¿LOS DESPLAZADOS UN NUEVO MOVIMIENTO SOCIAL?

Eduardo León
Mayo 2008

La última oleada de desplazamiento forzado en el país por causa del conflicto social, político, económico y armado se presenta a partir de 1985, provocando el desplazamiento de aproximadamente 4 millones de colombian@s según datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES. Conflicto que se explica, entre otras razones, por la lucha por el control de la tierra, los territorios y los recursos naturales. Ha generado el despojo de unas 5 millones de hectáreas a campesinos, afrocolombianos e indígenas y el desarraigo social, cultural, económico y organizativo, producto de la desarticulación de las redes existentes en las comunidades que han sido víctimas del flagelo del desplazamiento forzado.

La dinámica y la acción social de la población desplazada, en medio de su lucha permanente por el derecho a la vida, la recuperación de sus tierras y territorios, acceso a vivienda, atención en salud, así como la educación para sus hijos, nos dan elementos de reflexión y análisis para considerar en el presente ensayo como objeto de estudio, la existencia de un movimiento de desplazados en Colombia, el contexto en que se desarrolla, los actores que lo componen, sus reivindicaciones, su dinámica actual y futura, así como las relaciones con otros movimientos sociales y políticos.

A partir del año 2000, con algunos antecedentes puntuales y dispersos geográficamente en años anteriores, la población desplazada emprendió un proceso organizativo nacional con la creación de la Coordinación Nacional de Desplazados en la búsqueda de su reconocimiento como sujetos de derechos dada su condición de víctimas del conflicto colombiano, la aplicación de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de Naciones Unidas, basados en el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho humanitario y por analogía en el derecho de refugiados y la Ley 387 de 1997, por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.

Manuel Castell, al respecto, señala que “un movimiento social nunca es consecuencia directa de su contexto histórico. Sus orientaciones, su evolución y su impacto sobre la sociedad tienen su origen en la interacción de sus componentes con las fuerzas sociales que se enfrentan a él. Sin embargo, es imposible comprender el significado de un movimiento sin alguna referencia a las condiciones históricas en que este aparece. Es importante no simplemente situarlo en un marco, sino precisar algunas de sus características, metas y dinámica social”(1).

Agrega Castell sobre el surgimiento de los movimientos sociales que “todos son síntomas de nuestras sociedades, expresiones significativas de nuevos conflictos sociales, y en algunos casos de cambios sociales, cuyas consecuencias deben establecerse mediante la investigación”. Por lo tanto la tipología de los movimientos sociales obedece a diferentes criterios y en especial al carácter y alcance de sus reivindicaciones, su lucha, los objetivos trazados, la dirección del movimiento y la estrategia que implementan para lograr el cambio que buscan.

La gran mayoría de la población desplazada se encuentra asentada en grandes y medianos centros urbanos. Han logrado alguna visibilización de sus procesos organizativos, en medio de una discriminación social semejante a un tipo de apartheid social, la precariedad de sus condiciones de vida, la desatención estatal y en general la indiferencia del conjunto de la sociedad frente a este fenómeno, que constituye la más dramática expresión de la crisis humanitaria y de derechos humanos que afronta el país. Situación que ha sido objeto de seguimiento por parte de ONG de derechos humanos nacionales e internacionales y que ha motivado varios informes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la oficina de la ACNUR(2) en Colombia, así como de la OACNUDH(3), en los cuales se formulan una serie de recomendaciones al gobierno colombiano para superar tal crisis, que han sido sistemáticamente desatendidas.

Según la Ley 387 “es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”.

Esta definición de tipo jurídico, ha suscitado diversas interpretaciones sobre sus alcances y generado debates de tipo sociológico que intentan ubicar el fenómeno del desplazamiento en el marco de las migraciones humanas. La misma población desplazada ha rebasado en sus análisis la caracterización que de ella hace la ley, lo mismo que las causas que generan el desplazamiento forzado.

