo con las líneas ideológicas que inspiran y conforman determinado modelo político de desarrollo nacional y de reforma agraria. Solo dentro de este necesario contexto pueden establecerse e interpretarse el contenido y la razón histórica de una reforma agraria, encuadrada tanto dentro las condiciones estructurales específicas de determinada sociedad latinoamericana como dentro de los marcos globales del sistema de relaciones internacionales de intercambio”. García Antonio. Sociología de la Reforma Agraria en América Latina. Ediciones Cruz del Sur. Página 177.
martes, 18 de mayo de 2010
Oleada verde, no sea. . . pida explicaciones
Eduardo León
abril 2010
A falta de una propuesta alternativa que embarque el país en una solución política negociada al conflicto armado y social, fundamentada en transformaciones estructurales políticas, sociales, culturales y económicas, el llamado voto de opinión se está inclinando en favor de una propuesta de cultura anti corrupción y anti clientelista nada despreciable, pero que deja por fuera la solución a otros problemas tanto o más graves.
La verdad sea dicha por la cabeza y la boca de Mockus, Fajardo o los otros dos tenores no ha pasado una idea ni una palabra que afecten la esencia del modelo neoliberal impuesto en el país. Pero ya que el Partido Verde está capitalizando políticamente una corriente de inconformistas, cansados de los desmanes de la derecha y decepcionados de las torpezas e incoherencias de la izquierda, estos deberían hilar más fino para que no terminen arrasados por un tsunami, en vez de montados en la cresta de una ola esperanzadora.
Veamos algunos temas de su programa de gobierno que hacen conjeturar que en temas claves no se deben esperar grandes cambios. La política laboral vigente funcional a la “confianza inversionista” y plagada de normas que precarizan cada vez más el mundo del trabajo, no será cambiada por “los verdes”. Se puede inferir de la propuesta de Mockus de eximir a los empresarios del pago de parafiscales, aunque asegura que mantendrá el Sena y el ICBF. Bajo qué modalidad seguirán existiendo estas instituciones, es un interrogante que no ha resuelto. Otrora entidades estatales ayudadas por la “mano invisible”, no del mercado, sino de políticas estatales han entrado al mundo del laizzes faire- laizzes passer mutando sus usuarios en clientes y sus servicios en mercancías.
El país está en mora de tener un nuevo contrato social para el mundo del trabajo, siquiera inspirado en lo más avanzado del liberalismo burgués. Un estatuto democrático del trabajo que restituya las conquistas laborales que la clase trabajadora logró en arduas luchas, aunque no supere las relaciones de explotación propias del capitalismo.
Entre sus propuestas para un Sector Rural Moderno, propone “facilitar el acceso a la tierra y los otros factores de producción, respetando la vocación de uso de los suelos y el equilibrio entre rentabilidad y seguridad alimentaria”, y “desconcentrar la propiedad agraria y garantizar la productividad sostenible”. Falta en estos planteamientos contundencia política que indique que su horizonte es transformar el actual modelo de desarrollo rural, funcional a la agroindustria y la industria extractiva y minera.
Cuando Mockus propone “racionalizar y priorizar los subsidios y apoyos productivos hacia los sectores más generadores de empleo, divisas y seguridad alimentaria”, en esencia no rompe con la nefasta política de subsidios agrícolas existente, con la diferencia que su eventual gobierno no los entregará a dedo, sino con base en la ley. El problema no es solo la corrupción y el clientelismo, sino lo inequitativo de la repartición y definir qué modelo de desarrollo favorece. Seguridad alimentaria no implica soberanía alimentaria, la diferencia la conocen muy bien nuestras comunidades rurales. Se trata de garantizar ambas y eso no cabe en un modelo de desarrollo rural que prioriza la agroindustria para la exportación.
Nada indica que la productividad y competitividad para la exportación, no continuarán siendo el zumo en la propuesta agraria de Mockus, y el limón que lo produce el mismo exprimido hasta ahora: desplazamiento forzado, despojo y proletarización del campesinado, y la destrucción de la riqueza ambiental y las etnias que la han salvaguardado ancestralmente.