La población desplazada reivindica permanentemente su carácter de víctimas del conflicto en Colombia y en consecuencia su condición de sujetos de derechos, a la vez que se reclama como movimiento social popular(4), aunque su procedencia geográfica, las razones que motivaron el desplazamiento forzado y la procedencia social es diversa: Campesinos, afrocolombianos e indígenas en su gran mayoría, pero también pequeños y medianos comerciantes urbanos y suburbanos, trabajadores rurales, maestros y otros sectores. Los desplazados se auto caracterizan como comunidad de desplazados para evidenciar el multiclasismo que los caracteriza y, a la vez, resaltar una identidad de propósitos derivada de condiciones de vida comunes e intereses compartidos(5). Existe un elemento clave que explica su identidad de intereses: el desarraigo territorial, cultural, social, político y organizativo que se deriva del desplazamiento forzado y los convoca a buscar soluciones parciales o duraderas(6).

Sus organizaciones generalmente son constituidas de una manera formal desde el punto de vista legal, cuyo propósito inicial es constituirse como representantes legítimas de sus asociados e interlocutoras reconocidas y válidas ante las instituciones encargadas de atender el desplazamiento forzado(7), para lograr acceso a los servicios contemplados por la ley.

Este tipo de organización cuyo carácter y alcance debería ser provisional o limitado en el tiempo, porque su propósito es obtener una serie de beneficios particulares a partir de la aplicación del principio de diferenciación positiva, dadas las condiciones de precariedad y vulnerabilidad en que se encuentra esta población lo que justifica la existencia de una ley específica que en teoría protege sus derechos, paulatinamente se ha ido convirtiendo en un movimiento social de proporciones importantes que ha logrado desarrollar una lucha sostenida por el logro de sus reivindicaciones, que actualmente superan los límites fijados en el marco de la Ley 387/97.

Los escenarios en los cuales participa e incide la población desplazada son diversos y no se limitan a los contemplados por la mencionada ley y más recientemente en el Decreto 250 de 2005(8), mediante el cual se expidió el actual Plan Nacional de Atención a la Población Desplazada. Las Organizaciones de Población Desplazada han promovido escenarios y espacios propios de confluencia, para avanzar en la construcción de Agendas Comunes y en la formulación de Estrategias compartidas de incidencia y exigibilidad jurídica, política y social de derechos.

Durante el año 2007 varias organizaciones de desplazados adelantaron una Campaña que denominaron Tierra, Vida y Dignidad, con ocasión de la conmemoración de los 10 años de expedición de la Ley sobre desplazamiento forzado, con el propósito de denunciar el incumplimiento sistemático del gobierno respecto de sus obligaciones constitucionales y legales de prevención, protección y restablecimiento socioeconómico de las comunidades desplazadas(9) y confrontar la pretensión gubernamental de convencer a la opinión pública nacional e internacional sobre la existencia de una política pública, que no va más allá de la formalidad de la expedición de leyes, decretos y planes de atención para los desplazados que no se concretan en la práctica.

Colombia se precia de tener una de las legislaciones más avanzadas en el mundo en materia de desplazamiento forzado interno, lo cual es reconocido por organismos internacionales, pero su alto nivel de inaplicabilidad la convierte en letra muerta. La campaña de las organizaciones de población desplazada contempló el desarrollo de diversas actividades de denuncia, visibilización de la problemática y movilizaciones de protesta y exigibilidad de derechos(10).

Esta acción permitió que varias organizaciones de desplazados a nivel nacional adelantaran actividades conjuntas y concertaran la formulación de un pliego conjunto de exigencias al gobierno nacional. Tal decisión política de desarrollar coordinadamente acciones de exigibilidad, configura un escenario de construcción de identidades mínimas que a su vez crea condiciones para la conformación de un proceso organizativo de la población desplazada a nivel nacional, con las características de un auténtico movimiento social en torno a reivindicaciones sectoriales, propuestas específicas, estrategias y escenarios de lucha comunes.

Pero cómo y porqué una condición o situación desplazamiento que se supondría temporal ha derivado en un fenómeno organizativo de grandes proporciones, que se expresa no solo por la cantidad de organizaciones constituidas jurídicamente y de hecho, sino por la variedad de propuestas formuladas, los escenarios de interlocución en los que participan y las acciones de incidencia y exigibilidad de derechos que adelantan.

Una primera razón es la desatención e incumplimiento estatal de sus obligaciones con las víctimas del desplazamiento que equivale a agravar y prolongar en el tiempo tal condición, situación que ha obligado a las comunidades a dar una respuesta política y organizativa. En tal sentido, Alain Tourain, considera que “un movimiento social es simultáneamente un conflicto social y un proyecto cultural... aspira siempre a la realización de valores culturales y, al mismo tiempo, a obtener la victoria frente a un adversario social”(11). Para el caso que nos ocupa el adversario de la población desplazada es el Estado Colombiano ante su inoperancia para atender la problemática del desplazamiento forzado.

En segundo lugar, la incapacidad de respuesta de los movimientos u organizaciones sociales de procedencia de los/as desplazados/as(12), debido a la represión a que han sido sometidas y la consiguiente desarticulación del tejido organizativo o su exterminio total, deja a las comunidades desplazadas en medio de una orfandad organizativa y frente a la necesidad de juntarse para sobrevivir y reclamar.

Mirado más a fondo este nuevo fenómeno organizativo, encontramos implícita en sus propuestas, formas de gobierno interno, estatutos y planes una firme voluntad de perdurabilidad y sostenibilidad de sus procesos organizativos(13). Su discurso sustentado en primer lugar por sus intereses, reivindicaciones y aspiraciones específicas como víctimas y sujetos de derechos, va más allá llevándolos a involucrarse en temas y acciones en torno a política agraria(14) y la construcción de paz, en coordinación con otros sectores y movimientos sociales.

Consecuentemente con tales intereses participan de iniciativas de la sociedad civil en torno a estos temas. Es el caso de la Coordinación Nacional de Desplazados que hace parte de la Convergencia negra, campesino e indígena, comprometida en el impulso del Mandato Agrario, una plataforma política, económica y social para el agro colombiano que involucra a varias organizaciones agrarias regionales y nacionales. Esta plataforma tiene como propósito incidir temáticamente en escenarios futuros de negociación política del conflicto colombiano, con el objetivo de lograr una política agraria democrática e incluyente que articule el agro al desarrollo económico y social, fomente la economía campesina y asegure la soberanía y la seguridad alimentaria del país.

Jordi M. Monteferrer plantea que los movimientos sociales en “su irrupción como formas de participación alternativa a las formas organizativas institucionales de las democracias liberales -partidos políticos y sindicatos, fundamentalmente-, que adoptan tácticas políticas que contrastan con las formas clásicas de defensa de intereses de grupo, ha sido uno de los cambios significativos. El resultado de su acción ha supuesto, en muchos aspectos, una renovación y fortalecimiento de la sociedad civil. Su actuación, divulgada a través de los medios de comunicación, está teniendo una enorme repercusión en la vida cotidiana cambiando hábitos, reconociendo nuevos derechos, creando imágenes nuevas, ofreciendo nuevas ideas de convivencia, transformando costumbres y ampliando la práctica democrática de la vida cotidiana”(15).

El movimiento de desplazados ha incidido en la dinámica social de las ciudades receptoras de población desplazada, generando opinión pública favorable y desfavorable, fortaleciendo el tejido comunitario y organizativo en los barrios mediante su vinculación a las formas organizativas comunitarias, reclamando escenarios de participación en la formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para lograr reconocimiento, visibilización y priorización de soluciones a su problemática y estableciendo alianzas temporales o permanentes.

Desde el punto de vista demográfico en algunas ciudades el porcentaje de desplazados respecto de la población total es significativo, generando un impacto en el aumento de la denominada marginalidad urbana (los asentamientos marginales) y la economía informal(16). En Bogotá representan aproximadamente entre el 6% y el 7% del total de la población y en las localidades específicas de asentamiento el porcentaje aumenta. En resumen los desplazados se esfuerzan por no pasar desapercibidos, intentan superar el estigma y la discriminación social de que son objeto, proponiendo formas de convivencia y luchando por lograr el arraigo que les es negado en las ciudades de recepción.

Para efectos de la coordinación con otros sectores de víctimas (familiares de desaparecidos, víctimas de genocidio político y otras), varias organizaciones de desplazados a nivel regional y nacional, son miembros y suscriben las estrategias, nueve en total, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE. Una de las estrategias es autoría de los desplazados: el Catastro Alternativo del Despojo, herramienta que pretende constituirse en una base de datos que evidencie las dimensiones del despojo de bienes muebles, tierras y territorios y sirva como un instrumento para la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación.