En esencia sus propuestas para el campo, no afectan la enjundia del modelo de desarrollo rural inmerso en una división internacional del trabajo que impone al país el papel de productor de materias primas, la parte del encadenamiento productivo con menor valor agregado. Lo que necesita Colombia es una reforma agraria que incluya las propuestas de desarrollo alternativo del campesinado, las comunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas, no el simple acceso a la tierra. Su materialización ayudaría a resolver una de las causas estructurales que perpetúan el conflicto colombiano. Esta es una política de corte democrático que la burguesía colombiana dejo como tarea para otros, siendo su responsabilidad histórica.
Para fomentar el “Patriotismo Constitucional convirtiendo a la Constitución, en su calidad de acuerdo nacional fundamental, en la carta de navegación para los ciudadanos y las instituciones”, como reza el programa de Los Tenores, habría que acordar una nueva o derogar todas las leyes que han anulado los aspectos progresistas de la Constitución del 91. Así cobraría validez su aspiración de tener “una sociedad respetuosa de las leyes, responsable y participativa”. Postulado valido para un país sometido en los últimos 8 años con mayor rigor que nunca antes, al imperio de una cultura del atajo y la ilegalidad.
Sobre la Seguridad Democrática su programa de gobierno señala que “vamos a profundizar la seguridad democrática para llegar a la legalidad democrática. Hacer con la ilegalidad lo que se hizo con las FARC: arrinconarlas políticamente, dejarlas sin justificación. Las FARC son apenas una de muchas manifestaciones de la ilegalidad en Colombia y ameritan seguir siendo combatidas sin titubeos” [1]. Es decir, profundización de la guerra, aunque se solape bajo una tal legalidad democrática, fórmula no sustancialmente distinta a la seguridad democrática Uribista. Bajo un discurso político se insiste en una salida militar, totalmente inocua para terminar el conflicto armado. Mockus, como el resto de candidatos y la candidata, también cabalga sobre el legado Uribista, parece que por convicción, no por mero cálculo político electoral.
Siendo que el Partido Verde está canalizando una importante “oleada” de opinión y descontento, ésta debería indagar más a fondo por el significado implícito de sus signos políticos e incidir en su contendido, para no tener luego un chasco atribuible también a los electores del eventual presidente Mockus, por haber tragado como cura para los males lo que -si acaso- son meros paliativos.
[1]http://www.partidoverde.org.co/Noticias/tabid/58/mid/384/articleId/142/ctl/ReadPartidoV/Default.aspx
abril 2010
A falta de una propuesta alternativa que embarque el país en una solución política negociada al conflicto armado y social, fundamentada en transformaciones estructurales políticas, sociales, culturales y económicas, el llamado voto de opinión se está inclinando en favor de una propuesta de cultura anti corrupción y anti clientelista nada despreciable, pero que deja por fuera la solución a otros problemas tanto o más graves.
La verdad sea dicha por la cabeza y la boca de Mockus, Fajardo o los otros dos tenores no ha pasado una idea ni una palabra que afecten la esencia del modelo neoliberal impuesto en el país. Pero ya que el Partido Verde está capitalizando políticamente una corriente de inconformistas, cansados de los desmanes de la derecha y decepcionados de las torpezas e incoherencias de la izquierda, estos deberían hilar más fino para que no terminen arrasados por un tsunami, en vez de montados en la cresta de una ola esperanzadora.
Veamos algunos temas de su programa de gobierno que hacen conjeturar que en temas claves no se deben esperar grandes cambios. La política laboral vigente funcional a la “confianza inversionista” y plagada de normas que precarizan cada vez más el mundo del trabajo, no será cambiada por “los verdes”. Se puede inferir de la propuesta de Mockus de eximir a los empresarios del pago de parafiscales, aunque asegura que mantendrá el Sena y el ICBF. Bajo qué modalidad seguirán existiendo estas instituciones, es un interrogante que no ha resuelto. Otrora entidades estatales ayudadas por la “mano invisible”, no del mercado, sino de políticas estatales han entrado al mundo del laizzes faire- laizzes passer mutando sus usuarios en clientes y sus servicios en mercancías.
El país está en mora de tener un nuevo contrato social para el mundo del trabajo, siquiera inspirado en lo más avanzado del liberalismo burgués. Un estatuto democrático del trabajo que restituya las conquistas laborales que la clase trabajadora logró en arduas luchas, aunque no supere las relaciones de explotación propias del capitalismo.