Esta estrategia y sus múltiples propósitos reflejan un interés de protagonismo político más allá de sus intereses específicos como víctimas, que consiste en participar activamente de los debates en torno a temas que explican las causas estructurales e históricas del conflicto colombiano. Además de ser sujetos de derechos por su condición de desplazados, su procedencia social y organizativa les permite constituirse como actores sociales y políticos en temas de interés general de la sociedad colombiana, particularmente de los sectores sociales populares, sin abandonar su propósito particular que les da el carácter de movimiento social.

No obstante que podríamos decir que por su origen el movimiento de desplazados es un movimiento más de tipo agrario, desterritorializado, se suma a otros movimientos urbanos en tanto que sus reivindicaciones comprometen políticas estatales urbanas(17): la vivienda, por ejemplo, como parte de una política de estabilización socioeconómica mientras no sea posible el retorno a sus tierras, situación que perdura en el tiempo en vista de la permanencia del conflicto armado y las causas de fondo que obligaron al desplazamiento forzado. Tal tipo de reivindicaciones le permite al movimiento de desplazados contar con un escenario urbano de acción social, política y organizativa en procura de la integración y el arraigo urbano temporal o definitivo. Dada su situación de vulnerabilidad y desprotección, los desplazados se ven obligados a subordinarse a las políticas públicas existentes(18); sus expectativas de cambio social quedan aplazadas, aunque sobreviven en los discursos que comparten en agendas más amplias y de largo plazo con otros sectores sociales.

A nivel internacional, más recientemente, varias organizaciones de desplazados realizaron un encuentro en Ecuador con refugiados de otros países, con el propósito de avanzar en la coordinación de acciones de alcance regional e incidir en políticas públicas de interés común. Aunque de manera muy general aún, empiezan a interesarse por los movimientos de migrantes económicos en América Latina, con los cuales comparten intereses comunes relacionados con su inclusión en la economía, la búsqueda de mejores condiciones de vida y el reconocimiento como ciudadanos; derechos conculcados en medio de legislaciones migratorias adversas, para unos y la situación de desarraigo provocada por el desplazamiento, para otros.

El movimiento de desplazados está haciendo esfuerzos para trascender las fronteras nacionales y lograr su visibilización y reconocimiento internacional incursionando en escenarios internacionales como, por ejemplo, en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en donde han tenido la posibilidad de denunciar la situación de desprotección que afrontan y solicitar la intervención de las agencias de Naciones Unidas que tienen mandato específico en el tema de derechos humanos y desplazamiento, para que insten al gobierno nacional a cumplir con los estándares internacionales en la materia.

En el mes de noviembre de 2007 realizaron un Tribunal Internacional de Opinión, en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, buscando una condena ética al estado colombiano por su responsabilidad por acción y omisión en el delito de desplazamiento forzado, considerado como un crimen de lesa humanidad y tipificado como delito en el ordenamiento jurídico colombiano.

Los jueces profirieron la siguiente sentencia: Oídos los testimonios, verificadas las pruebas aportadas por las víctimas, sopesadas y contrastadas con los expertos, condenamos por acción directa y por conductas omisivas, respecto del desplazamiento forzado de casi cuatro millones de colombianos y colombianas a:

1. El Estado y el gobierno colombiano y sus agentes a saber: funcionarios públicos administrativos, miembros de las fuerzas armadas y de policía, jueces y funcionarios judiciales parciales, miembros de lo servicios de inteligencia del Estado, militares y paramilitares, funcionarios de la procuraduría, defensoría y personeros, por conductas omisivas o cómplices del Delito de Desplazamiento forzado.

2. A las compañías multinacionales arriba mencionadas que, como operadores de la imposición de un modelo económico que garantiza el saqueo de recursos naturales de propiedad de la nación, utilizan a militares y paramilitares, mercenarios, miembros de la policía y de los servicios de inteligencia del Estado, como agentes del desplazamiento forzado. Garantizan con este Delito de Lesa Humanidad el copamiento de las zonas donde se generan megaproyectos para el exclusivo beneficio de estas compañías. Denunciamos también en tanto que cómplices de los varios tipos de desplazamiento a miembros del establecimiento colombiano como ganaderos, terratenientes, industriales, narcotraficantes, las instituciones financieras y los bancos.