Entre sus propuestas para un Sector Rural Moderno, propone “facilitar el acceso a la tierra y los otros factores de producción, respetando la vocación de uso de los suelos y el equilibrio entre rentabilidad y seguridad alimentaria”, y “desconcentrar la propiedad agraria y garantizar la productividad sostenible”. Falta en estos planteamientos contundencia política que indique que su horizonte es transformar el actual modelo de desarrollo rural, funcional a la agroindustria y la industria extractiva y minera.
Cuando Mockus propone “racionalizar y priorizar los subsidios y apoyos productivos hacia los sectores más generadores de empleo, divisas y seguridad alimentaria”, en esencia no rompe con la nefasta política de subsidios agrícolas existente, con la diferencia que su eventual gobierno no los entregará a dedo, sino con base en la ley. El problema no es solo la corrupción y el clientelismo, sino lo inequitativo de la repartición y definir qué modelo de desarrollo favorece. Seguridad alimentaria no implica soberanía alimentaria, la diferencia la conocen muy bien nuestras comunidades rurales. Se trata de garantizar ambas y eso no cabe en un modelo de desarrollo rural que prioriza la agroindustria para la exportación.
Nada indica que la productividad y competitividad para la exportación, no continuarán siendo el zumo en la propuesta agraria de Mockus, y el limón que lo produce el mismo exprimido hasta ahora: desplazamiento forzado, despojo y proletarización del campesinado, y la destrucción de la riqueza ambiental y las etnias que la han salvaguardado ancestralmente.
En esencia sus propuestas para el campo, no afectan la enjundia del modelo de desarrollo rural inmerso en una división internacional del trabajo que impone al país el papel de productor de materias primas, la parte del encadenamiento productivo con menor valor agregado. Lo que necesita Colombia es una reforma agraria que incluya las propuestas de desarrollo alternativo del campesinado, las comunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas, no el simple acceso a la tierra. Su materialización ayudaría a resolver una de las causas estructurales que perpetúan el conflicto colombiano. Esta es una política de corte democrático que la burguesía colombiana dejo como tarea para otros, siendo su responsabilidad histórica.
Para fomentar el “Patriotismo Constitucional convirtiendo a la Constitución, en su calidad de acuerdo nacional fundamental, en la carta de navegación para los ciudadanos y las instituciones”, como reza el programa de Los Tenores, habría que acordar una nueva o derogar todas las leyes que han anulado los aspectos progresistas de la Constitución del 91. Así cobraría validez su aspiración de tener “una sociedad respetuosa de las leyes, responsable y participativa”. Postulado valido para un país sometido en los últimos 8 años con mayor rigor que nunca antes, al imperio de una cultura del atajo y la ilegalidad.
Sobre la Seguridad Democrática su programa de gobierno señala que “vamos a profundizar la seguridad democrática para llegar a la legalidad democrática. Hacer con la ilegalidad lo que se hizo con las FARC: arrinconarlas políticamente, dejarlas sin justificación. Las FARC son apenas una de muchas manifestaciones de la ilegalidad en Colombia y ameritan seguir siendo combatidas sin titubeos” [1]. Es decir, profundización de la guerra, aunque se solape bajo una tal legalidad democrática, fórmula no sustancialmente distinta a la seguridad democrática Uribista. Bajo un discurso político se insiste en una salida militar, totalmente inocua para terminar el conflicto armado. Mockus, como el resto de candidatos y la candidata, también cabalga sobre el legado Uribista, parece que por convicción, no por mero cálculo político electoral.
Siendo que el Partido Verde está canalizando una importante “oleada” de opinión y descontento, ésta debería indagar más a fondo por el significado implícito de sus signos políticos e incidir en su contendido, para no tener luego un chasco atribuible también a los electores del eventual presidente Mockus, por haber tragado como cura para los males lo que -si acaso- son meros paliativos.
[1]http://www.partidoverde.org.co/Noticias/tabid/58/mid/384/articleId/142/ctl/ReadPartidoV/Default.aspx
jueves, 18 de marzo de 2010
En Colombia el que escruta elige, así ha sido siempre
Eduardo León
Marzo 16 de 2010
No es asunto del pasado. Las irregularidades en los procesos electorales en Colombia, son tema recurrente de noticia y análisis. Basta haber observado con atención en cualquier puesto de votación, para corroborar que las elecciones parlamentarias están viciadas de corrupción, compra-venta de votos, constreñimiento al elector, carruseles y otras prácticas que atentan contra la libre participación ciudadana.
Tampoco es novedoso que durante el conteo y escrutinio de votos se terminen de ajustar los resultados en favor de quienes detentan el poder. Ya sea sumando artificialmente votos o manipulando los resultados. Salvo las votaciones de candidatos y candidatas cuyos resultados electorales resultaría difícil manipular, porque cuentan con un potencial de votación cautiva debido a sus buenos desempeños como parlamentarios, han ganado una buena imagen por su trabajo en algún campo, o cuentan con el poder para salvaguardarla, cualquiera otra es fácilmente manipulable en el conteo y escrutinio. Especialmente las votaciones modestas de campañas sin capacidad logística para vigilar sus votos. Sucede igual a candidatos oficialistas como de oposición.
Si varios de estos candidatos y candidatas se atrevieran a impugnar las elecciones encontrarían sus votos envolatados sumando en favor de otros, amigos y no amigos. El que escruta elige, esa ha sido la norma rectora de la pretendida democracia de este país.
Para entender la trifulca que se ha armado en torno a la consulta interna conservadora para escoger candidato presidencial hay que responder a la pregunta: a quién o qué intereses favorece. No resulta inverosímil, como se está rumorando, que exista fraude, muy seguramente orquestado por ambos precandidatos. Cada quien desde sus trincheras politiqueras y redes de corrupción. Están buscando posicionarse con respecto al Partido de la U, ganador de las elecciones parlamentarias, y poner un alto precio a su adhesión para asegurar que el Uribismo gane las elecciones presidenciales en la primera vuelta, o en la segunda; uno u otro escenario depende de qué tanto logren tranzar para repartirse el poder.
El historial de oportunismo, clientelismo y politiquería de los dos precandidatos del conservatismo solo tiene diferencia generacional. Ambos han demostrado gran capacidad para acomodarse rápidamente en las altas esferas del poder político. Esta es una pelea por el botín y por ser el segundón del patrón. El partido conservador es indispensable para mantener la coalición politiquera que detenta el poder, lo saben perfectamente Sanín y Arias. Son conscientes que su lealtad al Uribismo será bien recompensada.
La otra parte de la respuesta a la pregunta formulada, hay que buscarla por los lados de Uribe y sus acólitos. Necesitan asegurar la adhesión del conservatismo para las elecciones presidenciales y lo quieren lograr en la primera vuelta “para ahorrarle preocupaciones al país”, como dice Juan Manuel Santos. Como buenos pescadores revuelven las aguas del río para obtener mayores ganancias. Una victoria contundente de Arias o Sanin, es el peor escenario. Una reñida victoria de cualquiera de los dos es el resultado ideal para bajarle a sus pretensiones burocráticas. Si acaso quien resultara perdedor amenazara con unirse a la oposición, no pasará de ser una estrategia más para ponerse precio. Aún en este escenario Uribe y sus socios sabrán resolver el impase por las buenas o por las malas.
En medio de este desalentador panorama, resulta esperanzador que un candidato como Iván Cepeda haya logrado llegar a la Cámara de Representantes. Bien por Iván y por lo que representa. Me alegro por él y otras personas de izquierda y democráticas que se han ganado el respeto y apoyo del llamado voto de opinión. La tarea es canalizar esa corriente más allá de la simpatía hacia personas tan valiosas como Iván.
Marzo 16 de 2010
No es asunto del pasado. Las irregularidades en los procesos electorales en Colombia, son tema recurrente de noticia y análisis. Basta haber observado con atención en cualquier puesto de votación, para corroborar que las elecciones parlamentarias están viciadas de corrupción, compra-venta de votos, constreñimiento al elector, carruseles y otras prácticas que atentan contra la libre participación ciudadana.