3. A los gobiernos de países como Estado Unidos, Canadá, Inglaterra, Suiza, España, Israel, Sudáfrica y la Unión Europea por proporcionar ayuda militar a los gobiernos de Colombia, por permitir que compañías multinacionales de estos países financien directamente las operaciones militares y paramilitares, que desplazan a millones de colombianos y colombianas para “garantizar” la operación de estas en el territorio nacional.

Este fallo aunque no es vinculante jurídicamente, dado el carácter ético del Tribunal, refleja la intención(19)de las organizaciones de desplazados de buscar escenarios internacionales de justicia ante la inoperancia del estado en materia de prevención, protección y restablecimiento socioeconómico y la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral(20).

El Tribunal reconoció la legitimidad de la población desplazada como sujeto de derechos y actor político válido, que merecía la intervención de un mecanismo internacional alternativo en la búsqueda de justicia. Es inobjetable que poder llevar a un escenario internacional al estado colombiano como responsable del desplazamiento forzado, para que sea juzgado y lograr que sea condenado políticamente, evidencia la decisión del movimiento de desplazados de librar una lucha jurídica y política por sus derechos. Castells, al respecto, señala que un movimiento social se caracteriza por sus “...acciones colectivas conscientes cuyo impacto, tanto en caso de victoria como de derrota, transforman los valores y las instituciones de la sociedad”(21).

Aunque no puede afirmarse que el movimiento de desplazados haya logrado transformar valores e instituciones respecto del tratamiento a la problemática del desplazamiento forzado, hay que reconocer que adelantan una labor política sistemática para lograrlo y, en alguna medida, lo han conseguido en algunas instituciones como la Corte Constitucional, que ha mostrado un evidente interés y compromiso en la superación de la problemática del desplazamiento forzado al expedir la Sentencia T 025, que declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de política pública sobre desplazamiento forzado, y reservarse la competencia para hacer el seguimiento a las órdenes impartidas. Esta actuación de la Corte estuvo precedida y motivada por el uso intensivo de acciones de tutela por parte de las organizaciones de desplazados, como parte de su estrategia jurídica de exigibilidad de derechos.

Dadas las dimensiones trágicas de la crisis humanitaria en el país, las víctimas del conflicto han dado nacimiento a un nuevo movimiento social. La persistencia de un conflicto estructural, como el colombiano, crea las condiciones para su perdurabilidad temporal y su ampliación espacial. Tal situación ha llevado a las organizaciones de desplazados a dotarse de herramientas políticas y organizativas para lograr su estabilidad y sostenibilidad. Han pasado de contar con un simple registro en la Cámara de Comercio u otorgamiento de personería jurídica ante una autoridad competente, que les da cierta formalidad para poder interlocutar con el estado en procura de atención humanitaria y estabilización socioeconómica, a formular planes de trabajo de alcance estratégico; diseñar estrategias de exigibilidad política, jurídica y social de derechos; definir reglas internas que aseguren la participación y la democracia interna; adherir a plataformas de la sociedad civil más amplias para visibilizar sus reivindicaciones en el marco de acciones conjuntas con otros sectores sociales.

Aún es prematuro predecir cuál será el futuro del movimiento de la población desplazada.Su escenario de actuación es fundamentalmente urbano sin embargo aún no se constituye claramente como un movimiento urbano. Oscila entre sus objetivos de retorno a sus tierras y territorios y restitución de derechos y la realidad del conflicto colombiano que se los impide y los obliga a permanecer en las ciudades; obligándolos a luchar por la formulación y concreción de políticas de reubicación e integración urbana que les permita lograr un nuevo arraigo social, económico, cultural y geográfico. En este último escenario los desplazados han ido generando espacios de actuación social y política que los perfila como actores sociales importantes en las luchas urbanas. Desde su particular situación y sus intereses específicos continuarán reclamando espacio social en las ciudades, reconocimiento como ciudadanos, atención como sujetos de derechos y contribuyendo como sujetos políticos en el impulso de agendas más amplias de la sociedad civil.