Tampoco es novedoso que durante el conteo y escrutinio de votos se terminen de ajustar los resultados en favor de quienes detentan el poder. Ya sea sumando artificialmente votos o manipulando los resultados. Salvo las votaciones de candidatos y candidatas cuyos resultados electorales resultaría difícil manipular, porque cuentan con un potencial de votación cautiva debido a sus buenos desempeños como parlamentarios, han ganado una buena imagen por su trabajo en algún campo, o cuentan con el poder para salvaguardarla, cualquiera otra es fácilmente manipulable en el conteo y escrutinio. Especialmente las votaciones modestas de campañas sin capacidad logística para vigilar sus votos. Sucede igual a candidatos oficialistas como de oposición.
Si varios de estos candidatos y candidatas se atrevieran a impugnar las elecciones encontrarían sus votos envolatados sumando en favor de otros, amigos y no amigos. El que escruta elige, esa ha sido la norma rectora de la pretendida democracia de este país.
Para entender la trifulca que se ha armado en torno a la consulta interna conservadora para escoger candidato presidencial hay que responder a la pregunta: a quién o qué intereses favorece. No resulta inverosímil, como se está rumorando, que exista fraude, muy seguramente orquestado por ambos precandidatos. Cada quien desde sus trincheras politiqueras y redes de corrupción. Están buscando posicionarse con respecto al Partido de la U, ganador de las elecciones parlamentarias, y poner un alto precio a su adhesión para asegurar que el Uribismo gane las elecciones presidenciales en la primera vuelta, o en la segunda; uno u otro escenario depende de qué tanto logren tranzar para repartirse el poder.
El historial de oportunismo, clientelismo y politiquería de los dos precandidatos del conservatismo solo tiene diferencia generacional. Ambos han demostrado gran capacidad para acomodarse rápidamente en las altas esferas del poder político. Esta es una pelea por el botín y por ser el segundón del patrón. El partido conservador es indispensable para mantener la coalición politiquera que detenta el poder, lo saben perfectamente Sanín y Arias. Son conscientes que su lealtad al Uribismo será bien recompensada.
La otra parte de la respuesta a la pregunta formulada, hay que buscarla por los lados de Uribe y sus acólitos. Necesitan asegurar la adhesión del conservatismo para las elecciones presidenciales y lo quieren lograr en la primera vuelta “para ahorrarle preocupaciones al país”, como dice Juan Manuel Santos. Como buenos pescadores revuelven las aguas del río para obtener mayores ganancias. Una victoria contundente de Arias o Sanin, es el peor escenario. Una reñida victoria de cualquiera de los dos es el resultado ideal para bajarle a sus pretensiones burocráticas. Si acaso quien resultara perdedor amenazara con unirse a la oposición, no pasará de ser una estrategia más para ponerse precio. Aún en este escenario Uribe y sus socios sabrán resolver el impase por las buenas o por las malas.
En medio de este desalentador panorama, resulta esperanzador que un candidato como Iván Cepeda haya logrado llegar a la Cámara de Representantes. Bien por Iván y por lo que representa. Me alegro por él y otras personas de izquierda y democráticas que se han ganado el respeto y apoyo del llamado voto de opinión. La tarea es canalizar esa corriente más allá de la simpatía hacia personas tan valiosas como Iván.
miércoles, 3 de marzo de 2010
¿Cómo le pareció la decisión de la Corte sobre el referendo?
Eduardo León Navarro
Fue la pregunta que le hice a un amigo y su respuesta fue sorprendentemente elocuente y esperanzadora “hubiera sido mejor derrotar a Uribe en las urnas, hundiéndole el referendo”.
Sobre la decisión de la Corte Constitucional se han dicho muchas cosas por parte de los analistas políticos y la doxa popular: que marcó el fin de la era Uribe, que los Uribistas sin Uribe como candidato son minoría (cuál sería la mayoría, acaso la suma de las otras minorías), que se demostró la independencia de la Corte, que el Estado de Derecho derrotó al estado de opinión, que la Corte salvó a Uribe de una derrota en las urnas (la votación no habría alcanzado el umbral establecido para que el referendo fuera válido), que el fallo fue político y no en derecho.
Jose Obdulio Escobar, “la inteligencia superior de Uribe”, considera que como la competencia política no es un simple juego de parqués en donde el resultado depende del aleatorio capricho de los dados, sino que se asocia más al ajedrez, por lo compleja que resulta ser. Afirmó en su columna de El Tiempo que “En el debate del referendo, el antiuribismo se metió en la trampa y ayudó a decantar el liderazgo Uribista: algunos mostraron su inconsistencia o escasa lealtad, mientras que otros reafirmaron su solidez de principios y fortaleza de ánimo, particularmente para enfrentar al terrorismo” . Cierto, o no, que el resultado del fallo de la Corte Constitucional haya sido parte de un espeluznante cálculo político del gobierno de Uribe, le servirá para neutralizar la creciente protesta social y reacomodar fuerzas.
Uribe como siempre se mostrará respetuoso del estado de derecho y de la independencia de las ramas del poder público, lo que realmente le importa es el continuismo de su política y su seguridad jurídica y personal. El guiño sucesoral del que tanto se habla, ya lo dio por la continuidad y afianzamiento de su política de seguridad democrática y confianza inversionista. Este guiño marcará el proceso electoral tanto para el continuismo como para la oposición. Infortunadamente esta última no estructura aún una propuesta alternativa, manteniéndose en un limbo que la desdibuja como tal. Ningún candidato presidencial de la oposición se atreve a cuestionar frontalmente la seguridad democrática, ni siquiera el candidato del PDA. Eso significa ni más ni menos que la seguridad democrática Uribista goza de cierta “legitimidad” política. La continuidad de la guerra no es cuestionada abiertamente por ningún candidato o candidata a la presidencia.
Como diría Foucault, a propósito de la inversión de la fórmula de Clausewitz, en el caso colombiano la política es la continuación de la guerra por otros medios. La seguridad democrática es la continuación de la guerra por otros medios y Uribe ha logrado entronar esta fórmula entre continuistas y opositores. El problema del poder para Uribe y sus corifeos se consolida en medio de la guerra, no deriva de la ley aunque se respalde formalmente en esta. Después de todo, como dice Foucault, entre sociedades liberales y estados totalitarios hay una filiación muy extraña. En nuestro caso aparentemente es solida la institucionalidad democrática, no hay tal, tiene que lidiar y/o contemporizar con una parainstitucionalidad representada en el estado comunitario y el estado de opinión y soportarse en el poder disciplinario y el biopoder , conceptos de Foucault que aplican perfectamente al proyecto político Uribista.
La resistencia de los sectores populares de la sociedad civil a ese poder fundamentado en la fuerza y la guerra, ha estado fincada principalmente en la ley. Tal vez es hora de que el derecho a la resistencia se ejerza en la lucha, tal como lo planteaba mi amigo cuando pensaba que era mejor haber derrotado el referendo reeleccionista en las urnas. Más valdría derrotar el poder Uribista en la lucha, que dependiendo de decisiones de poderes públicos que no obstante cumplen con su función de control, tienen que contemporizar con el autoritarismo. En este tinglado solo se propinan derrotas aparentes y, peor aún, la victoria puede terminar siendo funcional al “derrotado”.
No hay que desestimar lo dicho por José Obdulio, sea por “rabonada” o frío cálculo político: “el antiuribismo se metió en la trampa”. Tampoco hay que desestimar la decisión de la Corte, pero está por verse su real alcance. Por su parte, el movimiento popular y democrático debe crear las condiciones para librar sus luchas de resistencia en los escenarios en los que depende principalmente de su propia fuerza.
Notas:
(1) Columna de Opinión. El Tiempo 3 de marzo de 2010
(2) Poder disciplinario: poder que se aplica a los cuerpos mediante las técnicas de la vigilancia, las sanciones normalizadoras, la organización panóptica de las instituciones punitivas. Biopoder: poder que se aplica globalmente a la población, a la vida y a los seres vivientes. En el primer caso las chuzadas del DAS, por ejemplo; y, en el segundo, la implementación de la Estrategia de Recuperación Social del Territorio.
Fue la pregunta que le hice a un amigo y su respuesta fue sorprendentemente elocuente y esperanzadora “hubiera sido mejor derrotar a Uribe en las urnas, hundiéndole el referendo”.
Sobre la decisión de la Corte Constitucional se han dicho muchas cosas por parte de los analistas políticos y la doxa popular: que marcó el fin de la era Uribe, que los Uribistas sin Uribe como candidato son minoría (cuál sería la mayoría, acaso la suma de las otras minorías), que se demostró la independencia de la Corte, que el Estado de Derecho derrotó al estado de opinión, que la Corte salvó a Uribe de una derrota en las urnas (la votación no habría alcanzado el umbral establecido para que el referendo fuera válido), que el fallo fue político y no en derecho.