El desarraigo les ha traído consigo el debilitamiento de sus identidades originarias como clase social o étnico-cultural; resisten y persisten en mantenerlas, pero la realidad y las circunstancias del conflicto colombiano les ha impuesto una nueva identidad: ser desplazados. Identidad que no desean, pero que los convoca y los une en tanto sujetos de derechos y en el propósito de recuperar sus identidades sociales y culturales, así como sus tierras y territorios usurpados; mientras tanto actúan como un movimiento urbano en busca de integración y arraigo.


NOTAS:

(1) Manuel Castell. La Ciudad y las masas. Pág. 79. Alianza editorial 1983
(2) Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
(3) Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(4) Un movimiento social es “Un actor colectivo movilizador, que promueve y desarrolla acciones colectivas a partir de la construcción de una identidad colectiva, para alcanzar determinadas metas consistentes en originar, evitar, o anular cambios sociales fundamentales, conformando y utilizando una red de interacciones solidarias entre una pluralidad de individuos, grupos y organizaciones, que mantiene cierta continuidad a lo largo del tiempo.” Jordi M. Monferrer Tomás. Movimientos Sociales y Tercer Sector. Pág. 382. Pearson Educación. 2006.
(5) “Llamamos comunidad a una relación social cuando y en la medida en que la actitud de la acción social (en el caso particular, por término medio o en el tipo puro) se inspira en el ´”sentimiento subjetivo” (afectivo o tradicional) de los partícipes de constituir un todo”. Max Weber, Economía y Sociedad. Para efectos de nuestro análisis nos interesa resaltar el sentimiento subjetivo de constituir un todo, con el fin de enfrentar la situación de desprotección provocada por el desarraigo.
(6) Bourdieu define las clases sociales como “conjuntos de agentes que ocupan posiciones semejantes y que, situados en condiciones semejantes y sometidos a condicionamientos semejantes, tienen todas las probabilidades de tener disposiciones e intereses semejantes y de producir, por tanto prácticas y tomas de posición semejantes”. Aunque no se puede caracterizar la población desplazada como una clase social, para efectos de entender su identidad como víctimas y sujetos de derechos, la definición de clases sociales de Bourdieu nos da pistas.
(7) Agrupadas en el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población desplazada, SNAIPD. Título II de la Ley 387 de 1997
(8) El decreto 250 de 2005 establece que “Se conformará y fortalecerá una Mesa Nacional de Organizaciones de Población Desplazada, con el propósito de hacer seguimiento y evaluación a la política de atención integral a la población desplazada, además de generar espacios, procesos de participación efectiva y oportuna en las instancias de coordinación bajo el principio de intervención de la responsabilidad compartida”.