Jose Obdulio Escobar, “la inteligencia superior de Uribe”, considera que como la competencia política no es un simple juego de parqués en donde el resultado depende del aleatorio capricho de los dados, sino que se asocia más al ajedrez, por lo compleja que resulta ser. Afirmó en su columna de El Tiempo que “En el debate del referendo, el antiuribismo se metió en la trampa y ayudó a decantar el liderazgo Uribista: algunos mostraron su inconsistencia o escasa lealtad, mientras que otros reafirmaron su solidez de principios y fortaleza de ánimo, particularmente para enfrentar al terrorismo” . Cierto, o no, que el resultado del fallo de la Corte Constitucional haya sido parte de un espeluznante cálculo político del gobierno de Uribe, le servirá para neutralizar la creciente protesta social y reacomodar fuerzas.
Uribe como siempre se mostrará respetuoso del estado de derecho y de la independencia de las ramas del poder público, lo que realmente le importa es el continuismo de su política y su seguridad jurídica y personal. El guiño sucesoral del que tanto se habla, ya lo dio por la continuidad y afianzamiento de su política de seguridad democrática y confianza inversionista. Este guiño marcará el proceso electoral tanto para el continuismo como para la oposición. Infortunadamente esta última no estructura aún una propuesta alternativa, manteniéndose en un limbo que la desdibuja como tal. Ningún candidato presidencial de la oposición se atreve a cuestionar frontalmente la seguridad democrática, ni siquiera el candidato del PDA. Eso significa ni más ni menos que la seguridad democrática Uribista goza de cierta “legitimidad” política. La continuidad de la guerra no es cuestionada abiertamente por ningún candidato o candidata a la presidencia.
Como diría Foucault, a propósito de la inversión de la fórmula de Clausewitz, en el caso colombiano la política es la continuación de la guerra por otros medios. La seguridad democrática es la continuación de la guerra por otros medios y Uribe ha logrado entronar esta fórmula entre continuistas y opositores. El problema del poder para Uribe y sus corifeos se consolida en medio de la guerra, no deriva de la ley aunque se respalde formalmente en esta. Después de todo, como dice Foucault, entre sociedades liberales y estados totalitarios hay una filiación muy extraña. En nuestro caso aparentemente es solida la institucionalidad democrática, no hay tal, tiene que lidiar y/o contemporizar con una parainstitucionalidad representada en el estado comunitario y el estado de opinión y soportarse en el poder disciplinario y el biopoder , conceptos de Foucault que aplican perfectamente al proyecto político Uribista.
La resistencia de los sectores populares de la sociedad civil a ese poder fundamentado en la fuerza y la guerra, ha estado fincada principalmente en la ley. Tal vez es hora de que el derecho a la resistencia se ejerza en la lucha, tal como lo planteaba mi amigo cuando pensaba que era mejor haber derrotado el referendo reeleccionista en las urnas. Más valdría derrotar el poder Uribista en la lucha, que dependiendo de decisiones de poderes públicos que no obstante cumplen con su función de control, tienen que contemporizar con el autoritarismo. En este tinglado solo se propinan derrotas aparentes y, peor aún, la victoria puede terminar siendo funcional al “derrotado”.
No hay que desestimar lo dicho por José Obdulio, sea por “rabonada” o frío cálculo político: “el antiuribismo se metió en la trampa”. Tampoco hay que desestimar la decisión de la Corte, pero está por verse su real alcance. Por su parte, el movimiento popular y democrático debe crear las condiciones para librar sus luchas de resistencia en los escenarios en los que depende principalmente de su propia fuerza.
Notas:
(1) Columna de Opinión. El Tiempo 3 de marzo de 2010
(2) Poder disciplinario: poder que se aplica a los cuerpos mediante las técnicas de la vigilancia, las sanciones normalizadoras, la organización panóptica de las instituciones punitivas. Biopoder: poder que se aplica globalmente a la población, a la vida y a los seres vivientes. En el primer caso las chuzadas del DAS, por ejemplo; y, en el segundo, la implementación de la Estrategia de Recuperación Social del Territorio.
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