(9) La Corte Constitucional mediante la Sentencia T 025 de 2004 declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de política pública sobre desplazamiento reservándose la competencia para el seguimiento al cumplimiento de las órdenes emitidas en la sentencia. Luego de varios Autos de seguimiento se ha constatado que se mantiene tal estado de cosas inconstitucional. Incluso la Corte en uno de los autos solicitó a un Juez Civil contemplar la posibilidad de iniciar un incidente de desacato contra varios funcionarios, ante el incumplimiento de las órdenes. Siguiendo a Bourdieu, aquí se configura un campo de lucha por capital jurídico, que la población desplazada aspira que se convierta en capital económico y social que contribuyan a superar la precariedad de sus condiciones de vida.
(10) Los tres rasgos que conforman esos marcos, potencialmente impulsores de una decisión de movilización, son los siguientes. Sentimiento de que algo injusto está ocurriendo y de que hay alguien culpable de esa injusticia; sentimiento de que esa injusticia recae sobre un colectivo con el que el individuo se siente solidario, de que existe un “nosotros”, una identidad colectiva, violada por esos “otros” culpables; y finalmente, sentimiento de que es posible, en una movilización colectiva, vencer –juntos- esa injusticia. Y por lo que se refiere al primer rasgo –el sentimiento de injusticia con sus correspondientes culpables- éste surge a partir de otras tres posibles circunstancias. Viven de una desigualdad ilegítima grupal, daños o agravios colectivos inesperados y violación de valores o creencias compartidos. En determinadas circunstancias este descontento, debida y colectivamente enmarcado, se transforma en acción. ¿Cuándo? Anuario de Movimientos sociales. Una mirada sobre la red. Elena Grau y Pedro Ibarra (coord.). Icaria Editorial y Getiko Fundazioa. Barcelona, 2000.
(11) Touraine, Alain. Crítica de la Modernidad. 1985, p. 237.
(12) “Un movimiento social surge porque otras formas preexistentes -organizaciones- de solucionar ese conflicto no pueden llegar a él, no saben llegar a él o no quieren llegar a él. Surge, pues, porque existen carencias organizativas”. Anuario de Movimientos sociales. Una mirada sobre la red. Elena Grau y Pedro Ibarra (coord.). Icaria Editorial y Getiko Fundazioa. Barcelona, 2000.
(13) Se trata de ver por qué determinadas personas eligen la “forma” movimiento social para reclamar sus derechos y no otra forma, como por ejemplo un grupo de presión o un partido político. Se trata de ver por qué, en ocasiones, algunos conflictos se presentan a través de los movimientos sociales y cuáles son los contextos favorables que posibilitan que se ponga en marcha y permanezcan esos movimientos. Anuario de Movimientos sociales. Una mirada sobre la red. Elena Grau y Pedro Ibarra (coord.). Icaria Editorial y Getiko Fundazioa. Barcelona, 2000.
(14) Las OPD han sido protagonistas de la oposición al llamado Estatuto de Desarrollo Rural por considerar que es un instrumento que va a generar nuevos desplazamiento, crea las condiciones jurídicas para legalizar el despojo de tierras y obedece a los compromisos adquiridos por el gobierno de Uribe en el marco del TLC.
(15) Jordi M. Monferrer Tomás. Movimientos Sociales y Tercer Sector. Pág. 393. Pearson Educación. 2006.
(16) “La marginalidad urbana puede definirse como la incapacidad de la economía de mercado y de la política del Estado, para proporcionar alojamiento y servicios urbanos adecuados a una proporción creciente de los pobladores de las ciudades, incluida la mayoría de los trabajadores asalariados empleados regularmente, así como casi la totalidad de quienes obtienen sus ingresos en el sector “informal” de la economía”. Manuel Castell. La Ciudad y las Masas. Página 261.
(17) “En la sociedad contemporánea, los movimientos de protesta urbana parecen surgir y polarizarse en torno a tres temas fundamentales: 1) Las demandas centradas en el consumo colectivo, esto es, los bienes y servicios directa o indirectamente proporcionados por el estado. 2) La defensa de la identidad cultural asociada a un territorio concreto organizada alrededor del mismo. 3) La movilización política en relación con el gobierno local”. Manuel Castells. La ciudad y las masas. Página 23. Al menos en el primer tema se circunscribe el reclamo y la protesta del movimiento de desplazados por acceder a bienes y servicios sociales.
(18) “Un movimiento urbano puede ser un instrumento de integración social y de subordinación al orden político existente en vez de un agente de cambio social”. Manuel Castells. La ciudad y las masas. Página 274.
(19) Al respecto Weber define la acción social como “una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por esta en su desarrollo”.
(20) Siguiendo a Weber podemos decir que existe aquí una acción con arreglo a fines.
(21) Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura. El Poder de la Identidad. Vol. 2, Alianza Editorial, España 1997, p. 25.


BIBLIOGRAFIA

1. Castells, Manuel. La ciudad y las masas. Sociología de los Movimientos Urbanos. Alianza Editorial.
2. Castells, Manuel. Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura. El Poder de la Identidad. Vol. 2, Alianza Editorial, España 1997.
3. Weber, Max. Economía y Sociedad
4. Jordi M. Monferrer Tomás. Movimientos Sociales y Tercer Sector. Pearson Educación. 2006.
5. Grau, Elena e Ibarra, Pedro. Anuario de Movimientos sociales. Una mirada sobre la red. Icaria Editorial y Getiko Fundazioa. Barcelona, 2000.
6. Documentos políticos de las Organizaciones de Población Desplazada.